Seis días pasaron del año 2020 sin víctimas mortales por la violencia de género. Mónica Linde y su hija de tres años fueron asesinadas por su expareja y padre en la mañana del Día de Reyes del año pasado, en su domicilio de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Fue la primera de una lista que cada año se pone a cero, pero que acumula ya más de 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando comenzaron los registros oficiales. El año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus y las restricciones, cerró con 45, la cifra más baja de la serie. ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? ¿Cómo ha afectado la emergencia sanitaria a las víctimas?
Aunque la explicación no es simple -no es una ciencia exacta y los factores que intervienen en esta realidad nunca son monocausales-, las expertas apuntan a algunos elementos que han podido influir. En primer lugar, esto no significa que haya habido menos violencia machista, al contrario, las circunstancias han favorecido otros tipos más invisibles, fundamentalmente la psicológica y de control, coinciden las voces consultadas. Ello, junto a la imposibilidad de salir del hogar, ha servido a los agresores para perpetuar la dominación en la que basan su relación agresiva: “Las víctimas han sido uno de los colectivos más vulnerables al permanecer encerradas con ellos. Al contrario que para el resto de la población, su casa no era un refugio, sino un lugar peligroso para ellas”, explica Bárbara Zorrilla, psicóloga especializada en violencia de género.
La evolución de 2020 en las cifras de asesinatos machistas está marcada por los meses del confinamiento estricto y las limitaciones posteriores: entre abril y julio –el estado de alarma se acordó a mediados de marzo–, fueron asesinadas ocho mujeres, mientras que la media de los cinco años anteriores es de 18. Es la cifra más baja en estos cuatro meses desde que hay datos. Sin embargo, el año no arrancaba así, y en enero y febrero, antes del coronavirus, hubo 13 víctimas mortales. “Veníamos de unos años de incremento progresivo hasta 2019 y en esos dos primeros meses de 2020 la tendencia creciente continuaba”, señala Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Aunque hablamos de diferencias que estadísticamente no son muy significativas –la anterior más baja fue 2016, cuando hubo 49 asesinatos– las expertas sí creen que hay elementos este 2020 que merecen un análisis detallado.
Para Lorente, los datos evidencian “que los agresores han contado con la complicidad del confinamiento para conseguir controlar, retener y someter a las mujeres”. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el objetivo de la violencia de género “no es el daño por el daño”, sino que “lo que busca es controlarla, dominarla y someterla a los dictados que él impone a partir de elementos sociales y culturales”. En las circunstancias de encierro y restricción de movilidad, hay más posibilidades “de que ese objetivo se vea cumplido sin necesidad de recurrir a una violencia añadida” que puede traducirse en el asesinato.
Lo mismo cree la abogada especializada en violencia machista Nerea García Llorente, para la que, partiendo de que “la violencia es el medio, nunca es el fin”, es probable “que la violencia física haya sido menos necesaria porque el sometimiento, el aislamiento y la limitación de movimientos ya estaban conseguidas por el propio contexto”.
Durante estos meses ha habido menos influencia de uno de los elementos que disparan el riesgo y que, en muchos casos, es detonante del asesinato, que es cuando la mujer advierte o materializa la ruptura abandonando el hogar o denunciando. Es decir, precisamente cuando el agresor pierde el control o percibe que lo pierde. Pero las posibilidades reales de salir de casa durante el confinamiento han sido más escasas que en una situación normal. En el segundo trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se interpusieron un 14% menos de denuncias que un año antes, la mayor caída de la serie histórica.
A ello hay que sumarle la crisis económica, que merma la autonomía y toma de decisiones para abandonar relaciones violentas, advierten las expertas. Las mujeres, añade Zorrilla, “han permanecido junto a sus agresores, sin poder huir, con menos apoyo del entorno, con más dificultades económicas... La reacción de la mayoría ha sido el sometimiento para evitar esa violencia, así que el objetivo de los agresores se ha cumplido”.
La violencia no ha desaparecido
Muestra de que la violencia ha seguido estando presente son los registros del teléfono 016 y el chat de apoyo emocional vía Whatsapp puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad: solo entre marzo a mayo, las atenciones escalaron un 41% respecto al mismo periodo del año anterior; fueron 20.732 llamadas, frente a las 14.662 de 2019. También las peticiones online se multiplicaron, y el chat recibió 2.038 consultas desde que empezó a funcionar el 21 de marzo. Es decir, a medida que las denuncias en los juzgados mermaban, se incrementaban las demandas de ayuda o información.
Desde el Ministerio de Igualdad apuntan a que las cifras “revelan que la pandemia y las medidas derivadas del confinamiento han permitido a los agresores ejercer otro tipo de violencia”, precisamente, la psicológica y de control “con graves consecuencias para la salud mental de las mujeres y de sus hijos e hijas”, señalan fuentes del departamento, que ven “un buen dato” en el descenso de los asesinatos, pero que toma “con cautela”. Este tipo de maltrato, que se basa en controlar el comportamiento de las víctimas y acaba por aislarlas, se ha visto recrudecido con el encierro y la reducción de la movilidad, cuando la vigilancia ha sido estricta y más constante. “Los feminicidios son la punta de un iceberg de otras violencias sistemáticas y normalizadas que enfrentan diariamente millones de mujeres”, añaden las mismas fuentes.
Las manifestaciones de maltrato psicológico que detectan las expertas se ha producido porque “las mujeres han quedado a merced de los agresores, que han visto el camino despejado para desplegarlo”, ilustra Zorrilla. “Muchas mujeres han teletrabajado, en casa, otras no podían salir ni siquiera a llevar y recoger a los menores a los centros escolares, sus redes de relación y desahogo se han anulado, y en los casos en los que los maltratadores han dejado de trabajar fuera, han estado constantemente a su lado, invadiendo los pocos espacios que antes podían rescatar, por lo que el control y el acoso se han disparado”, añade. La abogada Nerea García apunta, además, a que esta violencia “ha podido ser más grave en los casos en los que hay criaturas. Si hay convivencia, mediante la amenaza de hacer daño a los hijos, si no, mediante la custodia”. En 2020, tres menores fueron asesinados por violencia machista.
Lorente ha explicado el tema en un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal el pasado mes de mayo, en el que hace referencia a cómo “el confinamiento crea las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien”. Según sus conclusiones, hay varias investigaciones que demuestran que “se trata de una situación habitual tras una catástrofe o desastre, y que los agresores aprovechan las circunstancias en las que se produce una limitación de la movilidad para incrementar la violencia sobre las mujeres”, argumenta mencionando estudios realizados tras el terremoto de Haití de 2010 o el tsunami de Japón de 2011.
La acumulación del riesgo
“Las mujeres nos han hablado de violencia psicológica, de control y de violencia sexual. Y si el maltratador considera que estas formas de violencia le sirven para mantener el desequilibrio de poder, no sigue aumentando. Esto no significa que no haya peligro, siempre que hay violencia, hay riesgo”, resume Zorrilla, que incide en que precisamente ese riesgo puede incrementarse “cuando cambia la dinámica de dominación-sumisión”. Es lo que Miguel Lorente, también profesor de la Universidad de Granada, llama la “acumulación del riesgo”, a la que reclama prestar atención, y que se da cuando “los factores que evitan la agresión más grave, cambian”. Es decir, cuando el escenario se modifica y hay una pérdida de control, bien sea “real o percibida por el agresor”, el riesgo “aumenta”.
El experto considera que esto es precisamente lo que hay detrás de la cifra registrada en agosto, cuando tras los meses de menos asesinatos, hubo ocho víctimas mortales, frente a las 4,8 de media de los últimos cinco años. “Ocurrió algo parecido con la crisis económica. A partir de 2011 hubo una disminución de las separaciones y divorcios. Cuando las circunstancias cambian y las mujeres perciben que la denuncia o la salida de la relación es una opción válida, vuelve la percepción del agresor de pérdida de control”, añade. Nerea García, por su parte, coincide en que “en algunos recursos de atención se está viendo un repunte de casos”. Las denuncias, según los últimos datos, relativos al verano, siguen en descenso respecto a 2019, pero la diferencia se ha acortado en gran medida.
¿Y qué pasa en la situación actual? Aún no hay datos de la actividad en los juzgados durante el último trimestre del año, pero de septiembre a diciembre el número de víctimas mortales se ha situado en diez, menos que la media desde 2015, pero una cifra más parecida a la habitual. “A partir de septiembre aumentan los casos de coronavirus, hay segunda ola y la percepción de crisis económica se incrementa. Yo creo que aún estamos bajo esta continuidad de falta de oportunidades de las mujeres para salir de las relaciones, lo que como decimos se acompaña de un mayor control y violencia en el ámbito de la pareja”, esgrime Lorente, que insiste en la necesidad de “adoptar una estrategia proactiva, de definir protocolos y estrategias para materializarla”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad apuntan a que “el compromiso” del Gobierno durante este año se basa en “seguir reforzando los dispositivos y servicios de acompañamiento para las mujeres que pueden y deciden romper el silencio. No solo que desciendan los feminicidios y alcancemos la cifra 0”, sino que las políticas públicas implementadas hagan que “las mujeres confíen en las instituciones y así acompañarlas en su camino y derecho a vivir una vida libre de violencia”.