Es una victoria más moral que otra cosa, pero victoria a fin de cuentas, y en un mundillo opaco que rara vez se deja derrotar. El investigador Jacobo Abellán denunció a su director de tesis por abusar laboralmente de él y aprovecharse de su trabajo. Ganó. Como la denuncia fue ante su universidad y no judicial, no tuvo más consecuencias que la satisfacción de saber que tenía razón, y de que el centro lo reconociera. También consiguió que una revista en la que se publicó un artículo que era suyo pero no le firmaron admitiera que era un plagio y obligara a compensarle.
Abellán empezó su tesis en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por Michael Janoschka, en el año 2014, con un contrato de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia en la facultad de Derecho en la especialidad de Estudios Urbanos. Al poco de empezar la tesis, su director le propuso hacer una serie de proyectos para el Ministerio de Economía. Abellán aceptó. “Me presionaba más para hacer sus proyectos que mi propia tesis. Aceptas y callas por las presiones a la hora de publicar papers y el reconocimiento necesario en la carrera de investigador”, relata vía telefónica una situación que muchos investigadores han vivido en sus carnes.
El problema llegó en 2018, cuando se le acabó el contrato FPI –duran cuatro años, lo que el ministerio considera se debe tardar en escribir una tesis– y comenzó a cobrar el paro. “Seguí haciendo su proyecto sin ni siquiera haber acabado la tesis”, bajo la promesa de Janoschka de que “le beneficiaría en el futuro”. Pasados los meses, el también geógrafo de la Universidad de Leipzig le ofreció a Abellán un trabajo en otro proyecto, esta vez remunerado. “Acepté de forma inocente. Tampoco podía negarme”, reconoce.
En junio tocaba cobrar. Correspondían entre 1.400 y 2.000 euros por el trabajo de los dos meses según especialistas en el sector, cuenta Abellán, pero le pagaron 490 euros “y en negro”. Fue demasiado para él y se quejó. Janoschka le ofreció 1150 euros —977 euros netos— por los dos meses. Abellán pidió que se le reconociese el trabajo del primer proyecto, pero pasó a ser ignorado. Explotó. “Empecé a tomar medidas”. Junto a miembros de la CGT organizaron un escrache a su director de tesis en un acto público en el que precisamente estaba dando una conferencia sobre uno de los proyectos en los que Abellán había participado, pero ni estaba citado ni tenían intención de hacerlo, cuenta Abellán.
Cuando el artículo salió publicado en 2020, lo denunció ante el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, que finalmente le dio la razón en un comunicado: “Estas malas prácticas han llevado al doctorando a un proceso muy duro de enfrentamiento que ha tenido serias repercusiones académicas y personales”, reconocen en el documento al que ha tenido acceso este diario.
La revista en la que se había publicado el proyecto, Urban Studies, también reconoció el plagio académico y obligó a los autores a disculparse y a reconocer a los autores en la sección de agradecimientos. Abellán acabó cobrando los 977 euros netos que le había ofrecido su director por uno de los dos proyectos. Ni Janoschka ni el equipo de dirección de la investigación tuvo ningún tipo de sanción, ya que el Comité de Ética no es un órgano punitivo ni un tribunal de Justicia. Este periódico ha contactado con Michael Janoschka para obtener su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.
“Fue error nuestro porque tendría que haber acudido ante el Tribunal de Justicia, pero me daban miedo las consecuencias”, asume Abellán. A día de hoy, este proyecto está denunciado por la UAM ante la jurisdicción laboral, tal y como señalan en un informe al que ha tenido acceso este diario. Por su parte, el joven investigador ha cambiado de director de tesis. Sigue en paro y la está acabando gracias a su ayuda familiar, pero cuenta que “prácticamente ha sido como empezar de cero”. Ocho años después.
Si bien la carrera investigadora es compleja en sí misma y el sistema científico español está considerado como “infradotado”, a esto se le suma “habitualmente” –como cuentan Abellán y otros muchos investigadores– la explotación laboral, sobre todo en los inicios. Es habitual que los doctorandos asuman labores de sus directores de tesis (dar clases, corregir exámenes, etc.) por el poder que estos acumulan, ya que ejercen a la vez como jefe para el investigador y como evaluador ante la universidad.
Esta situación también le ha sucedido a Sara—nombre ficticio— con su director de tesis. “He hecho un proyecto prácticamente entero: he escrito artículos, el trabajo de campo, las investigaciones… Y mi nombre va el último en la autoría, siempre por detrás de mis directores”, cuenta. “Mi director me mandaba tareas que él no quería hacer. Llevaba las redes sociales y hasta le ayudaba con los problemas del ordenador”, lamenta. Sara dice que se ha sentido como “la persona de los recados”, cuando ella estaba con un contrato de investigador.
Sara puso quejas ante el departamento de investigación. “Pero al final es como si en una fábrica te quejas tú solo ante los dueños de la empresa”, explica. Ella tampoco lo denunció ante la justicia. “Una vez lo haces no hay vuelta atrás y me daba reparo de cara a la tesis”. “Si te rebelas corres el riesgo de no entrar a la Universidad nunca, ni en tu departamento ni en ningún otro”, lamenta. “Recuerda a quien despiden de una empresa por estar sindicado”.
María, doctoranda en el área de Biología, tuvo un conflicto por acoso laboral. “Me machacaban constantemente”, relata. “Por la jerarquización se creen que estás a su servicio, no que estás trabajando de forma conjunta”. “Los choques se agravaron cuando planté cara. Creo que también tiene un sesgo de género”, critica. Tras esa situación de estrés constante, María decidió cambiar de director de tesis y comenzar, como Abellán, de cero.
Un agravio para la salud mental
Aunque la existencia de estas prácticas tengan un coste profesional, las fuentes consultadas señalan otro mayor: la salud mental. El artículo Prevalence and Related Factors among Spanish PhD Students, de la Universidad de Cambridge, refuerza esta idea, señalando que “los investigadores doctorales tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales que el resto de la población”. En el estudio destacan la situación alarmante de los doctorandos españoles.
Jacobo Abellán señala que su situación ha sido “algo muy duro”. “Ver que tu director te usa para su propio beneficio es muy negativo y te sientes maltratado”, reconoce. “Trabajamos mucho con la intención de que sirva en el futuro, pero sin certezas. Se naturaliza trabajar de diez a doce horas diarias”, lamenta María. “Te ves humillada y devaluada”, añade Sara.
Para Ermengol Gassiot, profesor universitario y también director de tesis, esto es un problema que ya sucedía antes. No obstante, “ahora empiezan a salir estos casos a la luz”. “Está claro que esta situación acarrea graves problemas mentales”, señala. “No hay ningún cuestionario de la universidad competente que lo plantee al acabar la tesis”. Él ve también un problema en la estructura del sistema científico en España. “Todo parte de un déficit presupuestario. La gente en posición de director de tesis reproduce lo que ha vivido. Muchas veces se trabaja con los recursos mínimos”, critica.
Gassiot afea que la falta de personal técnico y administrativo se desplaza a los jóvenes que preparan su tesis. “Seguramente el sistema universitario es consciente de que hay una parte del sistema académico científico en el Estado español que funciona gracias a la investigación de los investigadores predoctorales”, señala. “Se debe disminuir la jerarquía en la que los investigadores predoctorales son el escalafón más bajo y asumen tareas que no les corresponden. Su actividad es laboral por ley, no pueden hacer cualquier cosa”.
Abellán explica que “la trampa está en que como tienes que hacer carrera académica parece que hay que aguantar estas cosas”. “Que esto pase significa que el proyecto está mal planteado de raíz”, piensa María. “Lo peor de estas situación es que no es anecdótico y vemos cómo se reproduce estructuralmente. La investigación en España fomenta estas situaciones. No tener recursos lleva a la explotación laboral. Hay gente que sin mala intención acaba explotando”.
“No hace falta que hacer la tesis sea un proceso traumático”, valora María. “La academia de la ciencia es una máquina de explotar gente. Es un problema que, en primera instancia, necesita más denuncia colectiva y que nos asociemos. Los que hablamos somos los que lo hemos denunciado. Pero, ¿qué pasa con quien ya no quiere saber nada de la carrera investigadora?”, se cuestiona la bióloga.
Para el Ministerio de Universidades, “son las universidades las encargadas de velar por evitar este tipo de prácticas y comportamientos”. En lo relacionado con la financiación de los proyectos de investigación, recuerdan a Gobiernos pasados: “La situación actual viene dada por muchos años, tras la anterior crisis económica, en los que se hicieron recortes que han afectado a su funcionamiento”. Por su parte, desde la UAM destacan que actúan “con diligencia cada vez que se tiene conocimiento de posibles malas prácticas en la actividad investigadora”. “Se trata de procesos que requieren una investigación profunda y garantista, debido a la gran trascendencia que tienen para todas las personas implicadas”, subrayan en declaraciones a este diario.
Estas prácticas “incumplen la Ley”
Al alargar las jornadas laborales, y en proyectos que no le corresponden a los investigadores, los directores de tesis están incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 103/2019 que regula el contrato predoctoral, según explica Mireia Bazaga, abogada laboralista. “Deben denunciar ante el Juzgado de lo Social y la Inspección laboral para que se les remuneren esas horas”, explica la letrada.
Los predoctorales están reconocidos bajo un contrato con la forma jurídica de obra y servicio, por lo que existe una relación laboral. De hecho, costó años de protesta que estas ayudas pasaran de ser becas a contratos. Sin embargo, muchos se quejan de la dificultad de denunciar las prácticas abusivas porque en el contrato no están bien definidas las tareas y derechos que tienen los investigadores. Además, la tesis se continua muchas veces tras acabar el contrato, mientras se cobra el paro, como en el caso de Abellán. “Esto es un fraude de ley que tendría que acabar en un contrato indefinido. Como la situación de la ciencia es la que es, se permite”, denuncia Ermengol Gassiot.
“Todo son trazas muy amplias de 'colaborar y participar en tareas de investigación'. No hay objetivos concretamente definidos en el contrato” critica Sara. “Es la propia forma de los contratos FPU y FPI”, explica. Sí que hay unos códigos de buenas prácticas, pero “no se estipulan las medidas en caso de un abuso laboral”, expone. “Inspección de trabajo debería tener más trabajadores para poder actuar de oficio en caso como estos. Está infradotada. Los inspectores deberían ir más allá de las propias pruebas que aportan los denunciantes”, añade por su parte la abogada laboralista.
Sin ser lo mismo aunque se parezca en el espíritu, varias universidades han sido denunciadas por la Inspección por utilizar becarios para cubrir puestos administrativos que deberían ser estructurales, según Trabajo, aunque de momento la Justicia no les está dando la razón.
Para María, uno de los grandes problemas a la hora de denunciar estos casos es que a los doctorandos “les cuesta aún concebirse como trabajadores y no como becados”. En cuanto a las denuncias de Inspección Laboral, opina que “tardan mucho y es probable que no hagan nada porque parecen situaciones normales, pero no lo son”.
“Los investigadores están desamparados”, valora Ermengol Gassiot. “Se da una relación de poder entre el director y el investigador porque el primero tiene la capacidad de decidir la continuidad laboral del segundo”, explica. “Es muy difícil denunciar a tu director cuando necesitas su firma para continuar tu carrera profesional”, critica María.
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