Habían hecho planes de futuro, tras mucho darle vueltas decidieron que querían continuar sus estudios, pero el “no admitido” de vuelta a su solicitud ha sido un jarro de agua fría. Cada año la Formación Profesional (FP) se deja por el camino las pretensiones de miles de jóvenes en toda España porque la demanda supera la oferta, un déficit al que no es fácil ponerle cifras detalladas, pero que de cara al nuevo curso están ilustrando tanto la Comunidad de Madrid como Catalunya. Una vez cerrados los primeros procesos de solicitud, ambas comunidades arrastran una enorme bolsa de aspirantes a técnico medio y superior sin plaza.
Les ha ocurrido a Daniel e Irene Pérez, dos mellizos de 17 años que se han quedado de momento sin la posibilidad de cursar los estudios que deseaban: en el caso de Daniel, un Grado Medio de Automoción y en el de Irene, el Superior de Anatomía Patológica. Ambos, de Terrassa (Barcelona), tienen claro que su futuro laboral pasa por formarse, pero el sistema no se lo permite. Ser forense es el objetivo “desde pequeña” de Irene, dice la joven, y por eso volverá a intentarlo el año que viene, pero tras “la dedicación y el esfuerzo” que le ha puesto al Grado Medio en Enfermería que acaba de terminar, se siente “muy frustrada”.
La situación no es nueva, pero este año solo en Madrid, de los 32.952 aspirantes que han pedido alguno de los ciclos de grado superior ofertados en la pública, 17.976 han sido rechazados, según un estudio de CCOO, que ha recopilado datos del 89% de los 119 centros públicos de la región. En el grado medio, equivalente al Bachillerato, el sindicato denuncia que 6.938 estudiantes se han quedado sin plaza pública. En Catalunya, los cifra en más de 10.000. Datos revelados por La Vanguardia apuntan a que son unos 24.000 sumando las plazas públicas y privadas disponibles.
“Es un problema endémico, viene sucediendo desde hace mucho tiempo porque al aumento de las solicitudes, las administraciones no han respondido con una redimensión adecuada de la oferta”, explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Y eso a pesar de que el mercado laboral demanda puestos de trabajo que requieren estas cualificaciones y que España arrastra un déficit de técnicos medios y superiores en comparación con otros países de nuestro entorno. Los últimos datos muestran una tasa del 12% frente al 25% de la OCDE o el 29% de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la demanda no para de crecer. Y este año, tras la crisis de la COVID, con especial intensidad. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2019-2020 fueron 891.505 los estudiantes matriculados, un 18,6% más que cinco años antes. La FP está dejando atrás la imagen de descrédito que tradicionalmente ha llevado asociada, considerada la alternativa para los que no valían para estudiar, mientras que las tasas de empleabilidad de quienes se decantan por este itinerario formativo han demostrado que es una elección acorde con lo que piden las empresas. Y más lo será en el futuro, según las previsiones.
La privada no es una opción para muchas familias
Sin embargo, la escasez de plazas hace que miles de jóvenes como Daniel e Irene se queden en un limbo con pocas alternativas. Con dificultades para trabajar por edad y porque no tienen formación e imposibilidad de estudiar lo que desean porque no tienen plaza. “No te lo esperas y es un mazazo porque ellos están decididos y no les queda mucha opción más que buscar trabajo, pero tienen 17 años”, cuenta Noe, su madre. Daniel, que dejó el Grado Medio de Electromecánica al que se apuntó pensando que le gustaría, se encuentra ahora “sin formación y sin acceso a poder seguir estudiando lo que quiere”, lo que complica la situación. “Él no se lo creía, me decía 'es imposible mamá, ¿cómo no voy a poder estudiar?'”. Irene probará suerte en el mercado laboral como auxiliar de Enfermería y hará algún curso “para no dejar de lado los estudios” y lo intentará de nuevo el curso que viene.
“Les cambia la vida de una manera radical, porque supone que quedan desahuciados del sistema educativo”, lamenta Carmen Morillos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos. La opción que les da la Comunidad de Madrid, según la FAPA, es solicitar una beca para estudiar en centros privados, algo para lo que invertirá 18,5 millones de euros con el objetivo de “fomentar la libertad de elección”. Morillos no cree que sea una solución: “La beca no cubre todo y no te aseguran que te la vayan a conceder. Estamos hablando de entre 6.000 y 9.000 euros dependiendo del grado y la rama, pero hay familias que ni se lo pueden plantear, a las que incluso les cuesta llegar a fin de mes. ¿De qué libertad estamos hablando?”.
También Francisco García, de CCOO, incide en este “sesgo social”: “Es un elemento que favorece la desigualdad y quiebra la equidad. Si la oferta pública no lo resuelve, deja de lado a muchas personas que no se lo pueden pagar y eso repercutirá en sus posibilidades en el mercado laboral”. En el caso de Catalunya, los datos revelan que están saturadas ambas vías, pero en su momento Noe se interesó por las escuelas privadas para Daniel. “En general” no admitían más solicitudes, pero hubo una que le ofreció un Grado Medio, aunque de una rama que no le interesaba. Aún así, hizo cuentas, pero la única opción era pedir un préstamo. “Costaba 300 euros la matricula y algo más de 400 la mensualidad, y con una nómina de 1.100 euros era impensable pagar eso, además de que no era lo que él quería”, explica su madre.
La inyección económica de Educación: 200.000 plazas hasta 2024
En este escenario el Gobierno está inmerso en un plan de impulso de la Formación Profesional, para el que el Ministerio de Educación usará casi la mitad de los fondos europeos extraordinarios que le corresponden. Unos 2.000 millones de euros para modernizar la FP a través de la nueva ley que irá al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”, según fuentes del departamento, y también para contribuir a corregir el déficit de plazas. Parte de este plan ya se ha hecho efectivo y el objetivo marcado de crear 200.000 hasta 2024 “se viene anticipando”: entre el pasado y este curso son más de 120.000 las que ha financiado y puesto a disposición de las comunidades, junto a otras 4.000 acordadas este agosto vía crédito extraordinario de 15 millones.
Eso sí, fuentes de Educación recuerdan que “corresponde a las comunidades la planificación y oferta de las mismas” y que su inyección económica “debe complementarse con las que pueda crear cada comunidad”. A ello apunta Luis García Domínguez, director del IES Puerta Bonita, en Madrid, y presidente de la Asociación Nacional de Centros de Formación Profesional FP Empresa: “Para resolver la falta de oferta pública suficiente, teniendo en cuenta que hay muchas personas que no pueden pagarse una enseñanza privada, es clave que las administraciones planifiquen suficientemente, y no a un año vista. Formar a los profesores, contar con instalaciones y equipamientos y asentar la oferta en relación con las empresas del territorio no se hace en tres meses”.
A esto se suma la circunstancia de que hay determinadas ramas en las que tradicionalmente no se cubre completamente el cupo. No son la mayoría, pero mientras las relacionadas con sanidad, comercio y marketing o imagen y sonido afrontan una fuerte demanda, hay otras más difíciles de completar, como gestión del agua o fabricación mecánica. Por eso desde UGT piden un “plan de choque” para la FP en el que cobre una especial relevancia la inversión en orientadores en los centros educativos que guíen al alumnado, señala Maribel Loranca, responsable de Enseñanza del sindicato. “Actualmente las plantillas son muy escasas, te puedes encontrar con que tres o cuatro orientadores tienen que atender a 600 o 700 alumnos y eso es inviable”, recalca.
“Hay un hueco que debe cubrirse con información y orientación. Tenemos que hacer llegar a los alumnos de ESO y Bachillerato, y a la sociedad en general, que hay titulaciones que las necesita el sistema, tienen una alta empleabilidad y no se están demandando igual”, coincide García. El director apuesta también por “ofrecer incentivos” para que estas ramas alcancen un mayor atractivo: “Quizás reducción de tasas en aquellas comunidades que las mantienen, por ejemplo. Cualquier vía que vaya en el sentido de acercar estas profesiones al alumnado. La planificación también pasa por ahí”, concluye.