Juan Miguel Villar Mir se ha colocado a un paso de hacerse con el último gran negocio promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Ignacio González (PP). Su oferta para construir y gestionar la Ciudad de la Justicia madrileña ha adelantado a la propuesta de Florentino Pérez. La licitación apura los plazos para adjudicar, antes de que cambien los dirigentes de la Administración en dos semanas, un contrato de más de 1.000 millones de euros que las arcas públicas pagarán durante 30 años.
A González solo le ha quedado un contrato estrella por colocar en esta legislatura tras el fracaso de la privatización de la gestión de hospitales: los 1.448 millones euros presupuestados para la nueva Ciudad de la Justicia. Tanto el presidente regional como su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, están de retirada política: ninguno aparece en las listas electorales para el próximo 24 de mayo.
El primero fue excluido por el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el segundo no aspiró a un puesto tras ser apuntado por la trama Púnica. Pero ambos están a la cabeza de la licitación exprés por la que el Gobierno regional quedará comprometido a abonar un alquiler de más de 37 millones de euros anuales durante tres décadas a las contratistas que se ocupen de proyectar, construir y mantener los nuevos juzgados de Madrid.
Ambas han rebajado el precio
Al equipo de González le costó convencer a las constructoras de que pujasen. De hecho, se les concedió una prórroga de seis días (en plena Semana Santa) para presentarse. La unión de empresas vinculada a Villar Mir está compuesta por Acciona y OHL. La de Pérez junta a Ferrovial e Iridium. Las dos casi empatan en la oferta económica que han presentado a la Comunidad de Madrid: proponen cobrar algo más de 37 millones de euros cada año. Difieren en un 0,2% a favor de Pérez. Ambas le han rebajado el precio un 22% a lo ofrecido en el concurso. Prácticamente se han calcado.
Pero a Acciona-OHL se le han adjudicado más puntos en la calificación técnica “según criterios con juicio de valor”. Esto implica la revisión de las soluciones arquitectónica y urbanística del campus, la calidad de los materiales y la gestión de servicios de limpieza, seguridad, custodia de archivos o mantenimiento de edificios. Todo eso recaerá en manos del que se lleve el contrato. A Villar Mir le han otorgado 358,1 puntos frente a los 270,89 de su rival. El máximo eran 500. Con la diferencia en la oferta técnica, OHL barre“, analizan fuentes técnicas al revisar el expediente, que añaden: ”Era lo previsto“.
Así que, tras un par de retrasos en la apertura de ofertas “por el volumen de la documentación a valorar”, el 11 de mayo se publicó la convocatoria para abrir las ofertas económicas de los aspirantes. Un día después, el 12 de mayo, se rompieron los precintos. A los examinadores solo les queda evaluar el plan económico financiero para proponer a la Consejería de Justicia qué constructora contratar –ese apartado solo representa un 19% de toda la calificación–. Sin embargo, el calendario sigue corriendo para que otro inquilino entre en la Puerta del Sol, la sede del Gobierno regional.
Calculada a la baja
La Ciudad de la Justicia nace pequeña antes de ponerse ninguna piedra. Un estudio de Jueces para la Democracia analizaba que se hacía una “reserva [de espacio] insuficiente para albergar los juzgados de la Comunidad” en caso de ampliación. Algunos arquitectos que habían revisado el anteproyecto redactado por una consultora contratada por la Consejería de Justicia contaron a eldiario.es que los cálculos oficiales se quedaban “un 12% cortos”.
El documento de la Comunidad aseguraba que se tenía que incluir en 200.000 m todo lo necesario para trasladar los 356 órganos judiciales hoy dispersos por Madrid. La desviación implica que harían falta 24.000 metros más para dar cabida a las infraestructuras que exige el día a día en la administración de justicia. Si no, calculaban los técnicos, sería preciso reducir las dimensiones de todas esas dependencias. El proyecto estima que cada metro cuadrado construido cueste 800 euros. La diferencia de superficie supondría más de 19 millones de euros.