Unidos Podemos quiere que se modifique la normativa y se amplíe el plazo de prescripción de delitos de agresión y abuso sexual contra menores de edad. Esta es una de las medidas que han incluido en la proposición de ley de promoción del buen trato y erradicación de las violencias contra la infancia y adolescencia que presentarán este lunes.
Con esta normativa tratan de crear un marco integral para hacer frente a todos los tipos de violencia que sufren los menores: sexual, violencia machista, acoso escolar o maltrato familiar. Por su parte, el Gobierno también está trabajando en una Ley de Violencia contra la infancia que prevén remitir al Congreso en el segundo trimestre del 2019.
Unidos Podemos propone en este texto que la prescripción de los delitos contra la “libertad e indemnidad sexual” empiece a tenerse en cuenta una vez que la víctima ha cumplido los 30 años. En la legislación actual estos plazos empiezan a contar cuando la víctima cumple 18 años y la prescripción oscila en una horquilla de entre 5 y 15 años, dependiendo el tipo de delito y de si se aplican agravantes.
Por ejemplo, un delito de abuso sexual en el que el tribunal entienda que no hay violencia ni intimidación prescribiría a los diez años, es decir, a partir de los 28 años el demandante ya no podría denunciar. Es habitual que los órganos judiciales no estimen que hubo violencia e intimidación en este tipo de casos, puesto que la mayor parte de agresiones sexuales a menores son perpetradas por personas del entorno que no precisan de la agresión física para ejercer violencia.
Esta es una de las reivindicaciones más demandadas por las víctimas de delitos sexuales siendo menores de edad. La ONG Save the Children solicitaba en su última campaña que se aumente el plazo de prescripción en estos casos hasta que los denunciantes cumplan 50 años. Según datos de este colectivo, entre un 10 y un 20% de la población había sufrió abusos sexuales siendo niño o niña y la mitad de las denuncias por este delito en nuestro país tienen un menor como víctima.
Una vez que el grupo confederal registre este texto, la mesa del Congreso (en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría) debe decidir si lo admite a trámite. El Gobierno también podría presentar un veto si considera que la propuesta supone un incremento en el presupuesto. Si UP consigue la luz verde, se fijará fecha para su debate en el pleno y sí es aprobada pasará a la Comisión para la presentación de enmiendas. Finalmente, aprobadas estas enmiendas volvería a pleno para su votación definitiva.
Atención especializada 24 horas
Además, el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea incluirá en el articulado que presentará este lunes una línea de atención telefónica 24 horas al día, gestionada por un “equipo profesional” para apoyar situaciones de violencia con una especialización social, psicológica y jurídica.
El pianista británico James Rhodes, que fue víctima de abusos sexuales, ha reseñado en sus apariciones públicas la necesidad de que se amplíe el plazo de prescripción. “He escuchado a personas que han necesitado de 30 a 40 años para poder expresarlo”, apuntó en una entrevista en Catalunya Radio. Rhodes se llegó a reunir con el presidente del Gobierno para pedirle que reforme la ley y se “garantice la protección de la infancia”.
“Las huellas psicológicas, físicas y emocionales que dejan las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, según vienen demostrando varios estudios, hacen que tarden un tiempo considerable en revelarlos y, en su caso, denunciarlos”, reseñan desde el grupo confederal. Además, añaden que según distintos estudios los impedimentos para no interponer la denuncia “tienen que ver directamente con el hecho de que las víctimas sienten confusión, vergüenza, culpabilidad, auto-responsabilidad, represión y ansiedad”.
Para combatir esta situación, fuentes de Unidos Podemos confirman a eldiario.es que esta medida se incluirá en la Proposición de Ley Orgánica para la erradicación de violencia contra la infancia y adolescencia. Asimismo, consideran que “el límite mínimo de los 18 años es claramente insuficiente si se tienen en cuenta las barreras interpersonales y de dependencia que suelen darse a la hora de denunciar por la conexión que existe entre el agresor y la víctima de la agresión sexual”. Y aseguran que esta decisión ya está implementada en Alemania.
Apoyada en una PNL
Esta medida ya fue apoyada por unanimidad la semana pasada en el pleno del Congreso de los diputados en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Esquerra Republicana. A pesar del respaldo, esta medida no es vinculante y por ahora no se ha articulado. La diputada que defendió este proyecto, Carolina Telechea, reseñó en su exposición que en mayo de 2017 la comisión de Justicia ya aprobó la misma proposición. “Vista la inacción del gobierno ante aquel acuerdo, nos hemos visto obligados a volver a presentarlo hoy”, dijo.
El Gobierno también está trabajando en una Ley de Violencia contra la infancia. Según informó la exministra de Sanidad Carmen Montón en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hace un mes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé remitir al Congreso en el segundo trimestre del 2019 el anteproyecto que también recoge medidas para combatir el abuso sexual. Entre las medidas que ya tienen contempladas, anunció la creación de un registro oficial que permita conocer el número real de víctimas de esta lacra.