En medio de reformas económicas como la del mercado de trabajo, la de la energía o la fiscal u otras como la de la Ley de seguridad ciudadana, el Gobierno ha metido mano a todo el paquete legislativo que regula el medio ambiente español. Una “contrarreforma”, según lo califica Equo, que se ha empeñado en recopilar los “pasos atrás” que estas modificaciones han introducido.
Desde que el Partido Popular ganara las elecciones en 2011 y Mariano Rajoy formara gobierno, el Ejecutivo ha retocado diferentes leyes relacionadas con el entorno: la Ley de Costas, la de evaluación ambiental, la de Parques Nacionales, la de Montes y la de Biodiversidad. Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, todas han ido por un camino: “La intervención del Estado debe eliminarse, ya que es un obstáculo al mercado libre”.
Ley de evaluación ambiental
En abril de 2013, el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presentaba un anteproyecto de ley que recogía por primera vez la extracción de gas encerrado en el subsuelo mediante la inyección de agua a gran presión (el fracking) como proceso admisible y sujeto a evaluación ambiental. Detrás fue la falta de regulación en Europa y la batalla legal del Gobierno para que ninguna comunidad autónoma pudiera regular la actividad por su cuenta. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha sido la punta de lanza en este caso, dado que la competencia de minas cae en su departamento.
Además, el análisis de los ecologistas indica que se han “reducido los plazos para realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria a cuatro meses, prorrogables por otros dos más en casos justificados. En este sentido, suprime la
obligatoriedad del documento de alcance del estudio de impacto ambiental“. El articulado prevé también que una declaración de impacto ambiental pueda modificarse cuando las condiciones que se le impone al proyecto sean imposibles de cumplir.
Ley de Costas
Un real decreto derogó el año pasado el reglamento de desarrollo de la ley. El informe apunta que con esta medida “se ha reducido la protección del litoral de 100 a 20 metros”. De igual manera, se amplió el plazo de concesiones para edificaciones que ocuparan el dominio público en las zonas costeras. Las viviendas llegan a 75 años, los hoteles a 50 y los chiringuitos hasta los 30 años. “Se contabilizan unas 400.000 de estas instalaciones, de las que solo el 10% están regularizadas”, calcula el documento del partido verde.
Ley de Parques Nacionales
El texto se aprobó en diciembre de 2014. El Partido Popular trató de introducir en el Senado una enmienda de última hora al proyecto del Gobierno para ampliar los derechos de particulares (léase los cotos de caza privados) con fincas en parques protegidos. En la práctica, conlleva permitir cazar en estos parajes. Al final, esa prórroga se mantuvo aunque con fecha límite hasta 2020.
Pero, además, la ley, a juicio de Equo, hace que los parques nacionales “puedan convertirse en recintos de ocio”. Se permiten usos turísticos que, en principio, parecen poco compatibles con el objetivo de la máxima figura de protección ambiental: preservar ecosistemas valiosos lo más intactos posible.
En la idea de atribuir fuerza económica a cualquier actividad, esta reforma consagra que el Estado impulse “la colaboración público-privada que permita incorporar recursos financieros adicionales para la gestión de la Red de Parques Nacionales procedentes de la iniciativa privada y del sector empresarial”, según el artículo 30. Esto –explican– “permitirá que empresas privadas controlen los parques”.
Ley de Montes
Para comenzar el año 2015, el Consejo de Ministros aprobó su anteproyecto de modificación de la Ley de Montes. El propio Arias Cañete avisó de que trabajaba en la línea de permitir que se construyera en los terrenos quemados en incendios forestales antes de que pasara el plazo legal de 30 años para levantar proyectos de “interés general”. Así se ha establecido en el documento muchos meses después que el exministro abandonara su cargo, rumbo a una comisaría europea en Bruselas.
Por otro lado, esta ley disminuye la potencia de los agentes forestales como policía medioambiental. “Los delitos que vean tendrán que ser reportados a las administraciones de las que dependen” en lugar de poder acudir directamente a los fiscales o al juzgado. Para Equo, esto “reduce las posibilidades de investigación de los delitos ecológicos”.
Por último, para este partido, se ha “cedido” ante el sector cinegético al promover la Ley de Montes la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que “favorece la práctica de la caza y la pesca en la propia comunidad donde se obtuvo la licencia y en el resto de las comunidades”.