El paquete de medidas tecnológicas que prepara el Gobierno para combatir y analizar la expansión del coronavirus mantiene alerta a los expertos en nuevas formas de vigilancia y derecho a la privacidad. Ya la semana pasada, decenas de juristas e investigadores firmaron una carta para pedir a las diferentes administraciones una “gestión legal, ética y transparente de los datos personales” que se recojan a través de las apps destinadas a actuar en la crisis del coronavirus. Una de las mayores preocupaciones es qué pasará con esa información cuando pase la crisis y que esta caiga en manos de empresas privadas o data brokers.
Sin embargo, más allá de esa cautela de los expertos, en los últimos días se han difundido numerosas informaciones erróneas, entre la confusión y la manipulación, para acusar directamente al Gobierno de haber legalizado un sistema de vigilancia masiva digital con la excusa de la emergencia sanitaria.
La polémica surge a raíz de dos de esas medidas tecnológicas que llegaron a la vez al BOE el pasado sábado. Una es la app que el Gobierno prepara para ayudar a las comunidades autónomas a gestionar la pandemia, anunciada hace dos semanas. Otra es un nuevo estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar el movimiento de la población española antes y durante la cuarentena, como el que ya llevó a cabo en 2019 a partir de información anonimizada.
A pesar de que formen parte del mismo paquete de medidas y que aparecieran en el BOE el mismo día, la app y el estudio del INE no son asimilables. El propio BOE especifica que tienen propósitos diferentes, usan datos diferentes (la app geolocalizará al usuario con el GPS del dispositivo, mientras el INE utilizará los datos que suministran los operadores de telefonía sobre la conexión de los teléfonos móviles a sus antenas) y los responsables de los datos serán instituciones diferentes, públicas en los dos casos.
La extrema derecha ha aprovechado la situación para lanzar una nueva oleada de desinformación y manipulación. Se ha viralizado especialmente una publicación en Twitter de Macarena Olona, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, en la que confunde una medida con otra. Olona da un consejo para “evitar” esa geolocalización que no funciona para evitar que la app que prepara el Gobierno (ni ninguna otra) geolocalice al usuario. La crítica de la portavoz de Vox llega días después de que su grupo parlamentario presentara una PNL en el Congreso para exigir al Ejecutivo lo contrario de lo que critica: “el desarrollo de una aplicación informática similar a la de Corea del Sur [que geolocaliza a los ciudadanos] para hacer frente a la crisis del coronavirus”.
No obstante la confusión no se ha quedado en el terreno político, puesto que muchos medios de comunicación han hecho interpretaciones similares. La situación ha provocado que el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciara este lunes en rueda de prensa “el bulo” que asegura que la app se trata en realidad de un “sistema encubierto de localización a ciudadanos”.
Desde la Secretaria de Estado de Digitalización, que coordina tanto la app como el estudio del INE, recalcan a eldiario.es que ninguna de estas medidas servirá para vigilar si un ciudadano cumple o no la cuarentena. “Sería ilegal hacer ese seguimiento de la gente individualmente”, recuerdan.
Estas son algunas claves de cómo funciona esa aplicación y en qué consiste el estudio del INE:
Cómo funcionará la app del Gobierno
Su objetivo será servir de filtro previo a los teléfonos 900 de información sobre el coronavirus y ayudar a que las comunidades que aún no cuentan con una app propia puedan tener una alternativa digital para gestionar las consultas de los ciudadanos sobre la pandemia. El usuario podrá introducir sus síntomas en el sistema y realizar un autodiagnóstico. El Gobierno maneja este jueves como la fecha en la que podría tenerla lista.
Apps similares se han puesto en marcha en Madrid, Catalunya y País Vasco. Estas autonomías concentran los polos de innovación y las sedes de las principales empresas tecnológicas de España. Apoyadas en ellas, las tres han podido adelantarse y lanzar sus apps antes que el resto para atajar la emergencia sanitaria, especialmente grave en sus territorios. La de Madrid, por ejemplo, contó con la colaboración de Google, Telefónica, Ferrovial, Carto, ForceManager, Mendesaltaren y Goggo Network. Las de Catalunya y País Vasco también se han apoyado en actores privados de sus respectivas comunidades.
La app del Gobierno se inspira en la de Madrid, pero con una garantía de derechos digitales y protección de datos reforzada, explican desde la Secretaría de Estado de Digitalización. La política de privacidad de la app de la Comunidad de Madrid provocó, de hecho, una avalancha de críticas por la posibilidad de que los datos de los contagiados de coronavirus acabaran en empresas privadas y obligó a la administración de Isabel Díaz Ayuso a rectificar y mejorarla. En esa segunda versión 'CoronaMadrid' aclaró que la geolocalización “es recogida para entender dónde están los focos, con un fin estadístico” y no “para determinar si el usuario se encuentra en su domicilio”.
Evitar fallas de confianza como el de la app de la Comunidad de Madrid ha sido una de las cuestiones por las que el proyecto del Gobierno, que se está apoyando en Telefónica, se ha retrasado con respecto al de la capital.
¿Por qué pide la geolocalización?
Aunque la parte visible de la aplicación será la misma, cada comunidad que decida implantar la app del Gobierno como una alternativa más de su sistema sanitario gestionará la parte de atrás de forma individual. Ellas decidirán qué procedimiento adoptan si un usuario residente en su comunidad tiene síntomas: si le dirigen hacia un “punto seguro” desde el que le puedan realizar la prueba, a un hospital en concreto, o si le piden que espere en su domicilio la llegada de un operativo sanitario.
Por ello es necesario que la app cruce los datos del GPS del dispositivo desde el que se está realizando la prueba con la ubicación en la que el usuario declara estar, detallan desde la Secretaría de Estado. “La aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”, refleja el texto del BOE publicado el sábado.
Cualquier otro uso de los datos de localización de los ciudadanos, como analizar el impacto del virus en cada región, se llevara a cabo previa anonimización, aseguran desde la Secretaria de Estado de Digitalización. Es el mismo tratamiento de la información que lleva a cabo la app de Madrid.
En qué consiste el estudio de movilidad del INE
El Instituto Nacional de Estadística lanzará un nuevo estudio de la movilidad de la población “siguiendo el modelo emprendido” en el de 2019, “a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada”, especifica el BOE. Esto significa que el INE no tendrá acceso a información sobre dónde está cada ciudadano en cada momento, sino cuantas personas había en una zona concreta de España en un determinado momento, de dónde venían y a dónde fueron después, en forma de corrientes de población.
El Gobierno no ha especificado cuándo se llevará a cabo esa fotografía por parte del INE. El primer estudio recogió información de los desplazamientos de los españoles durante cuatro días laborales de noviembre (del 18 al 21); un domingo (el 24 de noviembre); un festivo, (25 de diciembre); y dos días de verano (20 de julio y 15 de agosto, también festivo).
Para ello dividió el territorio nacional en 3.200 celdas que contengan al menos 5.200 residentes y analizó aspectos como entre cuáles se mueven los españoles en el día a día, qué traslados son más comunes en vacaciones o cómo afecta la despoblación al mundo rural.
¿Por qué con datos de los operadores?
Los datos que sirven de base para este estudio son las conexiones de los teléfonos a cada antena de telefonía. Los principales operadores (Movistar, Orange y Vodafone) disponen de unidades negocio especializadas en vender este tipo de información a las empresas. Estas la usan, por ejemplo, para saber cuántas personas pasan por delante de una determinada valla publicitaria.
Lo que hizo el INE en su primer estudio es homogeneizar los datos que ofrecía cada operador y establecer una metodología de agregación. De esta forma la información de cada una se puede combinar con los de las otras dos para ofrecer una perspectiva de análisis que abarca al 80% de la población española que es cliente de sus servicios.
En el DataCOVID-19, el INE repetirá el estudio para “contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento”, refleja el BOE. “El objetivo es entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia”, añade.
Los datos de los operadores solo permiten conocer “cuántos móviles hay en un momento concreto y en un sitio concreto, conectados a la misma antena”, explican desde Vodafone. “No puedes saber si un mismo usuario ha estado a las seis de la mañana en un sitio y a las cuatro de la tarde en otro. Ni siquiera podemos decirte en qué parte de la celda está el dispositivo, solo que se está conectando a una antena determinada”, recalcan.