Internet está concebido como un espacio sin fronteras pero los países sí las tienen y eso agita su frágil equilibrio normativo a nivel mundial que, según los expertos, se ha visto sacudido de nuevo, tras el informe del comité independiente que asesora a Google sobre cómo aplicar el “derecho al olvido”.
A finales de año, las agencias de Protección de Datos europeas emitieron una declaración conjunta en la que pedían extender a los dominios “.com” la aplicación de la sentencia europea de mayo que obliga a los agregadores de noticias en Internet a desvincular de sus motores de búsqueda ciertos contenidos a medios que perjudican al demandante, algo conocido popularmente como “derecho al olvido”.
El Comité de asesores independientes de Google en su informe publicado la semana pasada ha manifestado sin embargo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no debería aplicarse más allá de los dominios territoriales de Europa.
Los dominios en Internet son esas extensiones de las direcciones en la red que identifican el territorio al que se vinculan los contenidos y cuya gestión está en manos de entidades locales específicas y no de los gobiernos; en España, por ejemplo, dependen de Red.es, del Ministerio de Industria.
En el documento del grupo de expertos que asesora a Google se recomienda limitar la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el “derecho al olvido” a los dominios locales europeos, como son “.es”, “.fr” o “.de”.
Según el catedrático José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y miembro de dicho grupo de expertos, Europa “se extralimitaría” legalmente si globalizara la sentencia del derecho al olvido“.
“Si extendiésemos el derecho al olvido a los dominios ”.com“ desde Europa se estaría condicionando el alcance de esta normativa fuera de sus fronteras”, ha advertido el experto, que además es director de la cátedra Google CEU sobre privacidad y protección de datos.
Por el contrario, el abogado del español Mario Costeja, cuyo caso precisamente motivó que el Alto Tribunal europeo diera luz verde al llamado “derecho al olvido” en internet, al aceptar su exigencia de borrado de unos datos antiguos a los que vinculaba Google en el diario La Vanguardia y que le perjudicaban, ha dicho hoy a EFEfuturo que “cualquier interpretación” de la sentencia que excluya a ciertos dominios por no ser europeos “sería contraria a la misma”.
El responsable legal de Costeja, Joaquín Muñoz, del despacho Abanlex, ha comentado que, en su opinión, el hecho de que la sentencia exija que “la información sea ocultada del público en general” implica la automática inclusión no sólo de los dominios europeos “sino también del .com y del resto”.
Recuerda que, según la Justicia Europea, “incluso cuando el servidor físico de la empresa que trata los datos estuviera fuera de Europa, las normas europeas sobre protección de datos serían de aplicación a los motores de búsqueda si cuentan con filial o sucursal en un estado miembro que se dedique a la promoción y venta de espacios publicitarios para el buscador”.
Por su parte, también en declaraciones a EFEfuturo, el coordinador del Foro de Gobernanza de Internet en España, Jorge Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha advertido hoy de que la posible aplicación de la sentencia europea sobre el “derecho al olvido” también a los dominios “.com” tendría un alto coste para Google y “se enfrentaría a un problema serio”.
Ha explicado que “internet es global” mientras que los derechos de los ciudadanos son protegidos de forma nacional por sus respectivas legislaciones, que además difieren unas de otras a la hora de considerar ciertos derechos como fundamentales y eso provoca fricciones.
Por ejemplo, en Europa “se protege muchísimo” el derecho de expresión, pero también el de intimidad, mientras que éste último en países como Estados Unidos se considera de forma más relajada.
La ausencia de legislación global en Internet complica las relaciones entre países, ha añadido este exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que además ha ejercido cargos de responsabilidad en el Aula Fundesco y en la “Cátedra Broadnet-Sociedad de la Información” de la UPM. Amaya Quincoces Riesco