La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades de la Unión Europea están haciendo un seguimiento de la aplicación del “derecho al olvido” por parte de Google y estudian si la compañía se está extralimitando en su cumplimiento.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, ha explicado en una entrevista con Efe que Google tiene que cumplir lo que exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho al olvido, “pero no realizar otras actividades que no son necesarias”.
“La sentencia tiene un carácter vinculante, pero también un alcance limitado y no se puede, amparándose en ella, realizar un sobrecumplimiento”, ha sostenido.
La sentencia del TJUE dictamina que los ciudadanos europeos pueden exigir a los buscadores de internet la retirada de enlaces a informaciones que ya “no tienen relevancia ni interés público” y resulten perjudiciales para esas personas implicadas. La eliminación de esos enlaces sólo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados.
Google informó ayer de que entre el 29 de mayo, día en que se abrieron las solicitudes de petición al “derecho al olvido”, y el 30 de junio ha recibido más de 70.000 requerimientos de ciudadanos europeos, 6.000 de ellos de España. Es la compañía la que ha de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.
En los últimos días, Google ha informado a diversos medios de comunicación que ha retirado determinados enlaces de sus resultados de búsqueda.
“Google comunica a los editores, sean medios de comunicación o responsables de páginas web, que ha eliminado un enlace en un resultado de búsqueda porque una persona lo ha pedido y esa comunicación no está exigida por la sentencia, y la estamos analizando porque puede constituir una infracción adicional de la normativa de protección de datos”, ha dicho Rodríguez.
El director de la AEPD ha incidido en que la aplicación de la sentencia por parte de Google se encuentra en una “fase inicial” y que los organismos de protección de datos europeos están evaluando su proceder.
“Les diremos qué actuaciones no consideramos compatibles con la normativa de protección de datos y cuáles no son necesarias para dar cumplimiento a la sentencia porque parece que en esta fase inicial Google está realizando más actuaciones de las requeridas”, ha subrayado.
En este sentido, Rodríguez ha apuntado que, de darse un sobrecumplimiento o una extralimitación a la hora de aplicar el fallo, será responsabilidad de Google, quien tendrá que “explicar a las autoridades y los afectados por qué hace esas actividades”.
“Parece que en esta primera fase hay cosas que hay que pulir y que ajustar, pero estoy seguro de que si hay voluntad por parte de la compañía se va a llegar pronto a una fórmula para cumplir con la sentencia en sus términos”, ha agregado.
El responsable de comunicación de Google en Europa, Peter Barron, ha indicado en declaraciones a la BBC que se trata de un proceso “complejo” y que la compañía está aprendiendo a lidiar con él sobre la marcha, pero que tratará de hacerlo desde la responsabilidad.
El director de la AEPD ha afirmado que, de cumplirse la sentencia en sus términos, no habrá ciudadanos afectados por su aplicación, pero ha reconocido que si alguien se siente “perjudicado” tiene “todos los cauces procedimentales abiertos” para defenderse.