Los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) definen una parte cada vez más importante de la vida de los ciudadanos. Son claves en todos los aspectos de la sociedad digital, automatizan las administraciones públicas e intervienen en un número cada vez mayor de industrias de todos los sectores. Sin embargo, su aparente equidad matemática puede esconder sesgos sexistas, racistas o de clase, así como suponer graves problemas de privacidad o adicciones. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, presentada por el presidente Pedro Sánchez este miércoles, es potenciar el desarrollo de esta tecnología en España respetando “un marco ético normativo que refuerce nuestros derechos y libertades individuales y colectivos”.
El Gobierno espera convertir a España “en un actor líder” en la regulación de una IA “inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía”. Para ello ha destinado a este plan 600 millones de euros en el período 2021-2023, de los que unos 330 millones están incluidos en los nuevos presupuestos para el año que viene, que ya cuentan con los votos necesarios para su aprobación este jueves en el Congreso.
La nueva Estrategia presentada hoy se ha redactado bajo el asesoramiento de un grupo de expertos del ámbito científico, económico y académico. Su elaboración ha sido uno de las aspiraciones de Sánchez desde que tomó el testigo de Mariano Rajoy tras la moción de censura, aunque se vio notablemente retrasada por la convocatoria de elecciones en abril de 2019 –y su forzada repetición, en noviembre del mismo año– primero, y por la pandemia, después.
El documento tiene 30 medidas agrupadas en seis ejes estratégicos. El primero y el que recibirá una mayor cantidad de fondos es el dedicado a impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el terreno de la IA. Está dotado de 275 millones de euros, lo que Sánchez ha calificado como “un paso muy importante en el respaldo financiero por parte del sector público” a esta tecnología.
El segundo y el tercero están dotados “tentativamente” con unos 42 millones de euros cada uno. Tienen que ver con las personas que deben investigar esta tecnología en España (“el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional y atraer talento global”, detalla la Estrategia) y con las plataformas de datos y las infraestructuras tecnológicas que deben darle soporte y surtirla de los datos que emplea para aprender y mejorar sus procesos.
El cuarto eje pretende integrar la IA en las industrias españolas que aún no incluyen esta tecnología y es el que está dotado con el segundo mayor presupuesto, unos 133 millones de euros. La automatización de la administración pública mediante algoritmos de Inteligencia Artificial, uno de los grandes objetivos de la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital que ocupa Nadia Calviño, es el quinto punto sobre el que gira la nueva Estrategia presentada este miércoles. A él se destinarán 100 millones de euros.
Por último, el sexto eje es la creación de ese “marco ético y normativo” que Sánchez ha colocado como uno de los puntos centrales de todo el plan del Gobierno para desarrollar la IA. A pesar de ello es el que menos recursos económicos recibirá, con unos ocho millones de euros. En este sentido, el presidente ha citado el avance que en su opinión supone el lanzamiento de la “carta de derechos digitales” que el Gobierno, también apoyado en un grupo de expertos, presentó recientemente. Esa carta, que en un principio no tendrá impacto legal, estará abierta a consulta pública hasta el 4 de diciembre.
Sánchez ha recordado que la IA y la Estrategia Nacional para desarrollarla en España son, junto a otros aspectos como el 5G o la ciberseguridad, uno de los puntos centrales del Plan España Digital 2025. Se trata de un paquete de medidas para la modernización del tejido productivo, de las telecomunicaciones y la capacitación digital de los ciudadanos en la el Gobierno espera invertir un total de 140.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados. Unos 15.000 millones de la parte pública saldrán de las ayudas europeas para la recuperación del coronavirus.