El Consejo de Ministras ha acordado contratar un sistema de protección contra drones que “amenacen edificios de altas instituciones del Estado” como el Congreso, el Senado o la Moncloa, así como “zonas de navegación aérea”, ha explicado este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. La ministra ha justificado la decisión en el aumento del uso de estas aeronaves no tripuladas y las “consecuencias peligrosas cuando se aproximan a infraestructuras críticas o difunden imágenes de zonas prohibidas”, recordando el caso del aeropuerto británico de Gatwick.
Este aeropuerto, situado al sur de Londres y el segundo más importante del Reino Unido por tráfico aéreo, acumuló casi 24 horas paralizado a lo largo de varios días en uno de los periodos de más actividad, cuatro días antes de la navidad de 2018, debido a la aparición de drones en las proximidades de las pistas. Unos aparatos sobre los que ocho meses después, sigue habiendo un gran número de dudas: nadie los reivindicó, nadie sabe cuántos llegaron a volar sobre el aeropuerto ni quién estuvo detrás, después de que la policía británica liberara sin cargos a los dos sospechosos que detuvo.
El suceso forzó la cancelación de 12.000 vuelos y obligó al Gobierno británico a convocar al Ejército para impedir el caos en el aeropuerto. “Lo que ha sucedido en Londres puede suceder en cualquier lugar del mundo”, confesó en entrevista con eldiario.es Carlos San José, vicedecano del Colegio de Pilotos de la Aviación Comercial: “Los drones son un grave riesgo para la seguridad, los pilotos estamos muy preocupados”.
En rueda de prensa, Celaá ha revelado que entre el 6 y el 17 de junio se detectaron en Madrid 117 vuelos ilegales de drones. El Gobierno ha presupuestado en 290.000 euros la contratación de este sistema para mantenerlos vigilados que, según ha especificado la ministra portavoz, permitará “la detección remota, identificación, seguimiento, monitorización y en su caso neutralización de aeronaves no tripuladas cuando supongan amenazas para edificios”: “Nos permitirá disponer de manera inmediata, rápida y eficaz de garantizar la seguridad ciudadana y en particular de edificios de las instituciones del Estado”.
El Ministerio del Interior ha explicado en un comunicado que el sistema se empezó a implantar a finales de julio y ya está operativo en algunos de los edificios que albergan a estas instituciones. Además, el sistema seguirá implantándose y en una segunda fase se extenderá a edificios como las prisiones, después de que la Guardia Civil solicitara contar con él tras detectar el uso de drones para introducir droga en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre.