El Gobierno y la Policía han desmentido oficialmente que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya sufrido un ciberataque. El periódico ABC había informado de ello a primera hora de este lunes, aludiendo a que la ofensiva había logrado acceso a “datos muy sensibles” del departamento de Análisis del organismo, que maneja información como las vidas laborales de los ciudadanos o documentación confidencial de las empresas. “Es absolutamente falso”, aseguran fuentes del Ejecutivo.
“Ningún departamento del Ministerio de Asuntos Económicos ha recibido el ataque mencionado ni se ha abierto investigación por parte de la Policía Nacional. Tampoco el diario ABC contactó con el departamento de prensa del Ministerio para contrastar la información”, recalca un comentario oficial del Gobierno. Minutos antes, fuentes del Ministerio del Interior ya habían desmentido que la Policía estuviera llevando a cabo una “investigación secreta” sobre el incidente, como asegura ABC.
“Todos los sistemas de ciberseguridad del Ministerio están activos y en vigilancia continua. El riesgo cero no existe y se deben extremar las cautelas antes los riesgos de Internet”, añaden desde el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño.
La información sobre este nuevo ciberataque que desmiente el Gobierno llegaba poco después de que se confirmara que una ofensiva informática tuvo acceso a los datos de medio millón de contribuyentes a través de los sistemas de la Agencia Tributaria, como reveló elDiario.es.
Aquel hackeo se llevo a cabo contra el Consejo General del Poder Judicial y permitió a los asaltantes infiltrase en el Punto Neutro Judicial. Se trata de una red de telecomunicaciones que conecta a los juzgados y otros órganos judiciales con el resto de instituciones del Estado, pero cuya gestión depende del órgano de gobierno de los jueces. A través de ese portal los ciberdelincuentes pudieron saltar a otras administraciones como Hacienda.
Según ABC, el ciberataque contra Economía habría sido otra derivada de la brecha de seguridad en el Punto Neutro Judicial, extremo que el Gobierno también desmiente.