El Gobierno ha presentado este miércoles una de sus propuestas más promocionadas de la legislatura. No es una reforma legislativa, un paquete de medidas administrativas o una herramienta normativa que los ciudadanos puedan utilizar para defender sus derechos. La “carta de derechos digitales” que ha firmado hoy Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la de Ciencia e Innovación, Diana Morant, es un documento que recoge una serie de compromisos políticos pero sin ningún impacto legal.
“Nos colocamos a la vanguardia mundial en la protección de los derechos de la ciudadanía”, ha afirmado Sánchez sobre la carta en un acto por todo lo alto en el Palacio de la Moncloa, pese a que de momento la iniciativa no supondrá ningún cambio para los ciudadanos, algo que ha reconocido el presidente: “La carta no tiene un carácter normativo. Peso eso nos sitúa ante una mayor responsabilidad porque somos nosotros los que nos hemos autoimpuesto este deber”.
“Su objetivo es proponer un marco de referencia para la actuación de todos los poderes públicos, no solamente del Gobierno de España”, ha explicado Sánchez. “La carta es una brújula”, ha abundado Calviño. “Una brújula que guíe nuestras propuestas jurídicas de futuro y asegure que los derechos y libertades de los que gozamos los españoles son iguales en el mundo offline que en el mundo online”.
En el documento se recogen nuevos conceptos como el seudonimato o las salvaguardas frente a las neurotecnologías. No obstante, otros derechos como la protección de datos, la no discriminación algorítmica, la desconexión digital, la protección de los mayores y de la infancia o el derecho a recibir una educación para el mundo virtual ya están recogidas en leyes consolidadas, algunas relativamente recientes. Una de ellas es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada en 2018.
Esta situación ya provocó numerosas críticas de juristas cuando el Gobierno sacó la carta a consulta pública el pasado diciembre, que se reproducen ahora en su versión definitiva.
“Es propaganda, un brindis al sol. Si se tienen que desarrollar derechos fundamentales que están en la Constitución, debe ser mediante una Ley Orgánica. Todo lo que no sea eso es algo inútil, porque es lo único que van a considerar los jueces”, explicaba entonces a elDiario.es el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en derechos digitales. “Sigo pensando lo mismo. Si quieren crear nuevos derechos digitales, que lleven un proyecto a las Cortes”, reafirma este miércoles.
Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión miembro del Stanford Center for Internet and Society, coincide con Almeida. “Es propaganda política. Es simplemente una declaración de intenciones, pero poco más. No es una declaración de derechos, porque si algo define a un derecho es la posibilidad de ser ejercido de forma efectiva”, explica a este medio. Es algo que además “puede generar la confusión del ciudadano” que piense “que esa carta de derechos digitales es ejercible frente a los tribunales cuando en realidad no es así”, avisa.
Barata, que ha asesorado al Consejo de Europa o la Organización de Estados Americanos, apunta además que es una “falsedad” que la carta coloque a España en una posición de referencia. “Hay otros países del mundo donde sí que existe una protección de derechos digitales de una forma efectiva juridicamente hablando. El hecho de que el Gobierno haya aprobado un papel en el que se proclaman una serie de cosas que no son ejercibles no nos sitúa en ninguna vanguardia internacional”.