La Justicia europea avala la multa de Bruselas a Google de 2.420 millones por abuso de posición dominante en una sentencia del Tribunal General de la UE conocida este miércoles en la que rechaza el recurso del gigante tecnológico. La Comisión Europea (CE) impuso en junio de 2017 a Google una multa de 2.420 millones de euros, la mayor dictada hasta aquella fecha por las autoridades de la Competencia de la UE contra una sola compañía, por abusar de su posición dominante como motor de búsquedas en internet al dar ventajas “ilegales” a su servicio de comparación de compras.
La multa, que Bruselas impuso al gigante tecnológico por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador, llegó tras un contencioso de siete años entre Bruselas y la empresa estadounidense.
En primer lugar, el Tribunal General concluye que, al favorecer su propio servicio de comparación de precios en sus páginas de resultados generales mediante una visualización y un posicionamiento más favorables, al tiempo que relega los resultados de los servicios de comparación de la competencia en esas páginas mediante algoritmos de clasificación, Google incurrió en prácticas contrarias a la competencia.
Además, el Tribunal General recuerda que existe abuso de posición dominante cuando la empresa dominante, mediante el recurso a métodos distintos de los que regulan la competencia normal, obstaculiza la competencia o el crecimiento de esa competencia, con una conducta capaz de restringir la competencia.
Sin embargo, el Tribunal General considera que la Comisión Europea no ha logrado demostrar que la conducta de Google haya tenido efectos anticompetitivos en el mercado de los servicios generales de búsqueda.
El Tribunal General también concluye que, si bien los algoritmos para la clasificación de resultados genéricos o los criterios para el posicionamiento y la visualización de los resultados de productos especializados de Google pueden representar mejoras de servicio favorables a la competencia, eso no justifica el trato desigual de los resultados del servicio de comparación de precios de Google y los resultados de los servicios de comparación de precios de la competencia. El Tribunal General considera, además, que Google no ha demostrado ganancias de eficiencia vinculadas a esta práctica que contrarresten sus efectos negativos sobre la competencia.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que la compañía de Mountain View (California) “no se limita a atraer clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores. Lo que Google ha hecho es ilegal según la legislación antitrust de la UE, pues ha denegado a otras empresas la posibilidad de innovar y de competir según sus méritos. Y lo que es más importante, ha denegado a los consumidores europeos una auténtica oferta de servicios y todas las ventajas de la innovación”.
“Cuando compras online quieres encontrar los productos que estás buscando de manera fácil y rápida y los anunciantes promocionarlos. Por esta razón Google muestra shopping Ads, con el objetivo de conectar al usuario con miles de anunciantes, pequeños y grandes, de una manera que sea útil para ambos”, subrayó Google.
La sanción, según Bruselas, se calculó en función del valor de los ingresos de Google derivados de su servicio de compras comparativas en los trece países del EEE [Espacio Económico Europeo] afectados“.
La vista por la multa de 4.300 millones
La vista en el Tribunal General de la Unión Europea sobre la multa de 4.300 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google en 2018 terminó el 1 de octubre, tras cinco días, a la espera de que se dicte la sentencia: la justicia europea deberá decidir sobre un caso que ha supuesto la mayor multa que ha impuesto Bruselas hasta la fecha.
El Ejecutivo comunitario acusa a Google de haber firmado acuerdos con fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes que le han permitido a través de Android mantener la posición dominante de su motor de búsqueda, informa Efe.
En concreto, la Comisión considera que desde 2011 fueron ilegales los contratos con los que la compañía obligó a preinstalar en los dispositivos Android el buscador Google Search y el navegador Google Chrome si los fabricantes querían vender los terminales con su tienda de aplicaciones Play Store.
Google compró Android en 2005 y, desde entonces, se ha encargado de desarrollar las distintas versiones de este sistema de código abierto.
Android no contiene ninguna aplicación preinstalada y, según Google, la mayoría de fabricantes quieren vender sus dispositivos con la Play Store para llegar a más clientes.
Ante el tribunal, defendió que a cambio de cederles la licencia de Play Store, obliga a los fabricantes a instalar Google Search y Google Chrome para obtener un rédito económico por diseñar un sistema operativo libre.
La Comisión rebatió el argumento, asegurando que la empresa no necesita fijar estas cláusulas porque ya obtiene miles de millones de dólares anualmente con Play Store.
Además, alegó que al tener ya un buscador instalado, los usuarios tienen menos incentivos para descargarse otro de la competencia, hasta el punto que en 2016, más del 95 % de las búsquedas en los dispositivos Android con Search y Chrome se realizaron a través del servicio de Google.
La empresa, sin embargo, argumentó que a diferencia de lo que defendió la Comisión, Android ha aumentado la competencia, en vez de reducirla.
Según su versión, ha diseñado un software que garantiza a los desarrolladores de aplicaciones móviles rivales que sus apps funcionen en todos los dispositivos Android, independientemente del fabricante.
Una situación que no ocurría a principios del siglo XXI, cuando los desarrolladores tenían que diseñar distintas versiones de una misma app para las diferentes versiones del sistema operativo Symbian que utilizaban fabricantes como Nokia, Ericsson, Samsung o Motorola.
Bruselas acusa también a Google de haber pagado a los fabricantes de dispositivos móviles para que no instalaran buscadores distintos al suyo.
Google se defendió argumentando que solo representaban un 5 % de su cuota de mercado, que finalizaron en 2014, antes de la imposición de la multa y que sus rivales podrían haber firmado contratos similares.
En su investigación, Bruselas estudió también si los dispositivos de Apple suponen una competencia real a los de Android y llegó a la conclusión de que no es así, en parte porque el precio de los primeros es superior al de los segundos y no son accesibles para una parte de los consumidores.
Google asegura que el 89 % de los entrevistados durante la investigación respondieron que Apple y Android “compiten intensamente”.
En total, la Comisión Europea ha impuesto a Google multas por valor de más de 8.200 millones de euros.