La justicia europea entra en juego ante la avalancha de cartas que llegan sin previo aviso a los domicilios de ciudadanos de varios países del Viejo Continente exigiendo una cantidad de dinero a cambio de no llevarlos a juicio por piratería. Será el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que decida si esta práctica, que afecta a varios miles de usuarios españoles, tiene encaje en el derecho de la Unión o supone un abuso.
Fue un juez belga el que pidió ayuda el pasado verano al TJUE ante las dudas sobre si Mircom, una empresa que compró a ocho productoras de EEUU y Canadá el derecho a reclamar indemnizaciones por violar el copyright de sus obras, podía exigir realmente tales pagos. El TJUE aceptó meses después la petición. Ahora, el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao reconoce que las cartas enviadas en España intentan explotar el mismo modelo, por lo que congela todos los procesos abiertos en la sala hasta que el TJUE se posicione sobre el asunto.
En opinión de David Maeztu, el abogado que defiende a la plataforma en la que se han agrupado unos 600 usuarios residentes en el País Vasco afectados por esta práctica, el posicionamiento de la jueza de Bilbao debería ser el mismo que el del resto de lugares de España a los que han llegado las cartas. “La recomendación sigue siendo la misma, aunque ahora con más motivo: no pagar”, aconseja.
Como adelantó eldiario.es, en septiembre usuarios de Madrid, Valladolid, Cádiz o Valencia vieron como un despacho de abogados les amenazaba con llevarles a juicio por piratería si no pagaban 400 euros por presuntas infracciones de copyright. En la misiva, el despacho denunciante anuncia que actúa en representación de una tercera empresa que ha detectado que el usuario en cuestión ha descargado ilegalmente contenidos cuyos derechos de autor posee. Para evitar un litigio judicial, los abogados exigen 100 euros en concepto de indemnización “por cada título ilícitamente compartido” y 300 más por “los gastos de investigación y reclamación”. En algunas ocasiones, las reclamaciones llegan a los 1.500 euros.
En España se han detectado dos empresas que están detrás de las cartas de los abogados: la estadounidense Voltage Pictures y la alemana Crystalis Entertainment. Esta última no es una productora audiovisual, sino que como Mircom, es una empresa dedicada a comprar a las productoras originales el derecho a reclamar indemnizaciones de copyright por el pirateo de sus obras.
Solo en el País Vasco, donde el envío de este tipo de cartas se remonta a 2016, se calcula que hay entre 5.000 y 6.000 afectados. Todos tenían contratados servicios de Internet a la teleoperadora Euskaltel. Allí ya se han celebrado juicios, con resultado diferente según la provincia. Mientras que en Donostia se desestimaban, el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao los resolvía con condenas. A esta diferencia de criterio se sumaba la aleatoriedad de la multa impuesta, ya que los jueces de Bilbao establecieron indemnizaciones de 150 euros en vez de los entre 400 y 500 que se pedían en aquella primera oleada de cartas.
En septiembre las cartas comenzaron a llegar a usuarios de toda España con servicios contratados a Telefónica pidiendo 400 euros. El método para identificarlos había sido el mismo que el caso de Euskaltel: los abogados se presentan en el juzgado con una lista de IPs a las que aseguran que han pillado descargando contenidos protegidos, y piden al juez que exija a su proveedor de Internet que revele la identidad de la persona que contrató la línea. “Tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida. Pero, incluso en el caso de no haber realizado usted directamente la difusión de las obras, la Ley”, se lee en la carta que reciben los afectados, “le considera responsable de la infracción, a todos los efectos, como cooperador”.
Rastreo masivo de IPs
Tanto Maeztu como David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, afirmaron a eldiario.es que inferir que el titular de la línea es el infractor carece de fundamento jurídico. “No tiene ningún sentido, es similar a decir que quien contrató la línea telefónica es necesariamente quien llamó por teléfono a otra persona”, detalló este último.
Esta es una de las cuestiones sobre las que el juez belga pregunta al TJUE, que duda si el rastreo masivo de las redes peer to peer (P2P) en busca de presuntos infractores de copyright respeta la legislación sobre protección de datos. Es una vía que también se ha explorado en España: según ha confirmado la Agencia de Protección de Datos a eldiario.es, está tramitando alrededor de una decena de denuncias relacionadas con las cartas.
En la batería de preguntas elevadas a la justicia europea, el tribunal belga inquiere además si es suficiente con participar en una red P2P para cometer un acto de piratería. “La tecnología BitTorrent consiste en que un archivo se segmenta en muchas pequeñas partes, que pueden ser descargadas por el usuario y juntadas de nuevo para componer el archivo original”, detalla el escrito al TJUE: “Las partes no son meros «pequeños fragmentos» del archivo original, sino que son por sí solos ficheros autónomos y cifrados que, en última instancia, se combinan para crear el fichero original. Por tanto, son inservibles por sí solos”.
Por último, la cuestión prejudicial pregunta acerca del derecho que tiene una tercera empresa a exigir compensaciones por violar los derechos de autor de obras que “no explota, sino que se dedica únicamente a reclamar indemnizaciones a supuestos infractores”. “¿Puede disfrutar de los mismos derechos que se reconoce a los autores que sí explotan de un modo normal los derechos de autor?”, refiere el juez belga.