La Comunidad de Madrid, Google y los directores de colegios e institutos madrileños se han enzarzado en una disputa por el software educativo que debe (y puede) emplearse en la escuela pública. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega que las herramientas digitales que la multinacional estadounidense ofrece a las escuelas sin contraprestación económica no son seguras para los alumnos y las ha sacado de los centros públicos. Google afirma que eso “no es cierto” y defiende que respetan la ley. Mientras, un gran número de centros que contaban con ellas en sus planes de estudio se han encontrado con un veto que no esperaban justo cuando el número de aulas confinadas en Madrid se ha multiplicado por cinco en una semana.
La pandemia ha provocado que la integración de las herramientas digitales en el día a día de los alumnos sea indispensable para asegurar la continuidad del curso. Las aulas virtuales, la entrega de trabajos en la nube, las videoconferencias o los documentos editados de forma colaborativa son ya elementos clave en las escuelas y condición sine qua non para la enseñanza a distancia o en semipresencialidad.
G Suite for Education, el paquete de software educativo de Google, fue el clavo ardiendo al que se agarraron un gran número de docentes de toda España para continuar con las clases cuando se decretó el confinamiento en marzo. La mayoría de las comunidades disponían de plataformas públicas basadas en código libre, pero solo aquellas que habían apostado decididamente por ellas antes del cierre de aulas pudieron ofrecer una alternativa sólida para continuar la enseñanza al margen de las multinacionales digitales. No era el caso de la región gobernada por Ayuso: EducaMadrid, el software diseñado por la Comunidad con herramientas de código abierto, colapsó completamente en las primeras semanas del confinamiento debido al inesperado aumento de la demanda.
Ahora la Comunidad de Madrid ha ordenado a los centros que dejen de usar G Suite for Education. Como alternativas, les indica que deben usar la versión de pago de dicho software (G Suite Enterprise for Education) o bien EducaMadrid. Tampoco les permite, por ejemplo, usar ningún otro servicio de correo electrónico que no sea el de EducaMadrid durante su labor profesional.
Los técnicos de la Comunidad se basan en la protección de datos, pero los responsables de los centros denuncian que se trata de una política para favorecer EducaMadrid. “La Consejería de Educación está intentando prohibir todas las plataformas que no son las suyas”, acusa el presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, Esteban Álvarez.
Tras lo ocurrido en abril y marzo, EducaMadrid perdió la confianza de muchos de los directores de la escuela pública madrileña. No se fían de las promesas del Gobierno de Ayuso sobre las mejoras que ha introducido en la plataforma. “A EducaMadrid le queda todavía bastante para funcionar en condiciones”, afirma Javier Pariente, director del colegio público Maestro Rodrigo de Aranjuez. “Para que te hagas una idea, en abril la recomendación era acceder al correo electrónico de EducaMadrid en determinadas franjas horarias para que no se bloqueara”, añade Manuel Martos, responsable del Luis Braille.
Tras acostumbrarse a los servicios de Google, no quieren abandonarlos. “Al final lo único que pedimos es la libertad para usar otras plataformas y que no se imponga EducaMadrid”, dice David Santos, director del colegio público Antonio Machado de Majadahonda. Este docente ha llegado a lanzar una petición en Change.org para recoger firmas y pedir a la Comunidad que llegue a un acuerdo con Google “y poder usar sus herramientas sin que parezca que lo estamos haciendo clandestinamente”.
Muchos centros apostarían por dedicar parte de sus recursos para obtener una licencia de pago de G Suite Enterprise for Education, según han explicado sus responsables a este medio. El problema es que el coste de la versión de pago de las herramientas educativas de Google, 48 dólares por usuario al año, es “inasumible para cualquier centro educativo público, incluso para los grandes”, expone el director del Luis Braille.
La versión de pago de las herramientas educativas de Google no está pensada para la escuela pública, sino para “grandes organizaciones educativas similares a las empresas, como puedan ser universidades o escuelas de negocios”, afirma una portavoz de la multinacional. Este es el motivo por el cual Google ofrece sin coste económico para los centros educativos u organizaciones sin ánimo de lucro su software educativo básico, G Suite for Education, muy similar a la versión de pago pero con algunas funcionalidades recortadas.
Choque entre Google y Madrid por los datos personales
La Comunidad de Madrid asegura que las limitaciones de G Suite for Education respecto a su versión de pago la hacen incompatible con los requisitos de protección de datos y seguridad. Así lo afirma un documento al que tenido acceso elDiario.es, enviado desde la Consejería a uno de los centros que habían comenzado el curso con este software.
Google contradice a la Comunidad de Madrid. “El documento contiene alegaciones que no son ciertas”, replica la multinacional. “G Suite for Education está alineado con la normativa Europea en materia de protección de datos y sus estrictos requerimientos en materia de transferencias internacionales de datos. También cuenta con la certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad”, detalla en una comunicación enviada a este medio.
Madrid se basa en un análisis del Centro Criptológico Nacional (CCN), encargado de evaluar la ciberseguridad de los servicios digitales que usan las instituciones públicas españolas. En un informe que compara G Suite Enterprise for Education con con su homóloga sin coste, el CCN afirma que aunque “inicialmente, ambas soluciones ofrecen características generales para la protección de la información”, también “se observan una serie de condiciones más favorables en la versión Enterprise, que lo hacen más proclive para su uso como servicio en un entorno de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad”.
Entre esas “condiciones más favorables”, el CCN cita el almacenamiento de los datos personales de los usuarios de la plataforma. La versión de pago de G Suite por Education permite seleccionar que toda la información de los alumnos se almacene en bases de datos ubicadas en Europa, pero “esta condición de control de datos no está disponible en la versión básica de la Suite”, recalca el informe. Si no pagan, los centros no pueden impedir que Google envíe a EEUU los datos de los menores. Desde el pasado 16 de julio, este parámetro ha pasado a ser absolutamente fundamental.
Una sentencia que lo cambia todo
Antes del 16 de julio de 2020, las transferencias de datos internacionales entre la UE y EEUU estaban reguladas por un mecanismo conocido como Escudo de Privacidad o Privacy Shield, firmado en 2016. Sin embargo, ese día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el acuerdo y dejó en el aire el encaje legal de muchos de los servicios que las multinacionales digitales de EEUU prestan en el Viejo Continente. “El fallo ha generado una situación de inseguridad total en todas las empresas e instituciones que usan servicios de Google y otras multinacionales, no solo a los colegios”, explica Jorge Campanillas, abogado experto en protección de datos.
Facebook, por ejemplo, ya ha amenazado con irse de Europa si es obligada a dejar los datos de los europeos en el continente. “El Privacy Shield establecía una serie de garantías de seguridad y cauces para la reclamación de derechos de los ciudadanos europeos sobre los datos que almacenan las empresas americanas. Sin embargo, el TJUE ha dictado que era irregular y lo ha anulado”, continúa el abogado. La situación ahora, detalla, depende de “cláusulas contractuales” que cada multinacional estableció paralelamente al Privacy Shield que regulan el envío de los datos de los europeos a EEUU.
La Comunidad de Madrid dice que esas cláusulas no son suficientes para asegurar la protección de datos de los alumnos, mientras que Google afirma que sí. Además, asegura G Suite for Education no utiliza los datos de los menores con fines publicitarios y que no les muestra anuncios dentro de la plataforma.
¿Qué gana Google al ofrecer este servicio gratuitamente a las escuelas? "Cuando la gente conoce una herramienta y le gusta, es más fácil que la utilice en el futuro. Nos parece algo sano"
Entonces, ¿qué gana la multinacional al ofrecer este servicio gratuitamente a las escuelas? “Cuando la gente conoce una herramienta y le gusta, es más fácil que la utilice en el futuro. Nos parece algo sano”, explicó a elDiario.es Marc Sanz López, jefe de Google for Education para el sur de Europa, oriente medio y el norte de África, justo tras el comienzo del confinamiento estricto en España.
“Hay que entender que Google es una compañía americana y que allí hay una expectativa social de que cuando una empresa tiene éxito, este revierta en la sociedad. Sobre todo en educación, porque allí es muy cara. Desde que Google empezó a lanzar este tipo de herramientas, en 2006, se decidió que fueran gratuitas para los colegios y universidades públicas”, aseguraba Sanz.
EducaMadrid y la transparencia del software libre
Desde la Consejería de Educación explican a elDiario.es que en estos momentos están negociando “convenios y acuerdos de colaboración con plataformas educativas (Microsoft, Google, Adobe) para adecuar las políticas de seguridad y de privacidad, pudiendo de esa manera ofrecer a todos los centros y profesores las herramientas de estas plataformas complementarias”. No obstante, por el momento la única opción para los centros –a los que la Consejería ha prohibido contratar este tipo de servicios por su cuenta– es EducaMadrid.
Pese a sus fallos en marzo y abril, no todos los docentes cargan contra ella. “Yo llevo usando EducaMadrid años y ya usaba aulas virtuales, y las usé todo el confinamiento. Mi experiencia es positiva, pienso que es algo que sale rentable para los recursos que se dedican”, expone Enrique García, profesor en la escuela pública madrileña.
La principal ventaja de EducaMadrid es el código abierto en el que se basan sus herramientas (aulas virtuales con Moodle, nube con Owncloud o correo electrónico con RoundCube), lo que hace que ni las familias, ni los centros, ni los responsables políticos tengan que fiarse de lo que digan las multinacionales americanas. “Permite auditar, saber qué información se guarda, de qué forma se procesa y si se envía a algún otro sitio o no”, recuerda David Montalva, profesor y responsable de LliureX, el premiado proyecto de la Comunidad Valenciana para desarrollar herramientas educativas basadas en software libre.
“Ni Google, ni Microsoft, ni ningún grande concede acceso a esos datos, por lo que no sabes lo que hacen con la información y tienes que confiar en ellos. Cuando preguntaron a Microsoft [que también ofreció a las comunidades su plataforma Teams al principio de la pandemia], dijo que almacenaba los datos de los alumnos con fines filantrópicos”, recuerda: “Con el software libre aseguras dos cosas: que puedes controlar dónde se guardan los datos y que puedes controlar qué está ocurriendo en cada momento con ellos”.