El denominado 'decretazo digital', aprobado por el Gobierno de Sánchez en precampaña electoral y que permite al Ejecutivo tomar el control de las infraestructuras que soportan Internet “para preservar el orden público” sin orden judicial previa, suma un nuevo frente. Al grupo de organizaciones de defensa de los derechos digitales y juristas independientes que presentaron este miércoles un recurso ante el Defensor del Pueblo buscando que la medida termine ante el Tribunal Constitucional, se ha sumado este viernes el Parlamento Vasco, que ha aprobado una iniciativa pidiendo a la Lehendakaritza que interponga un recurso de inconstitucionalidad en base a un estudio elaborado por sus servicios jurídicos.
El Govern de la Generalitat también tiene desde el 30 de diciembre el informe encargado al Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya en el que se le recomienda que haga lo mismo. Este órgano analizó el decreto-ley, que entró en vigor cuatro días antes de las elecciones, concluyendo que varias de sus medidas son “inconstitucionales” y contrarias al Estatut.
Tanto el recurso de los expertos ante el Defensor del Pueblo como los informes las instituciones vasca y catalana apuntan los mismos peligros. Señalan que el decreto-ley es “confuso y ambiguo” en su explicación de los nuevos poderes del Gobierno para intervenir Internet, por lo que lo consideran un peligro para las libertades fundamentales. El recurso ante el Defensor del Pueblo, por ejemplo, afirma que el Gobierno podría “provocar un apagón digital” amparándose en una supuesta amenaza al “orden público”.
Además, consideran que el Gobierno no ha acreditado que el paquete de medidas fuera “de extraordinaria y urgente necesidad”, requisito indispensable que la Constitución establece para aprobar un decreto-ley. Esta figura legal permite al Ejecutivo mandar una norma al BOE por la vía rápida, sin pasar antes por el Parlamento (que no obstante deberá ratificarla en un período de 30 días). Al no cumplir ese requisito de excepcionalidad, las medidas que incluye el decreto-ley se han aprobado de forma inconstitucional, afirman los informes presentados.
El Defensor del Pueblo es un paso previo para que un recurso de inconstitucionalidad presentado por la sociedad civil llegue al Tribunal Constitucional. En este caso tiene hasta el 6 de febrero para decidir si acepta los planteamientos de las asociaciones y juristas que presentaron el recurso este miércoles. Sin embargo, los presidentes de las comunidades (así como al presidente del Gobierno y a los recursos presentados por al menos 50 diputados o senadores) pueden presentarlo directamente. De momento, la posible presentación del recurso queda en el territorio de la amenaza, tanto por parte del lehendakari como del president.
Si bien el Parlamento Vasco ha tomado la decisión de pedir al Gobierno de la comunidad que interponga el recurso de inconstitucionalidad este mismo viernes, la resolución también incluye una llamada a “invitar a la Administración General del Estado a constituir la comisión bilateral de cooperación” para “solventar las diferencias entre ambos ejecutivos en relación con la constitucionalidad del citado precepto”. Este punto ha sido incluido en forma de transaccional pactada entre PNV, Podemos y el propio PSE. Bildu, promotor de la iniciativa, se ha abstenido en la votación tras la inclusión de este punto. El PP ha votado en contra.
Respecto a la Generalitat, pese a que el recurso del Consell de Garanties Estatutàries es muy claro al respecto, el Govern aún no ha tomado una decisión al respecto. La Generalitat no ha contestado a las preguntas de este medio sobre la presentación de si recurso ante el Constitucional. El plazo termina el 6 de febrero, cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor del decreto-ley.
“Provocar un apagón digital”
El principal cambio que introduce el decreto-ley se produce en la Ley General de Telecomunicaciones. Esta norma regula la infraestructura que da soporte a Internet como red de telecomunicación , como las antenas de telefonía, la fibra óptica o los servidores de los centros de datos. En el decreto-ley, el Gobierno en funciones incluyó los supuestos de “orden público” y de “problemas económicos” a la lista de motivos que le permiten tomar el control de la infraestructura de Internet sin intervención judicial previa.
“En la medida en que mediante este real decreto el Gobierno puede intervenir la red y tomar el control directo de la infraestructura, en la práctica se estaría estableciendo censura previa”, explicó frente a la sede del Defensor del Pueblo el abogado Carlos Sánchez Almeida, portavoz de la coalición de organizaciones y juristas que interpusieron el recurso. “¿Por qué? Porque a partir del momento que se cierra la red no se puede publicar nada. De la misma forma se estarían secuestrando publicaciones, el efecto sería el mismo que en los años 70 se tomaban las radios y los periódicos. Todo aquello que ya está colgado en la red quedaría inaccesible”, aseguró.
“Tenemos una ley que ni los juristas ni los técnicos acaban de saber qué da derecho a hacer al Gobierno”, continuó Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, uno de los juristas independientes que se sumó al recurso. “Nadie discute que por motivos de seguridad nacional se puedan tomar determinadas medidas, porque es necesario en todos los estados. Pero esas medidas deben ser claras: que se sepa qué se puede hacer, quién lo puede hacer y bajo qué circunstancias”, aseveró.
El decreto-ley fue aprobado en noviembre con los votos a favor del PSOE, que consiguió sumar los apoyos de PP y Ciudadanos para sobreponerse al 'no' de ERC y la abstención de Unidas Podemos. Pedro Sánchez argumentó el paquete normativo en la necesidad de “poner punto y final” a la “República Digital” catalana e impedir que esta recurra a “paraísos digitales” para alejar sus bases de datos de la justicia española. El texto final no mencionó a Catalunya en ningún momento, aunque sí amplió los casos en los que el Gobierno puede intervenir Internet sin pasar por un juez.