El 10 de febrero alguien que decía ser “Juan Martín Díez” pagó por promocionar un anuncio político en Facebook. Quería aumentar la visibilidad de un contenido de Alerta Nacional, una web que aseguraba que la justicia de EEUU iba a detener a los ministros Pablo Iglesias y José Luis Ábalos por su relación con Venezuela. Deberían haber saltado todas las alarmas: “Juan Martín Díez” no existe; Alerta Nacional es una página ultra marcada como difusora de desinformación por los propios verificadores independientes que trabajan para Facebook; el contenido es obviamente un bulo de contenido político. Pero no importó. Facebook aceptó el dinero, difundió el contenido tóxico entre sus usuarios y ninguna de las herramientas que la red social ha implementado en los últimos años para impedir este tipo de casos lo impidió.
El anuncio siguió activo hasta que eldiario.es preguntó a Facebook por la situación. En ese momento la red social lo desactivó. El perfil de “Juan Martín Díez”, que como informó este medio un día después ni siquiera se había tomado demasiadas molestias en hacerse pasar por una personal real, también desapareció. Su nombre era un seudónimo tomado de un militar que combatió en la Guerra de Independencia como líder de las guerrillas que hostigaron a las tropas francesas. El perfil falso pasó todos los filtros de Facebook para anuncios de contenido político pese a que utilizaba el tanto el sobrenombre (El Empecinado) como el lugar de nacimiento (Castrillo de Duero, Valladolid) de este famoso militar, y a que no tenía ninguna referencia personal a excepción de la foto de una pistola.
Desde que salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica y la injerencia rusa en las elecciones de EEUU, cuando varias redes de páginas falsas intoxicaron el debate político en la red social para beneficiar a Donald Trump, Facebook ha establecido una serie de herramientas que permiten rastrear quién publica anuncios políticos y quién los paga. Durante un mes, eldiario.es ha solicitado a Facebook más información sobre por qué los bulos que Alerta Nacional distribuyó (“Juan Martín Díez” pagó por aumentar la difusión de al menos otros dos contenidos de la página antes del que afectaba a Ábalos e Iglesias) pasaron esos los filtros. La respuesta de Facebook es que está analizando el caso “internamente”.
No obstante, esta página ultra que promocionó sus contenidos con un pagador falso es solo la punta del iceberg. Según un estudio de la Universidad de Nueva York que ha analizado durante un año los anuncios políticos que se hacen en la plataforma, hay decenas de miles de ejemplos como ese. “Los procesos de monitorización y aplicación de la política de anuncios políticos de Facebook tienen defectos sistémicos que permiten que entidades extranjeras o negocios turbios sigan pagando publicidad a pesar de haberlas violado repetidamente”, denuncia la Universidad.
Los investigadores analizaron los anuncios políticos publicados para los usuarios estadounidenses de Facebook desde mayo de 2018 hasta junio de 2019 y publicaron los resultados el pasado viernes. En ese periodo detectaron 20.000 casos como el de Alerta Nacional, en los que los anuncios violaban las políticas de Facebook “al no indentificar correctamente el origen de la financiación”. El volumen es tan elevado que equivale a más de la mitad de todo lo que recaudó Facebook en ese período gracias a los anuncios políticos: 37 millones de dólares, el 55% del dinero que dejó este tipo de publicidad en la plataforma, provenía de fuentes sospechosas.
El estudio identificó hasta 16 redes de anuncios falsos que “usaban tácticas de desinformación similares a las empleadas por la Internet Research Agency rusa”. “Estas tácticas incluían segmentar a los usuarios por raza, género, pertenencia a sindicatos o a las Fuerzas Armadas, marcadores de identidad bien conocidos por ser altamente efectivos en la distribución orgánica de mensajes”, señalan los investigadores.
La red social ha querido responder a la investigación. “Nuestras medidas de transparencia han cambiado significativamente desde que se llevó a cabo el estudio. Ofrecemos más transparencia la publicidad política que la televisión, la radio o cualquier otra plataforma digital”, explica una portavoz de la compañía.
Facebook, recoge el estudio, tardó una media de 210 días en retirar los anuncios fraudulentos. Esto es mucho más que la vida media de estos anuncios, que suelen estar activos unos pocos días. En conclusión, los investigadores apuntan que las nuevas herramientas de Facebook han servido para aumentar la transparencia, pero no para frenar el impacto de estas campañas tóxicas ni su intervención en procesos electorales, algo que también ha ocurrido en España.
La campaña del PP para neutralizar el voto de la izquierda: un éxito de camuflaje
El caso de Alerta Nacional no es ni la primera ni la más grave disfunción de las herramientas de Facebook con los anuncios políticos en España. En plena precampaña electoral del 10N, eldiario.es reveló la existencia de una red de páginas falsas que estaban intentando desmovilizar al electorado progresista bajo el lema “No contéis conmigo” escrito sobre las imágenes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La red se sirvió de anuncios políticos pagados por personas muy cercanas al PP, como un militante de Nuevas Generaciones o un empleado del consultor político Aleix Sanmartín, miembro del equipo de campaña de Pablo Casado.
Estas personas invirtieron unos 50.000 euros en total para neutralizar el voto de los rivales del PP, supuestamente a título individual. Las herramientas de transparencia de Facebook ofrecieron poco más que su nombre: no daban detalles de contacto ni datos sobre su afiliación. Uno de ellos, de hecho, falsificó su nombre en varios de los anuncios intercambiando el orden de sus apellidos o poniendo solo uno de ellos. Esta transparencia limitada permitió a Javier Ager, el militante de Nuevas Generaciones, mantener durante meses la misma estrategia de intoxicación, con páginas en las que se hacía pasar por simpatizantes de todos los partidos para desmovilizar a su electorado.
Las pantallas que los pagadores de la trama interpusieron entre sus nombres reales y los que utilizaron para bordear el descargo de responsabilidad de Facebook fueron suficientes para que la Junta Electoral rechazara las denuncias del PSOE y Más País y decidiera no llevar a cabo ninguna acción contra el PP o los responsables de la trama. De hecho la campaña sucia se reactivó tan solo unas horas antes de las elecciones, durante la jornada de reflexión.
La importancia creciente de Facebook en las campañas electorales de todo el mundo contrasta con la ausencia de auditorias externas sobre el dinero que recibe por parte de los anunciantes y de dónde proviene (los investigadores de la Universidad de Nueva York destacan que “hasta donde ellos saben, su estudio es el primero” que arroja algo de luz en esta cuestión). La ronda de comparecencias de su fundador y máximo responsable, Mark Zuckerberg, ante el Congreso y el Senado de EEUU y ante una comisión especial del Parlamento Europeo consiguió frenar la imposición de medidas de control público a su plataforma.
Las disculpas de Zuckerberg y su promesa de más autorregulación bastaron para contrarrestar los testimonios de que Facebook supo desde el principio que una trama de desinformación estaba invirtiendo mucho dinero y recursos para beneficiar a Donald Trump. Las elecciones generales de noviembre serán una prueba de la efectividad de las medidas de control establecidas por la red social.