Cerrar webs sin autorización judicial. Lo intentaron en 2010 y ocho años después, el asunto vuelve a colear. Por aquel entonces, la protesta de usuarios y profesionales de Internet consiguieron volcar la propuesta, que ahora amenaza con volver: PP, PSOE y Ciudadanos presentaron el pasado miércoles una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que evitaría tener que pasar por un juez para cerrar una página web si una comisión gubernamental considera que existe reiteración en la violación de la norma.
La enmienda está registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se puede consultar aquí. De esta forma, la decisión quedaría en manos de la Comisión Sinde, que depende directamente del Ejecutivo. La enmienda que proponen los tres grupos políticos daría al traste con la potestad del juez para tener la última palabra, tal y como se refleja en el texto que han presentado ante las Cortes: “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis”.
A pesar del texto, fuentes del ministerio de Cultura explican a eldiario.es que este procedimiento “solo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas” y que “el requisito de la autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda (restablecimiento de la legalidad-Ley Sinde) no se toca”.
Sin embargo, la medida ha encendido las alarmas de algunos expertos que ya hace ocho años se opusieron a que una comisión gubernamental pudiera ordenar el cierre de una web sin autorización previa de un tribunal. “Están apartando la única salvaguarda judicial que quedaba en la Ley Sinde, que era ya de por sí insuficiente, eliminándola con la justificación de que eso agiliza el proceso”, explica a eldiario.es David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual.
La enmienda en el Congreso: un escenario plausible
En el hipotético caso de que la enmienda fuera aceptada en el Congreso, después se votaría en el Senado y finalmente, volvería al Congreso para su inclusión final en la LPI. No es un escenario difícil de imaginar: PP, PSOE y Ciudadanos tienen mayoría en el Congreso para incluir la cláusula en la ley.
Hoy, la Ley Sinde especifica que ha de ser un juez quien, en última instancia, tenga el poder para cerrar una web, sancionarla o dejarla tal y como está. Es la Comisión la que interpreta “si se ha reanudado una infracción declarada por ella o se ha repetido” y la lleva ante el magistrado (más concretamente ante los juzgados de lo contencioso administrativo), que puede decretar el cierre “durante un plazo máximo de un año”, explica Bravo.
“Y eso pese a que antes la pregunta que le hacían al juez no era si la web era infractora: el juez no se podía meter en eso. Le preguntaban solo si la medida era proporcional o si afectaba a la libertad de expresión... cuestiones mucho más gruesas. Y no la cuestión específica de si la resolución de la comisión era acertada o no”, continúa Bravo.
Según el Ministerio de Cultura, solo las webs que ya acumulan varias denuncias serían susceptibles de “suprimir la segunda autorización”, argumentando que es un trámite “innecesario, que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva”. Bravo considera que la enmienda es incluso “peor que la Ley Sinde”. “Era difícil empeorarlo”, ironiza.
Este diario también se ha puesto en contacto con el Partido Popular, que asegura que el procedimiento “se encuentra en fase de ponencia”. “Como norma general solemos esperar a que concluya esta fase para hacer valoraciones”, concluyen. eldiario.es ha intentado hablar con Ciudadanos, aunque sin éxito.