Protección de Datos libra de una multa a Alvise Pérez a pesar de hallar faltas “muy graves” en su tienda 'Gobierno Dimisión'

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha confirmado que la tienda 'Gobierno Dimisión', que vende camisetas, carteles, pegatinas y otra propaganda con la cara de Pedro Sánchez, dejó al descubierto información personal de sus clientes, omitió cómo o para qué iban a utilizar sus datos y ocultó quién gestionaba la web. En una resolución del 7 de mayo, la directora del organismo concluye que los hechos son constitutivos de dos faltas “muy graves” y una “grave” de las leyes de privacidad. No obstante, ha decidido no imponer una multa sino una “sanción de apercibimiento” sin consecuencias económicas.

Los hechos fueron denunciados por Facua a la AEPD y recogidos por elDiario.es en mayo de 2020. La web de la campaña se usaba para instigar protestas anticonfinamiento que se dieron en varias ciudades españolas, a la vez que intentaba vender a los asistentes merchandising crítico con el Ejecutivo. Quién estaba detrás de la acción era un dato que permaneció oculto: su principal promotor en redes era Luis Pérez, alias Alvise Pérez —conocido difusor de bulos denunciado por Manuela Carmena por asegurar que la exalcaldesa tenía un respirador en su casa cuando los hospitales carecían de ellos para tratar a los enfermos de coronavirus— aunque en la web no constaba que tuviera ninguna relación oficial con la tienda.

Tras la presentación de la denuncia, la web 'Gobierno Dimisión' cerró su tienda por “problemas técnicos”, aunque aseguró en un comunicado que se produjeron a consecuencia de “la gran cantidad de visitas que está recibiendo”. Pérez acusó entonces a Facua de “hundir la página con hackeos” y a elDiario.es de participar en “una campaña mediática de injurias y calumnias” por informar de lo sucedido.

Durante el tiempo que estuvo cerrada y pese a las acusaciones de Pérez, la tienda corrigió sus defectos para adaptarse a la ley y cerró la brecha de seguridad que estaba dejando al descubierto datos personales y bancarios de sus clientes. Ante el requerimiento de información por parte de la AEPD, la tienda reconoció que el agujero de seguridad se debió a “un error humano” en la programación de la web.

Sin embargo, señaló a una empresa y no a Pérez como responsable de los hechos. “En junio de 2020, semanas después de que Facua interpusiese la denuncia ante la AEPD, Alvise Pérez adquirió la inmobiliaria de Barcelona Iyansa Quality SL y modificó su objeto social para poner la web a su nombre”, explica la asociación de consumidores.

Pérez cambio el nombre de la inmobiliaria por Resistencia Popular SL y la presentó a la AEPD como responsable de la tienda y por tanto de la brecha de seguridad, aunque dicho problema se produjo antes de que él pasara a ser su administrador único.

Contratos a posteriori

A pesar de que Facua comunicó a la AEPD lo sucedido con la empresa que se hizo cargo de la brecha de datos personales de la tienda de 'Gobierno Dimisión', el organismo reconoció a esta y no a Pérez como el responsable de la tienda en su resolución. Los contratos que Resistencia Popular presentó a la AEPD tampoco atestiguan su vinculación con los hechos, puesto que son posteriores a las denuncias de Facua.

La asociación de consumidores presentó una denuncia contra la web el 21 de mayo por no incluir información sobre sus gestores ni del tratamiento de datos. Tres días después, el 24 de mayo, presentó otra denuncia al tener constancia de la brecha de seguridad que estaba exponiendo los datos personales y bancarios de los clientes de 'Gobierno Dimisión'. Los dos contratos presentados por Resistencia Popular durante la investigación de la AEPD, uno de prestación de servicios de alojamiento y otro de mantenimiento de páginas web, tienen fecha del 29 de mayo.

La tienda había empezado a vender artículos diez días antes de la formalización de esos contratos, el 19 de mayo. El 21, tras las primeras denuncias de Facua y una información de elDiario.es que exponía cómo la página violaba las leyes de protección de datos y de comercio electrónico, sus administradores la cerraron.

La AEPD no recoge en su resolución que los hechos ocurrieron con anterioridad a la documentación que ha podido aportar Resistencia Popular. En la cronología de sus actuaciones, la Agencia tampoco detalla investigación alguna acerca de los datos bancarios y de formas de pago de sus clientes que la tienda dejó al descubierto, un extremo presente en la denuncia de Facua y que elDiario.es también pudo comprobar. Al contrario, refleja que la información filtrada se limita a nombre y apellidos de seis clientes, la versión que ofreció la empresa administrada por Alvise Pérez.

La decisión de no multar a la tienda de 'Gobierno Dimisión' a pesar de atestiguar que los hechos constituyen dos faltas “muy graves” y otra “grave” se basa en un criterio subjetivo de la Agencia. La ley deja en su mano la posibilidad de dejar la sanción en un apercibimiento si considera que el impacto de la brecha es limitado y sus responsables la han cerrado en cuanto han tenido constancia de los hechos.

La decisión última de no multar a la tienda corre a cargo de Mar España, la directora del organismo y firmante de la resolución. España accedió al cargo en 2015 nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser una de las personas de máxima confianza de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, donde ocupó la viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Su mandato caducó en 2019, pero la repetición electoral primero y la pandemia, después, han ido retrasando su relevo al frente de la AEPD.

Alvise Pérez es conocido por los mensajes xenófobos y en línea con postulados de la extrema derecha sobre inmigración y violencia machista que acostumbra a lanzar en las redes sociales. Fue jefe de gabinete de Toni Cantó y estuvo vinculado a Ciudadanos hasta diciembre de 2019. Desde 2020 ha centrado sus mensajes en la pandemia y en organizar protestas contra el Gobierno, con acciones como la publicación de imágenes privadas del domicilio del ministro José Luis Ábalos. Está relacionado con la difusión de un gran número de bulos, como el dirigido contra Carmena. Antes ya había difundido otro sobre la salud de Pablo Iglesias. El PSC le denunció ante la Fiscalía por difundir una falsa PCR positiva de Salvador Illa.