La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles el borrador de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos para que sea ratificada por el Pleno el próximo día 18, aunque le ha añadido el apellido de “y de garantía de los derechos digitales” tras algunas modificaciones. Una de las principales llega para contestar a las críticas de juristas, organizaciones de defensa de derechos digitales y la patronal tecnológica, que habían expresado dudas acerca del texto.
El foco de las quejas era el nuevo “derecho de rectificación” potenciado que incluía la norma. Este se saltaba el control judicial que contempla la ley de 1984 que regulaba el derecho de rectificación en prensa. Lo sustituía por “protocolos adecuados” para que esa rectificación se publicara, extendiéndolo además a las redes sociales.
Tras las críticas, el PSOE ha aceptado modular esta medida (el grupo socialista había sido el artífice de la inclusión de este nuevo derecho de rectificación en la ley). Ha aceptado la introducción de una enmienda de última hora que limita el alcance que tenía en un principio, al recoger que su aplicación se hará “atendiendo a los requisitos y previstos en la ley” de 1984.
La Platafoma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), una de las más vocales en la protesta contra esta medida, ha celebrado como “una victoria para la libertad de expresión” la modificación de este punto de la ley en el último momento. No obstante, su director legal, Carlos Sánchez Almeida, ha advertido que la actual redacción sigue recortando libertades respecto a la regulación actual del derecho de rectificación.
“No especifican el momento temporal en el que hay que introducir el aviso de rectificación. ¿Antes o después de pasar por el juez? Mucha gente se asustará al recibir un burofax, y se autocensurará”, avanza el jurista en un comunicado emitido por la Plataforma, opinando que “nadie debe tener miedo a publicar información veraz, por muy poderoso que sea quien ejerce el derecho de rectificación. Si la información es exacta no se debe rectificar y hay que defenderse ante el juez, garantía de la libertad de información”.
Esta nueva Ley Orgánica, que la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad, surgió a través de un proyecto de ley que el Gobierno del PP presentó el pasado febrero para trasponer el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que entró en vigor en mayo. No obstante, tras las negociaciones el texto ha ido mucho más allá, ya que ha entrado a regular derechos digitales como el citado de rectificación, el bautizado como de “desconexión digital”.
En este sentido, la patronal de empresas tecnológicas, DigitalES, ha recordado que España todavía no cuenta con una regulación específica de los derechos digitales como otros países del entorno, como Italia o Francia. La organización recuerda que “no existe oposición alguna” ni en la industria, ni en el mundo académico, ni en la sociedad civil para iniciar ese debate y afea que se siga utilizando leyes paralelas para regular el mundo virtual: “Organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar derechos digitales por la puerta de atrás”, señala en un comunicado.