Octubre de 2020, el curso escolar toma velocidad en plena segunda ola de contagios de coronavirus. Con alumnos de clases confinadas que no tienen acceso a un ordenador para continuar las clases online, o lo tienen que compartir con sus hermanos. Con profesores sin formación ni experiencia en la enseñanza a distancia o en semipresencialidad (con una parte del alumnado en clase y otra en sus casas, para asegurar la distancia social). Con centros sin cámaras web, micrófonos o redes wifi capaces de soportar la carga de varios docentes emitiendo a la vez. Con plataformas de educación digital que fallan o carecen de herramientas básicas, como para hacer videoconferencias. Es la situación con la que se encontraron las escuelas públicas españolas en marzo de la noche a la mañana y que muchas están reviviendo este otoño.
“Hemos tenido seis meses para intentar tecnificar los colegios e institutos. Habría sido imposible hacerlo al 100%, pero es que apenas hemos avanzado nada”, explica en conversación con elDiario.es José Varela, responsable de Digitalización de UGT. “Todo está siendo una improvisación tremenda y asistimos a auténticas aberraciones, como ver a los profesores apuntándose con un smartphone con el brazo en alto para intentar dar clase. No tenemos plataformas adecuadas, ni infraestructuras de telecomunicaciones, ni dispositivos, ni estrategia. Nada”.
Ningún sector contaba entre sus planes con enfrentarse a una pandemia, pero la escuela pública española ha notado la falta de cintura digital para esquivar el peor golpe. “El tipo de enseñanza antes de la pandemia era muy analógica, una de las consecuencias de años y años de recortes tanto en materiales como en formación del profesorado”, coincide José María Ruiz, secretario de Educación Pública no Universitaria de Comisiones Obreras. “Si hablas con cualquier centro de cualquier territorio te va a decir eso. Desgraciadamente es la realidad”, enfatiza.
“Ahora se están anunciando compras de miles de dispositivos, pero falta una estrategia. Por ejemplo, con la compra de miles de cámaras web para mandarlas a los centros por parte de las comunidades. Partes de un error de base: las conexiones wifi de la mayoría de colegios e institutos no tienen la capacidad ni el ancho de banda suficiente para poder estar retransmitiendo varias clases a la vez. Por lo que cuando lleguen, si no se ha mejorado la conexión, no se podrán utilizar”, lamenta Ruiz.
Con múltiples frentes tecnológicos que atajar, el Gobierno lanzó este verano el programa 'Educa en Digital' cuyo primer objetivo es proveer de dispositivos conectados a los alumnos provenientes de familias más vulnerables. Hasta medio millón de ellos llegarán a los centros educativos para que estos los presten a su vez entre los alumnos. El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó los convenios con las once primeras comunidades autónomas participantes, donde los dispositivos irán llegando a los alumnos a partir del primer trimestre de este curso 2020/2021.
El siguiente punto del programa incluye la formación del profesorado en técnicas de educación digital, por el momento sin fecha. Por último, 'Educa en Digital' pretende el “desarrollo de técnicas y plataformas de inteligencia artificial para mejorar la gestión en el ámbito educativo” (“este desarrollo permitirá establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis individualizado de su evolución por parte del cuerpo docente”, especifica el Ejecutivo).
Paralelamente, el programa 'Escuelas conectadas' está trabajando con siete comunidades autónomas para mejorar la conexión de los centros. Los dos programas tienen un techo de gasto de unos 600 millones de euros, de los que la mayor parte está financiada con fondos europeos. El resto se lo reparten entre el Ejecutivo central y las comunidades.
Donde el Gobierno no se mete es en la tercera pata de toda infraestructura digital, además del hardware y la conexión: el software que deben utilizar las escuelas para cohesionar esos recursos. No hay indicaciones para las comunidades autónomas sobre si deben utilizar las herramientas de Google para las aulas virtuales, correo electrónico, almacenamiento en la nube o videoconferencias; si deben optar por las que ofrece Microsoft; o si lo preferible es recurrir al software libre. Algunas comunidades, como Madrid, Catalunya o Valencia, están llegando a sus propios acuerdos con estas multinacionales de forma centralizada en su territorio, mientras que otras dejan la decisión en manos de cada centro.
Medio millón de euros para un prototipo de plataforma educativa libre
La opción alternativa al uso de las herramientas de las multinacionales digitales en la escuela pública española es el software libre, que permite una mayor transparencia y control sobre lo que ocurre con los datos de los menores. La mayoría de las comunidades cuentan con plataformas de este tipo, con diferentes niveles de desarrollo. No obstante, varias fuentes explican a elDiario.es que casi todas ellas son una evolución de los portales para la gestión de centros educativos (consulta de notas o temario) y están pensadas para una comunicación de arriba a abajo con las familias, no para una interacción diaria y fluida entre los profesores y los alumnos.
“Son parches que casi siempre funcionan mal y que se convierten en un problema más sobre los hombros de los profesores y de los directores de los centros, que bastante tienen con lo que tienen”, lamenta Simona Levi, portavoz del grupo hacktivista Xnet. “Son seudo-alternativas que, si los centros no están muy concienciados con la importancia de utilizar herramientas digitales libres, lo normal es que les sobrepase. Y aunque lo estén, muchas veces aún así lo hace”, opina.
Este grupo, muy activo en la defensa de los derechos digitales en España y Bruselas, se alió con un grupo de familias catalanas que no deseaban que sus hijos utilizaran las herramientas de Google en la escuela para diseñar una alternativa. Lo denominó 'Plan de digitalización democrática de los centros educativos' y se lo presentó a la Generalitat, con quien llegó a un acuerdo en junio. Consiste en un manual para crear una suite educativa desde cero para competir con las de Google y Microsoft, basada en las herramientas de código libre que ya existen y recurriendo solo a servidores seguros. Requiere una inversión inicial de unos 500.000 euros. “Serviría como un prototipo nacional y cada comunidad podría aportar una parte. Nosotros no nos llevamos nada, claro”, aclara la activista.
Aunque estén basados en software libre, muchas veces estas plataformas terminan siendo jardines cerrados que provocan que los profesores pierdan los nervios y pidan que les dejen utilizar Google o Microsoft a toda costa
Se trata de la primera iniciativa para crear una plataforma educativa de software libre a nivel nacional y varias comunidades se han interesado por la iniciativa. La Comunitat Valenciana (una de las más avanzadas), Madrid, Catalunya, Galicia, Andalucía o Extremadura tienen experiencias propias, con aulas virtuales basadas en Moodle como desarrollo base, al que cada comunidad ha ido sumando más herramientas y funcionalidades por su cuenta. Así, mientras que la Comunidad de Madrid integró recientemente las vídeo-llamadas con el software libre de Jitsi, la Valenciana optó por contratar el servicio a Cisco Webex.
“Aunque estén basadas en software libre, muchas veces estas plataformas terminan siendo jardines cerrados que provocan que los profesores pierdan los nervios y pidan que les dejen utilizar Google o Microsoft a toda costa. La clave no es inventar nada nuevo, sino utilizar lo que ya existe, adaptado para competir en igualdad de condiciones con Google”, afirma Levi.
“Cuando trabajas con alumnos, lo importante es que las cosas funcionen”
Mientras el coronavirus constata el suspenso en digitalización de la escuela pública española, las multinacionales digitales ganan terreno como elementos vehiculares para el aprendizaje de los alumnos. Google expone a elDiario.es que ha llegado a acuerdos con Murcia, Catalunya, Navarra, Canarias, Extremadura, Baleares, País Vasco para que sus centros educativos implanten sus servicios, y está en negociaciones con otras dos comunidades. Microsoft hizo lo propio con Castilla y León, mientras que otras como Cantabria o Asturias incluyen sus herramientas entre las instrucciones de inicio de curso para sus docentes.
En Madrid, la Consejería de Educación ha puesto en suspenso el uso de estas herramientas mientras se aclara su nuevo encaje en la protección de datos. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio puso en duda su legalidad, aunque Google y Microsoft defienden que siguen siendo perfectamente válidas. Mientras, los directores de los institutos presionan a la Consejería para que les permita utilizar las herramientas de Google en este curso que acumula más dificultades que nunca. “Tenemos la sensación de que no nos están dejando trabajar”, denuncian.
Mientras, Google promociona sus servicios entre los centros educativos de toda España. Este miércoles organiza un acto en un instituto de Navarra, una comunidad en proceso de googleficar su educación pública completamente (30.000 estudiantes navarros disponen de un Chromebook, el ordenador portátil de la multinacional, como plataforma básica de trabajo y usan todas sus herramientas en su día a día).
“Lo más importante cuando estás trabajando con alumnos de un colegio o instituto es que las cosas funcionen. Un centro educativo no puede permitirse perder tiempo en estar arreglando cosas que no funcionen correctamente. Eso es justo lo que te aporta Google”, explica a elDiario.es Curro Chust, profesor de tecnologías educativas y coordinador TIC del instituto público Julio Caro Baroja de Pamplona, que la multinacional americana ha elegido para poner de ejemplo de sus servicios.
El Julio Caro Baroja es un instituto con 600 alumnos de 50 nacionalidades diferentes, “al que acuden los menores de las familias provenientes de algunas de las zonas más desfavorecidas de Pamplona”, expone Chust. En 2017 empezó a usar los Chromebooks y las herramientas de Google y la experiencia fue todo un éxito, hasta el punto de que el modelo ha sido adaptado a toda la comunidad. “Solo hay dos personas que hacen de administradores del sistema en toda Navarra. Solo dos, a tiempo parcial. Y les da igual administrar 30 equipos que 30.000, que son los que tienen ahora mismo. En un par de meses, cada alumno de secundaria tendrá su propio ordenador [Chromebook], que deben devolver al final de la etapa educativa”, detalla.
“La clave del sistema es que es sencillo. Arrancar una clase con 12 ordenadores con Windows teniendo 30 alumnos, cuando solo en arrancarlos se tardan 15 minutos... los centros no pueden perder el tiempo. Si eso pasa, lo que ocurre es que al final la tecnología se queda aparcada”, continúa el docente, que también es consciente de que las herramientas de la multinacional conllevan otro tipo de riesgos: “Google dice que no utiliza para publicidad los datos de los alumnos y que los destruye cuando acaban el instituto, pero eso es algo en lo que no te queda otra que fiarte de su palabra”.