Las grandes teleoperadoras europeas tienen el negocio de las multinacionales digitales estadounidenses en su punto de mira y quieren el apoyo de Bruselas para meterle mano. Primero han conseguido el visto bueno de la Comisión Europea a su plan para crear un gigante de la publicidad online que gestione los datos personales de los usuarios para hacer anuncios segmentados en competencia directa con Google y Meta. Su siguiente objetivo es una regulación que obligue a las tecnológicas que acumulen más tráfico a pagarles una tasa por copar sus infraestructuras de red.
La idea no es nueva pero lleva una década en la nevera. Las tecnológicas consiguieron pararla hace diez años argumentando que la propuesta viola los principios de la neutralidad de la red, que establece que todos los contenidos que circulan por la infraestructura digital deben ser considerados iguales y tratarse de la misma manera. “Es un ataque al Internet libre y abierto”, argumentan. El hecho de que fuera una legislación dirigida contra un grupo concreto de empresas más que un conjunto de normas para un sector económico tampoco ayudó a que saliera adelante. Sin embargo, el clima en Bruselas respecto a las grandes tecnológicas ha cambiado y las telecos quieren aprovecharlo.
La UE se ha mostrado proclive a crear normas específicas para las grandes tecnológicas estadounidenses en este legislatura. La nueva Ley de Servicios Digitales, aprobada el pasado verano, impone responsabilidades específicas a los gigantes digitales que superan un determinado número de usuarios y limita su posición dominante en el mercado. Ahora las telecos han convencido a la Comisión para que se posicione sobre su idea de un peaje por grandes necesidades de red. “Sí, lo anunciaré pronto. En Barcelona”, ha declarado este martes a Reuters Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, en referencia al Mobile World Congress que se celebra en la capital catalana del 27 de febrero al 2 de marzo.
Varias fuentes habían confirmado en los últimos días a elDiario.es que el Ejecutivo comunitario abrirá de forma inminente una consulta pública para escuchar a los diferentes actores y valorar si las grandes tecnológicas deben asumir algunos costes de las redes de telecomunicaciones. Y si es así, quién, cómo y cuándo debe pagar.
Ambos bloques se han lanzado ya a la batalla por el relato. Y una de las que va a marcar el terreno de juego es el propio nombre de la iniciativa. Las tecnológicas denominan a la propuesta “tasa de redes”, mientras que las telecos lo llaman “contribución justa”. A partir de ahí cada grupo ha sacado la batería de datos para defender sus posiciones.
Las telecos alegan que solo seis empresas copan la mayoría del tráfico. A nivel global, Google (21%), Meta (15%), Netflix (9%), Apple (4%), Amazon (4%) y Microsoft (3%) consumen más recursos de infraestructura de red que todos los demás servicios digitales restantes. Una situación que no se compensa económicamente, protestan: “Todos los operadores de red europeos que inviertan en redes gigabit deberían poder contar con una contribución justa y proporcionada de las grandes plataformas tecnológicas a los costos de red que generan con su tráfico”, recordaron a Bruselas las patronales de telecomunicaciones española, italiana, belga, francesa, rumana y checa, además de la europea que engloba a las empresas de toda la UE, ETNO.
Los operadores de red europeos que inviertan en redes deberían poder contar con una contribución justa y proporcionada de las grandes plataformas tecnológicas a los costos de red que generan con su tráfico
Una situación a la que suman la contribución en materia de impuestos y empleo. Antes de los despidos masivos del sector tecnológico, estas empresas daban trabajo a unas 3.800 personas en España, en contraposición a los 28.000 trabajadores que emplean Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil, según los datos de UGT.
Las tecnológicas por su parte se quejan de que las telecos quieren cobrar dos veces, puesto que los usuarios ya pagan por sus conexiones a Internet. “Gravar también a las plataformas para que paguen cuando un usuario utiliza la conexión para visualizar un vídeo o escuchar música, equivaldría a gravar por duplicado el mismo servicio”, recalcan desde la patronal Ametic, a la que pertenecen empresas como Apple, Google, Microsoft o Amazon.
Gravar también a las plataformas para que paguen cuando un usuario utiliza la conexión para visualizar un vídeo o escuchar música, equivaldría a gravar por duplicado el mismo servicio
También ponen sobre la mesa el mismo argumento que cuando este debate afloró por primera vez: un peaje a los contenidos de las grandes tecnológicas va contra el principio de igualdad para cualquier tipo de información que circule por Internet. “Condicionar el uso de la red al pago de una tasa daría a las compañías de telecomunicaciones el poder de discriminar entre diferentes contenidos. El resultado sería una restricción a la libre distribución de contenidos y aplicaciones y, por consiguiente, la limitación del poder de elección del usuario final”, insisten desde Ametic.
Las tecnológicas también están dispuestas a presentar datos que desmienten su menor contribución a la economía. Defienden que el valor y empleo que se crea dentro de sus plataformas también debe ser tenido en cuenta. Un valor que fuentes de Google cifran en 420.000 millones de euros al año solo en sus productos.
“Cuando hablamos del tráfico de Google o YouTube, olvidamos que se trata de la internet abierta: creadores, editores, desarrolladores, pymes. Por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones a través de Play, etc. Todo ello equivale a un excedente económico que se distribuye entre todos los usuarios de internet y las empresas de toda Europa”, recuerdan a este medio fuentes de la multinacional, que también ha querido posicionarse directamente en este debate.
El comisario Breton ya se había mostrado a “revisar” el modelo de financiación de las redes. “Las normas vigentes desde hace veinte años están caducando, y los operadores ya no obtienen el rendimiento adecuado de sus inversiones. Es necesario reorganizar la justa remuneración de las redes”, declaró en mayo. La responsable de Competencia del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, se ha posicionado en el mismo sentido. Incluso la vicepresidenta española Nadia Calviño es partidaria de modernizar el modelo.
Las normas vigentes desde hace veinte años están caducando, y los operadores ya no obtienen el rendimiento adecuado de sus inversiones. Es necesario reorganizar la justa remuneración de las redes
“Tenemos que encontrar una fórmula de contribución equilibrada para que los actores más importantes del sector contribuyan de forma justa a compartir los costes de estas inversiones estratégicas”, manifestó Calviño en un reciente acto sobre este debate organizado por UGT: “Para ello tenemos que asegurarnos de que Europa tiene un marco regulatorio que asegure la igualdad de condiciones. De lo contrario, no podremos beneficiarnos de los productos y servicios digitales del futuro en buenas condiciones”.
Así las cosas, las grandes tecnológicas optan por pedir a las instituciones que no se precipiten. “Ametic solicita prudencia por parte de las autoridades competentes y que se inicie un periodo de debate y reflexión que integre a todos los actores implicados”, pide su patronal en España. Desde el sector de las telecos interpretan esta postura como un intento de retrasar una regulación contraria a los intereses de estas multinacionales, aunque se remiten al comunicado público emitido desde su propia patronal, DigitalES.
“Desde DigitalES coincidimos en la necesidad de un debate abierto sobre cómo alcanzar una contribución que sea justa, de modo que las grandes plataformas digitales ayuden a la gestión del tráfico que generan y que tensiona enormemente la capacidad de las redes”, explican en un comentario enviado este lunes: “Todo esfuerzo en este sentido contribuirá a que la economía digital del futuro se cimente sobre unas bases más sólidas, equitativas y competitivas”.
En cualquier caso, el proceso de consulta pública es solo el primer paso del largo trayecto burocrático que debería recorrer la propuesta legislativa para hacer que las tecnológicas paguen por su uso de las redes. Un proceso que podría durar unos dos años y en el que habría que sumar los esfuerzos del lobby tecnológico de Bruselas, el sector que más gasta en estas herramientas de presión.
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