El “arquitecto” de los atentados aún no ha sido juzgado 16 años después del 11-S

Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el “arquitecto” de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pasará el 16º aniversario de la masacre sentado en una celda de Guantánamo preparando su 25º vista previa al juicio.

La sesión se celebrará el mes que viene. La última estimación de los fiscales militares es que la selección del jurado para el juicio por terrorismo contra Mohammed empezará en enero de 2019. Sin embargo, los expertos que mejor conocen el caso creen que ese cálculo es extremadamente optimista y se preguntan si el hombre arrestado en Pakistán en 2003 llegará a ser juzgado.

“Costará otros dos, tres o cuatro años llevar el caso a juicio y, después, aproximadamente otro año de proceso”, afirma a the Guardian el abogado del acusado, David Nevin, de 53 años. Nevin calcula que probablemente se inicie después un recurso que podría llevar cinco años. Ese recurso podría ir subiendo de instancia durante unos tres o cuatro años hasta llegar al Tribunal Supremo que, en aproximadamente cuatro años, podría dictar sentencia dentro de unos 18 años, 34 después de los atentados.

“Hay muchas posibilidades de que mi cliente muera en prisión antes de que se termine el proceso”, indica Nevin. “No tengo las estadísticas de esperanza de vida de alguien que está en una prisión estadounidense, teniendo en cuenta además que se trata de alguien que ha sido torturado, pero estoy seguro que es menor de lo normal. Por eso hay que preguntarse por qué estamos haciendo esto de esta manera. Nos estamos gastando millones y millones de dinero público cada semana para algo que podría ser inútil”.

Terry McDermott, coautor del libro The Hunt for KSM, estuvo presente en la anterior vista de Mohammed, celebrada el mes pasado. “Parece que tiene 83 años, es como un pequeño anciano”, cuenta. “Todavía tiene las cejas negras y se tiñe la barba con henna, pero su pelo es completamente blanco”.

El final del caso, llevado por un tribunal militar, parece más lejano que nunca. La defensa busca revocar al juez y a los fiscales, a quienes acusa de permitir disimuladamente el desmantelamiento de uno de los “centros secretos” estadounidenses en el extranjero donde se cree que Mohammed fue continuamente torturado. Este desmantelamiento elimina pruebas vitales en el caso, alega la defensa. Por su parte, la Fiscalía pide la pena de muerte.

Un pequeño grupo de familiares de víctimas del 11-S estuvo presente en la última sesión. Ellen Judd, de 66 años, perdió a su pareja Christine Egan, con quien llevaba 15 años: “Me costó mucho armarme de valor [para estar presente]”. “La sensación de pérdida nunca desaparece”, cuenta Judd, añadiendo que la presencia de familiares en las sesiones judiciales es importante. “Es parte del proceso de luto, de recuerdo, pero también es para ser testigo”, sostiene.

Karen Greenberg, directora del Center on National Security de la facultad de Derecho en la Fordham University, Nueva York, sostiene que se debería devolver el caso de Mohammed al sistema judicial civil estadounidense, donde estuvo a punto de ser juzgado en 2009, hasta que el Gobierno decidió que era demasiado arriesgado hacerlo.

A pesar del cambio en la legislación que impedía llevar a los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos, Greenberg cree que Mohammed y otros acusados deberían ser juzgados en un tribunal federal de Washington o Nueva York por videoconferencia.

“Tenemos que juzgarles”, afirma. “Este retraso es vergonzoso. Es destructivo y ensombrece el sistema judicial estadounidense. Como nación, no puedes cerrar lo ocurrido el 11 de septiembre mientras tengas gente en custodia esperando a ser juzgada. A los estadounidenses se les está privando del derecho a la justicia”.

McDermott cree que es posible que se llegue a un acuerdo en el que la defensa abandone sus intentos por recusar al juez y a los fiscales a cambio de que el Gobierno no solicite la pena capital.

En un documento de 26 páginas publicado por el Pentágono en 2007, se cita a Mohammed confesando haber decapitado al periodista Daniel Pearl y reivindicando decenas de atentados y planes de atentados terroristas. En el documento, se cita a Mohammed confesando: “Fui responsable de la operación del 11-S de la A a la Z”.

Sin embargo, el acusado todavía no ha declarado y no está claro cuántas pruebas habrá que no estén manchadas por acusaciones de torturas. Ese y el problema de la gran cantidad de documentos secretos son dos asuntos que están ralentizando el proceso y obstaculizando las opciones para devolverlo a los tribunales civiles, sostiene Nevin.

Michael Bachrach, el abogado que representó a Ahmed Ghailani, terrorista de Al Qaeda procedente de Tanzania declarado culpable en Nueva York en 2010 por su participación en los atentados de 1998 contra las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania, no está de acuerdo. “Mohammed debería haber sido juzgado hace años”, cuenta. “Creo que podría tener un juicio justo en un tribunal federal y el caso Ghailani lo demuestra. Teníamos material secreto y no secreto, torturas, y aun así el jurado accedió a todo a lo que tenía que acceder”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti