Acción Ecológica es una organización ecuatoriana de reconocido prestigio internacional, querida y respetada por un historial de 30 años de trabajo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, sobre todo los de los pueblos más vulnerados. A finales de 2016 el gobierno de Rafael Correa inició los trámites administrativos para su disolución. Entre los argumentos oficiales para decretar el cierre se esgrimía que Acción Ecológica se desvía de los fines y objetivos para los que fue constituída o que Acción Ecológica se dedica a denunciar los impactos que el extractivismo tiene en Ecuador. Faltaría más. Precisamente es esa una actividad que encaja perfectamente en el objetivo para el que fue creada, como se puede comprobar en sus estatutos: la defensa de la naturaleza. Por tanto la notificación de cierre es ridícula y trata inútilmente de esconder una clara acción política de represión, silenciamiento de la disidencia e intento de domesticación de aquellos que se rebelan cuando los principios constituyentes son violados.
Afortunadamente, Acción Ecológica no está sola y su empeño y resistencia, combinada con el apoyo y presión solidaria dentro y fuera de Ecuador ha terminado forzando que el Ministerio del Ambiente rechace la pretensión del gobierno. Sin embargo, no es posible bajar la guardia. No se trata de un capricho coyuntural de Correa, sino que, mientras el modelo económico que se persiga sea el que se basa en el extractivismo y la expulsión de personas, el trabajo de Acción Ecológica o de organizaciones afines, seguirá siendo incómodo, molesto e inevitablemente confrontativo.
Acción Ecológica se ha significado en la defensa de los pueblos originarios y, en concreto, en la del pueblo Shuar, que desde hace años está viendo amenazada sus superviviencia en el sur del país por la actividad de empresas mineras y petroleras. El avance del extractivismo en esa zona conlleva un acaparamiento y contaminación de tierras y agua que son una sentencia de muerte para esta comunidad, que vive en íntima relación con los bosque y los territorios ancestrales que habita. En los últimos años han muerto tres dirigentes Shuar, en unos acontecimientos no esclarecidos hasta la fecha y sin que se hayan encontrado culpables.
Actualmente en la provincia de Morona Santiago el pueblo Shuar intenta resistir a los ataques del gobierno, que les ha expulsado de sus tierras ancestrales para permitir un mega-proyecto de minería de cobre a cielo abierto de la empresa china Explorcobres S.A., con una escalada de tensión en las últimas semanas que ha devenido en unos lamentables enfrentamientos con la policía con final trágico. El proyecto se encuentra en fase exploratoria y avanza a buen ritmo sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas, cuyos recursos legales y alegaciones son sistematicamente ignoradas por el gobierno.
Es importante resaltar que Ecuador se encuentra inmerso en pleno período pre-electoral; a mediados de febrero el pais andino eligirá un nuevo presidente y el candidato oficialista lidera los sondeos. Es patente el nerviosismo porque proyectos mineros como el mencionado, salgan adelante. Y para ello el gobierno no está escatimando medios: ha procedido a una absoluta militarización de la zona, decretando el estado de excepción, que suspende derechos, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias. Se suceden las denuncias de campesinos por violaciones de los derechos humanos. Todo con tal de tranquilizar a los inversores. Es muy significativo que el gobierno chino haya mostrado su preocupación por los enfrentamientos y haya agradecido al gobierno de Correa su rápida respuesta para controlar la situación.
Acción Ecológica ha brindado apoyo y asesoramiento al pueblo Shuar durante años, en relación a los impactos ecológicos del extractivismo minero y su afección a los derechos humanos. Por tanto el cierre de Acción Ecológica es un castigo del gobierno, una represión en toda regla del ecologismo más político; aquel que da voz a las comunidades, a los “ecologistas pobres”, como diría Martinez Alier, que siendo los que viven en mayor armonía con su medio, son los más castigados por un modelo de desarrollo que les ignora y aniquila.
Ecuador no es una excepción al patrón al que durante los últimos 15 años en mayor o menor medida se han ajustado los diferentes gobiernos de la izquierda latinoamericana: poner cierto freno a las reformas neoliberales, renegociar contratos con las empresas transnacionales para retomar el control de la economía, aumentar los ingresos públicos a través del extractivismo, y usar parte de sus excedentes en cubrir programas sociales, conseguiendo así reducir la brecha social, ganando de paso legitimidad popular. La posibilidad de repensar los modelos de desarrollo, derivada de una nueva cosmovisión que colocaba a las personas y a la naturaleza en el centro, se ha quedado meramente por tanto en el plano teórico.
Por ejemplo, la iniciativa ITT-Yasuní, que pretendía dejar de explotar un bloque petrolero en el subsuelo amazónico a cambio del pago, en forma de devolución de deuda ecológica, de la mitad de los ingresos que generaría su extracción, terminó en fracaso. Surgida de la sociedad civil -con la participación fundamental de Acción Ecológica-, la iniciativa fue adoptada por el gobierno ecuatoriano en 2007. Sin embargo, la amenaza extractivista siempre planeó sobre el proyecto y, escudándose en el tibio apoyo internacional (que, por otro lado, ciertamente fue muy escaso), Correa autorizó finalmente en 2013 la explotación de estos campos. En un marco más amplio, mientras la Constitución de Montecristi (2008) incluyó un régimen del Buen Vivir (Sumak kawsay), que abordaba elementos como la convivencia social, la inclusión y la equidad, la biodiversidad, el cambio climático o los derechos de la naturaleza, o el estado plurinacional, al final desarrollo práctico de estos conceptos se ha visto arrollado por la realpolitik.
Ello ha resultado no solo en el mantenimiento sino en la profundización del mismo modelo productivo exportador, abriendo nuevos campos de operación minera, petrolera y agroindustrial que junto con empujes similares en otros gobiernos de la región han extendido la frontera extractiva por toda Latinoamérica. Pero es este un modelo que a pesar de los intentos no ha producido una sustancial mejora en la protección ambiental; la razón esencial es que sigue asimilando desarrollo a un crecimiento conseguido a base de esquilmar la naturaleza, generando un bienestar efímero susceptible al desvanecimiento según cambien los precios de las materias primas o cambien las correlaciones de fierzas en los mercados internacionales. En lo tocante a la sostenibilidad, al final tenemos lo mismo de manera diferente. Pero dar la espalda a los límites físicos del planeta, no hace que estos desaparezcan. La incapacidad para huir de la narrativa del crecimiento económico permanente ha imposibilitado avanzar hacia un post-extractivismo, acrecentando los conflictos por los recursos. De hecho el cobre, el mineral que se encuentra en el centro del conflicto con los Shuar, es un buen ejemplo del agotamiento del Planeta. Su inminente pico de producción ilustra bien el “peak everything” al que nos enfrentamos, y explica los nervios del gobierno chino.
Tampoco este modelo ha significado un avance de los derechos humanos, ni siquiera concebidos de una forma clásica. En este sentido conviene recordar que no es la primera vez que el presidente ecuatoriano intenta cerrar Acción Ecológica. Ya lo intentó en 2009 como castigo a las críticas ecologistas a los planes mineros, aunque dada la magnitud de la respuesta de rechazo popular a esta agresión, también tuvo que recular. Acción Ecológica ha reportado en una elocuente infografía más de un centenar de agresiones sufridas por la organización en la última década. La variada tipología incluye difamación, amenazas, descalificaciones, vigilancia,...Seis de cada diez procedieron del Estado (gobierno, fuerzas del orden, funcionarios,..). Cabe destacar además que la gran mayoría de estas agresiones se realizaron contra mujeres de la organización.
Pero Ecuador no solo ha continuado por la senda extractivista, vaciando progresivamente de contenido el Mandato Minero que acompañó la Constitución, y que obligaba a acabar con las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas. También acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio con la UE que confiere grandes ventajas al agronegocio y dañará a los pequeños productores campesinos.
Ecuador se aleja así de la defensa de los Derechos de la Naturaleza con los que un dia coqueteó. Y en este rumbo, el ecologismo crítico le molesta. Quizás porque le recuerda lo que no pudo cumplir. A ver si de una vez por todas el gobierno de Correa entiende que no debe subestimar la fuerza y la solidaridad internacional del movimiento ecologista y de la justicia ambiental. Necesitamos a Acción Ecológica y volveremos a alzar nuestras voces cuando sea necesario para que siga abierta. Quitar la personalidad jurídica a una organización dificulta obviamente su actividad y es un atropello, pero la legitimidad, la razón, la verdad y la justicia que hay detrás de cualquier acto, no te la da ni te la quita quien precisamente vulnera los principios constituyentes que un día un pueblo adoptó para organizar la vida en común. Acción Ecológica tiene legitimidad para seguir adelante con su trabajo y es una referencia indiscutible para nosotros y nosotras.