Mucho se está debatiendo sobre los fondos Next Generation de la UE o, mejor dicho, mucho se está debatiendo sobre quiénes debieran tener el mayor peso en su gestión, sobre la participación de determinados grupos empresariales en su implementación o sobre la oportunidad de llevar a cabo proyectos públicos o público-privados que se mantenían guardados en los cajones de tantos despachos a la espera de tiempos de bonanza.
Sin embargo, poco se habla sobre sus contenidos, sobre las estrategias que deben contribuir al cambio de rumbo que nuestras estructuras sociales, culturales, políticas y económicas reclaman, sobre la construcción de las comunidades que necesitamos para vivir inmersos en una coyuntura de covid19 y para ser capaces de resistir otros azotes ecosociales que este tiempo pandémico ha inaugurado con urgencia.
Y es que, como señalan y reclaman movimientos sociales y comunidad científica, esta situación hace que emerja una crisis ecosocial mucho más profunda que amenaza, como nunca había sucedido en la historia, con poner en peligro la propia supervivencia del planeta y de las vidas que alberga. Una aparente crisis sanitaria que se superpone a la triple crisis ecológica, de cuidados y económica, que pone en evidencia el conflicto entre el capital y la vida o, dicho de otro modo, revela la incompatibilidad del mantenimiento de un sistema basado en el ánimo de lucro, la maximización de beneficios, la financiarización de la economía y el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo, con los procesos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales que aseguren el mantenimiento de la vida (digna), en cualquier lugar del planeta, tanto en el presente como, particularmente, en el futuro.
Y es desde esa perspectiva, desde donde deben plantearse los proyectos que contribuyan de forma progresiva a impulsar las transiciones necesarias en los diferentes ámbitos de nuestras vidas individuales y colectivas para revertir la lógica de dicha crisis sistémica y poliédrica.
La UE anuncia estos fondos como los de la recuperación para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus y para prepararse para eventuales emergencias futuras. Cita entre sus objetivos la investigación e innovación, las transiciones climática y digital justas, la preparación, recuperación y resiliencia, la modernización de políticas como las de cohesión social y política agrícola, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad o la igualdad de género.
Son, sin duda, contenidos que deben formar parte del impulso de las transiciones que señalamos, pero debemos preguntarnos sobre su pertinencia (¿son todas las necesarias?) sobre sus objetivos (¿transforman y sientan las bases de un nuevo tiempo y una nueva organización de la vida?) o sobre su gestión (¿promueven la capacidad de agencia ciudadana y la articulación de los agentes transformadores del territorio?). De momento, pocas respuestas tenemos a estas preguntas, porque más allá de declaraciones genéricas, está prevaleciendo la desinformación y la poca transparencia en el proceso de identificación de los proyectos y su negociación en las diferentes escalas local, estatal y europea.
Desde los sectores que conformamos la economía social y solidaria y, en general, las llamadas economías críticas y transformadoras como la feminista, ecológica o de los comunes, consideramos que dichos fondos deben dirigirse de forma prioritaria a reorientar las políticas económicas necesarias que permitan identificar, articular y promover las transiciones que, en diversos ámbitos sociales, ambientales y culturales deben producirse y que, necesariamente, deberán conducir a una transformación efectiva de las actuales y mayoritarias estructuras capitalistas de financiación, producción, comercialización y consumo.
Y es en esa transformación económica donde situamos las propuestas de la economía social y solidaria que consideramos debieran ser apoyadas para que sus efectos sean significativos, multiplicadores y contribuyan al cambio deseado. Sus propuestas son las siguientes:
- Diseñar y promover una nueva organización social de los cuidados que asegure el derecho al cuidado de todas las personas, su desarrollo en condiciones dignas y la creación de las estructuras necesarias para su provisión, garantizando en ellas la responsabilidad pública y la participación de la comunidad.
- Desarrollar una estrategia urgente de transición ecológica que incluya propuestas prácticas y evaluables en materias como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión ecológica de los residuos, la limitación del consumo de recursos, la gestión pública y eficiente del agua, la defensa de la biodiversidad o la gestión sostenible del territorio.
- Impulsar un cambio en el sistema productivo que coloque la vida en el centro de toda su actividad, priorizando la producción de bienes y servicios de utilidad social y al servicio del bien común, a través de programas de emprendimiento social y cooperativo, promoción de las economías directa y circular, la corresponsabilidad en las tareas productivas y reproductivas, etc.
- Promover herramientas de soporte y valorización de las cadenas económicas locales, a través de la protección de la producción local, la financiación ética y responsable, el desarrollo de circuitos cortos de comercialización y comercio local sostenibles, así como la promoción de un consumo transformador que, por parte de las instituciones públicas se materialice en el despliegue de una política decidida de compra pública responsable.
- Apostar estratégicamente por el desarrollo del sector de la economía social y solidaria, apoyando el fortalecimiento y crecimiento de las actividades económicas impulsadas por la iniciativa social y, particularmente, las desarrolladas en sectores estratégicos como la banca ética, las cooperativas de generación, comercialización y consumo de energías renovables, las iniciativas asociativas de promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, el comercio justo, la gestión sostenible de residuos, la intervención social, los cuidados y el desarrollo comunitario, las tecnologías abiertas y la comunicación libre o las viviendas cooperativas de cesión en uso.
- Avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza más abierto, distribuido, deliberativo y corresponsable, que permita profundizar en la democracia para abordar de manera conjunta los complejos desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad local y global, promoviendo la activación y participación ciudadana, así como la articulación de agentes locales, desarrollando modelos de autogestión y cogestión, y facilitando el crecimiento de las economías comunitarias y las iniciativas de apoyo mutuo.
- Promover una estrategia a de construcción, gestión colectiva y defensa de los bienes comunes. Los procesos de mercantilización de cada vez más aspectos y necesidades de la vida y, por tanto, de la privatización en su provisión y acceso, hace que sea más necesario que nunca identificar y defender todos aquellos bienes y servicios que debieran estar fuera de la lógica del mercado capitalista, fomentando herramientas de gestión público-comunitarias.
El movimiento de la economía social y solidaria cuenta con experiencia y con propuestas concretas de desarrollo de estos ámbitos que debieran ser tenidas en cuenta en toda estrategia que trate de profundizar en las transformaciones económicas que nuestras sociedades necesitan para emprender las transiciones ecosociales que contribuyan a construir futuros más equitativos y emancipadores para el sostenimiento de la vida de nuestro planeta.
¿Serán capaces las instituciones locales, estatales y europeas de considerar estas propuestas en el desarrollo de los planes de recuperación o, por el contrario, contribuirán al lavado de cara de un modelo que se ha demostrado insostenible ambiental y socialmente?
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