Lidiar con una población en aumento es un desafío para el sistema alimentario mundial no sólo en términos productivos y, por ende, de consumo, sino también debido a las presiones ambientales asociadas. Las agencias globales y nacionales vienen haciendo un esfuerzo de diagnóstico cada vez mayor, y también desde un punto de vista normativo se aprecian más iniciativas que tienen como objetivo aminorar la carga ambiental (y social) asociada a prácticas inadecuadas en la esfera del consumo y de la producción.
Así, por ejemplo, en los últimos meses en España se ha generado un vivo debate alrededor del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, canalizado a través de la plataforma #LeySinDesperdicio, que supone una importante llamada de atención social, y que tiene como objetivo reducir el despilfarro de alimentos sin consumir. Sin embargo, esta iniciativa legal parece quedarse claramente insuficiente y por debajo de las expectativas y exigencias de un sistema tan complejo como el alimentario.
El nivel de atención alrededor de las presiones ambientales referidas al desperdicio y los residuos alimentarios es tal que, entre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030 (ODS) se incluye el de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y el consumo, así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro (Meta 12.3 dentro del objetivo de Producción y Consumo Responsable).
Se calcula que cerca del 30 % de la producción mundial de alimentos se desperdicia o se convierte en residuo a lo largo de toda la cadena alimentaria, con desperdicios debido a carencias técnicas del lado de la producción y el suministro, en los países más pobres, y mayor generación de residuos en el consumo alimentario y la venta al por menor, en los más ricos. En un contexto europeo, diversos trabajos proporcionan cifras que oscilan entre 173-290 kg per cápita y año de pérdidas y residuos alimentarios.
Gran parte de estas presiones ambientales del consumo han sido atribuidas a los hogares. Por esta razón, se considera que el estudio de su “metabolismo” alimentario, es decir, de la contabilidad física relacionada con las categorías de alimentos que se consumen dentro de esa unidad socioeconómica, es relevante en términos de evaluación de la sostenibilidad. En ese sentido, se necesitan enfoques innovadores para apoyar esfuerzos políticos efectivos, y esta herramienta analítica puede ser muy útil para obtener un diagnóstico riguroso que ayude a reconducir la situación por derroteros de bajo impacto.
A través de esta breve tribuna se intenta contribuir a visibilizar la importancia de este debate mediante los resultados de un trabajo1 sobre pérdidas y residuos en la cadena alimentaria de las comunidades autónomas en España a partir de los datos biofísicos directos de consumo alimentario de los hogares proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Familiares en España (EPF) para el periodo pre y poscrisis (2006-2012).
La investigación realizada a partir de esta información muestra la estimación de la cantidad per cápita de desperdicios y residuos generados en cada una de las grandes etapas de la cadena alimentaria a lo largo del período analizado en los hogares de España y las distintas comunidades autónomas.
Para el conjunto del país, el análisis realizado ha estimado que entre el 44 y el 49% del total de los residuos sólidos urbanos son residuos orgánicos, procedentes en su gran mayoría del consumo alimentario de los hogares. Este gran volumen de residuos se refleja en el peso que el consumo de alimentos por parte de los hogares tiene dentro de las pérdidas y residuos totales generados a lo largo de toda la cadena alimentaria. En España, se estima que cerca del 35% de la suma entre desperdicios y residuos alimentarios corresponde a la fase de consumo de los hogares dentro del período 2006-2012, con valores que oscilan entre 2,7-2,9 millones de toneladas de residuos totales, lo que se corresponde con niveles de 61,7 y 66,1 kg per cápita en el inicio y el final del período, respectivamente. Le siguen las pérdidas estimadas para la fase de producción agraria, que suponen algo más del 33% del total (entre 57,7 y 61,7 kg per cápita en el período estudiado), con pesos menores del 15 % para las pérdidas del resto de las fases de la cadena alimentaria (gestión poscosecha, procesado y empaquetado y distribución).
Sin embargo, se observan diferencias dentro de los hogares de las distintas regiones, que dependen del peso que cada producto tiene en el consumo alimentario total. Se encuentran, por ejemplo, mayores niveles de desperdicio asociado a los hogares de regiones del norte, especialmente el noroeste, donde destacan los hogares de Galicia, con niveles de residuos asociados al consumo por encima de los 75 kg/habitante en 2008, los hogares asturianos, que alcanzan los 72 kg/habitante en 2010, o los de Castilla y León, que se acercan a los 72 kg/habitante en 2008. Por el contrario, son los hogares de las Islas Baleares y las Islas Canarias (55,6 y 53,4 kg/habitante, respectivamente), así como los de las regiones mediterráneas, aquellos que presentan menores niveles de residuos asociados al consumo. Estos patrones, lógicamente, se vuelven a dar en las fases de la cadena alimentaria asociadas a la industria agroalimentaria, donde los hogares gallegos y castellanoleoneses vuelven a encabezar la clasificación regional, seguidos de los hogares aragoneses y navarros, y la cierran los hogares de las islas y de Extremadura, con los menores desperdicios asociados a su consumo alimentario dentro de estas fases de la cadena. En lo que se refiere a la producción agraria, sólo los hogares de Galicia llegan a superar niveles de más de 70 kg/habitante de pérdidas asociadas al consumo.
Más allá de los números concretos, con todas sus incertidumbres, aquí es importante subrayar que un diagnóstico de las diferencias en los consumos, las presiones ambientales y el despilfarro alimentario de los hogares a nivel regional puede tener mucha relevancia en el diseño de políticas públicas efectivas, puesto que pueden servir de enlace entre las grandes directrices que se proponen a nivel global, de la Unión Europea o nacional.
La propia dimensión del asunto, así como la relación del consumo alimentario con la crisis climática y la que afecta a la biodiversidad son un claro llamamiento a actuar, lo antes posible, de manera contundente en un contexto de creciente incertidumbre alimentaria derivado de nuevas crisis, como los efectos de la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania.
Escrito junto a Oscar Carpintero. Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid.
1 El estudio completo, que lleva por título “Household food metabolism: Losses, wastes and environmental pressures of food consumption at the regional level in Spain”, está disponible a través de este enlace.