Nuevo giro en el juicio de Carlota Prado contra José María López por el caso de supuestos abusos sexuales dentro de la casa de Gran Hermano. Como desvela 20 Minutos, el abogado de la joven, Santiago Marín, ha dimitido y renunciado a seguir representando a la exconcursante del programa.
Aunque esta decisión se ha conocido ahora, el citado diario explica que la renuncia se produjo la semana pasada, la misma en la que los médicos forenses determinaron que Carlota Prado está en condiciones de declarar en el juicio. Esa era hasta la fecha la última actualización de este caso, después de que en el mes de junio se pusiese una nueva fecha para su celebración (3 y 8 de noviembre). Recordemos que se suspendió la vista inicial el pasado febrero por petición precisamente de Santiago Marín como abogado de la acusación, que no compareció alegando problemas psiquiátricos.
Como explica 20 Minutos, los motivos de la dimisión del abogado no pueden ser revelados en virtud del secreto profesional. Carlota Prado tendrá ahora unos días para contratar a un nuevo letrado o aceptar que se le asigne uno de oficio.
Marín buscaba invalidar el proceso e iniciar uno nuevo
Como ya contamos, el fiscal solicita una condena de dos años y seis meses de prisión para el acusado, al que le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima. Idéntica cantidad que a la productora del programa, Zeppelin TV, por los daños ocasionados por mostrar a la concursante el vídeo de lo ocurrido en el confesionario de la casa, que se hizo público en 2019. Son cifras diferentes a las que pide la defensa de la joven, que solicita una pena de siete años, e indemnizaciones de 100.000 euros por daños morales tanto al acusado como a la productora.
El abogado de Carlota Prado, sin embargo, considera que el juicio está sufriendo un error en la instrucción y de acuerdo a la citada fuente, pretende invalidar el proceso e iniciar uno nuevo, elevando el delito de abuso sexual a violación con penetración. “Aquí se está juzgando un abuso sexual sin penetración por un error de procedimiento en la instrucción. Hay indicios serios, por las imágenes grabadas, de que hay penetración”, declaró el letrado el pasado febrero a las puertas del juzgado.
De cambiar la instrucción, la pena para José María López se elevaría a entre 4 y 10 años de cárcel, en vez de los dos años y medio que pide la Fiscalía actualmente. Igualmente, habría que revisar la indemnización, que asumiría la productora Zeppelin como responsable subsidiaria (como explica en su comunicado) en caso de que el acusado se declarase insolvente. Pero también inhibiría al Juzgado de lo Penal, que no tiene competencia para juzgar este tipo de casos. Esto haría que el proceso judicial se dilatase mucho más, pudiendo llegar incluso a retrasarse años.