El Gobierno del Reino Unido ha decidido ejecutar los planes para privatizar la televisión pública Channel 4, fundada en 1982, según avanzó la cadena en un comunicado.
El canal, que nació como alternativa a las también públicas BBC One y BBC Two, pero sufragado a través de la publicidad, mostró su “decepción” al constatar que el Ejecutivo no ha aceptado los argumentos en contra la privatización que se pusieron sobre la mesa durante el proceso de consultas previo a la decisión.
C4 presentó una “alternativa real” contra la privatización
La dirección de la cadena sostiene que presentó una “alternativa real” a la privatización que habría asegurado su “futura estabilidad financiera” al mismo tiempo que continuaba ofreciendo un servicio público a los británicos y contribuyendo a impulsar las “industrias creativas y la economía” del Reino Unido.
La televisión asegura que los planes del Gobierno requerirán un “largo proceso legislativo” y “debate político”, y sus responsables aseguran que mantendrán un contacto estrecho tanto con el Ejecutivo como con el Parlamento para “hacer todo lo que sea posible para asegurarse de que Channel 4 continúa jugando su papel único en el panorama creativo del Reino Unido”.
Los plazos para el proceso
Una fuente del Gobierno declaró a la BBC que “si bien Channel 4 como negocio está funcionando bien actualmente, la propiedad pública le está lastrando en un ambiente de rápidos cambios y competitividad”.
Como impulsora del proyecto, la secretaria de Cultura Nadine Dorries manifestó claramente que el objetivo es que la emisora se reconfigure para competir en el nuevo escenario de las plataformas: “He llegado a la conclusión de que el control del gobierno está impidiendo a Channel 4 competir con gigantes de streaming como Netflix y Amazon”. La política asegura que el cambio “dará las herramientas y libertad para florecer y prosperar como cadena de servicio público en el futuro a largo plazo”.
Según el diario The Telegraph, el Ejecutivo espera sacar a subasta la cadena en la primavera de 2023 con el objetivo de haber concluido la privatización antes de las próximas elecciones generales, previstas en mayo de 2024.