A vueltas con la Operación Deluxe. Ocho redactores de Sálvame investigados dentro de la causa han solicitado su caso. Como ya habían hecho los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y el director del programa, David Valldeperas, estos profesionales solicitan el sobreseimiento del procedimiento judicial en torno a la presunta revelación de secretos de más de un centenar de famosos que afecta al magacín.
El abogado de estos redactores, no identificados, presentó un escrito al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, que lleva el caso, donde califica de “pintoresco” todo el proceso, tal y como recoge Bluper.
Este investiga las supuestas filtraciones del policía Ángel Fernández Hita, y la colaboración de otros dos, a Gustavo González, imputado ya en 2018 por conseguir información privilegiada de celebridades. Se planteaba que el paparazzi, otrora tertuliano de Sálvame, pedía datos a Hita, quien ya reconoció haber filtrado datos por su “amistad” con aquel, pero sin haber recibido retribución por ello. La policía llegó a investigar las nóminas de González en el programa para tratar de acreditar un posible delito de cohecho, algo que se descartó.
Los redactores “no han visto en la vida” a Hita
El letrado que defiende a los redactores afirma que ninguno de ellos conoce a Hita: “No le han visto en la vida y, desde luego, nunca le han solicitado ninguna información o dato”, reiteran. Solo algunos de ellos tuvieron trato con González durante el tiempo en que este estuvo en Sálvame.
Es más, recuerdan que el fotógrafo también colaboraba con otros medios y que “muchas de las informaciones que comentaba en el programa también las abordaba en cualquier de las otras revistas con las que colaboraba”. Algo que destacan para cuestionar que se les investigue a ellos y no a los redactores, editoras o responsables de dichas publicaciones. Hay que decir que solo una redactora jefe fue interrogada en marzo de 2019 al respecto, pero la causa quedó archivada para ella.
Se considera que la investigación “ha transgredido o, cuando menos, ha sido muy poco respetuosa” con el secreto profesional que asiste a los periodistas, algo que ya enfatizaba Valldeperas en su escrito particular. Al igual que aquel, los redactores a través de su abogado señalan que se clonó el contenido de los teléfonos móviles de González “para revisar y extraer, entre otras cosas, las comunicaciones que un periodista mantenía con su fuente o con otros periodistas respecto a hechos de carácter noticioso”
Esto es considerado una “injerencia” de carácter “extraordinariamente intenso” en la actividad profesional del periodista del corazón. “No se trata en este trance de cuestionar decisiones del Juzgado ya materializadas”, argumenta. “Simplemente se pretende significar que el hecho de no haber tomado siquiera en consideración la eventual afectación del derecho a la información por las medidas de investigación adoptadas”. Eso, esgrime, “vicia el juicio de proporcionalidad” del Juzgado y “lesiona el derecho fundamental”.
Los mensajes con González “remiten a cuestiones de relevancia periodística”
Sobre las conversaciones que se encontraban en los móviles entre los citados en la investigación y González, se reafirman en que estos mensajes “remiten a cuestiones de relevancia periodística”, y señalan que las responsabilidades que pudieren achacárseles responden a la información publicada, no al carácter u origen de los datos que reciben y que no hacen público.
De hecho, se pone en valor “una de las anomalías que presenta este procedimiento”, a juicio del abogado: “No se dice, en definitiva, que se haya publicado nada que no debiera haber sido objeto de difusión. Se cuestiona la forma en la que se dice que mis representados pudieron obtener determinados datos para elaborar informaciones periodísticas, sin cuestionar propiamente la información a la que tales datos servían de soporte”.
Se recalca que “no solo no ha existido ninguna intencionalidad de causar un perjuicio” por parte de estos periodistas. “Tampoco por el acceso o el conocimiento de los datos —en aquellos casos en los que, efectivamente, se haya podido facilitar a mis patrocinados algún dato por parte del señor González— o por la naturaleza de los datos que se han podido manejar en el ámbito periodístico se ha causado perjuicio a los afectados”.
El proceso, abocado a una nueva prórroga
La mediática causa judicial, entre tanto, parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023. La instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez Marcelino Sexmero, encargado del caso, que finaliza de forma oficial este mismo 21 de junio. Desde hace semanas se cuenta con que se dilate otros seis meses, como ya informamos.
A ello habría afectado tanto la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez, como el creciente número de celebridades que quieren personarse como acusación particular: entre ellas, Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.