Telemadrid está cerca de dar por finalizada una etapa de crecimiento de audiencias y de recuperación de su estatus de referencia informativa en la Comunidad de Madrid. Una etapa que culminará en las próximas semanas, cuando el nuevo gobierno regional del PP de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de la ultraderecha de Vox, anteponga tumbar a la actual dirección encabezada por José Pablo López y hacerse con el control de la cadena, a mantener su buena senda de recuperación tanto en datos como en percepción del público.
La cadena autonómica madrileña había acertado al recuperar su apuesta por la información y la actualidad de proximidad, el modelo que planteó el PSOE de Leguina en su creación, y que mantuvo luego el PP de Gallardón convirtiendo a Telemadrid en un éxito de audiencia. Pero la llegada de Esperanza Aguirre al poder dinamitó esa exitosa receta, y se convirtió en un instrumento de propaganda política, como analizamos, que se mantuvo también con Ignacio González.
En el año 2015, la entrada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y que el PP de Cifuentes necesitase su apoyo para gobernar, torció el brazo del Partido Popular. El ente RTVM pasó en 2017 a estar regido por una nueva ley que buscaba su independencia del poder político, y recuperar su apuesta inicial se ha demostrado eficaz, como dejan claro unos datos de audiencia que reflejan año a año la recuperación de Telemadrid, y que este 2021 seguían la misma línea.
Esa es la parte tangible de las audiencias, que da la razón al rumbo que Telemadrid inició en el 2017, cuando José Pablo López fue ratificado por la mayoría de la cámara (PP, PSOE y C's votaron a favor y Podemos se abstuvo). También hay otra razón objetiva principal que secunda a su director general, y es que desde su nombramiento el ente ha cumplido año tras año las exigencias económicas legales, logrando siempre el equilibrio presupuestario, lo que ha impedido al PP cesarle antes.
Pero además hay otras tantas intangibles, que ponen de manifiesto la intención de su renovación cuando fue presentada de “recuperar la credibilidad ante la ciudadanía”. Ese fue el deseo de su máximo responsable, y cuatro años después los informativos de Telemadrid han batido récords que se remontan a los 90, basados en una independencia informativa que ha logrado que pase de ser la televisión de Aguirre a la cadena pública que pone en aprietos a Ayuso.
Sus informativos han pasado de verse “con algún prejuicio”, como sus propios responsables nos reconocieron entonces, a ser referentes, sobre todo en ocasiones tan señaladas como las elecciones autonómicas, la dimisión de Cifuentes, o el temporal Filomena, con el que el canal logró su mejor audiencia desde 2012. Se han acogido aplaudidos formatos como Eso no se pregunta, Vuelta al cole y Desmontando Madrid, se ha acertado con el magacín matinal 120 Minutos con María Rey (que acaba de cerrar su mejor temporada) y el vespertino Está Pasando con Inés Ballester, y recuperado espacios míticos como Madrid Directo. Cambios que no gustaron a Aguirre, que ya en 2018, en su regreso a la cadena, acabó llamando “podemita” a la presentadora Verónica Sanz (ahora en laSexta Noche), y marchándose del plató acusando a la cadena de ser “antiPP”.
La cadena ha realizado en este tiempo esfuerzos para renovar su percepción, sacando sus Telenoticias a la calle y con la idea de acercarse a la información de los madrileños. Y esos esfuerzos se han visto recompensados, además de con esa mejora en sus audiencias, con premios de la Academia de TV por su cobertura del World Pride, a su presentadora de informativos Silvia Intxaurrondo (antes de ser vetada por Ayuso), y el respaldo del 70% de los madrileños que quieren que Telemadrid siga existiendo.
Ayuso logrará tumbar a la dirección de Telemadrid
Pese a todo, Isabel Díaz Ayuso cumplirá su amenaza. Lejos queda cuando en el año 2015, ejerciendo como portavoz del PP en la Sesión de la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), calificó como “una ignominia que desde un parlamento estemos siempre poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los periodistas”, defendía que “si es un medio público, no debería tener línea de opinión” y pedía “parar ya esta salvajada que está sucediendo con Telemadrid”.
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Poco después de tomar el mando, Ayuso afirmó que Telemadrid “ya no es un servicio público esencial” e inició una dura cruzada contra la dirección de la cadena pública. En un principio, advirtiendo que vigilaría para que cumpliese sus cuentas a rajatabla. Pero dado que año tras año ha cumplido con las exigencias económicas, finalmente ha optado por cambiar la Ley para decapitar a José Pablo López y su cúpula.
Tras muchas amenazas, a las que se sumó Vox con Rocío Monasterio pidiendo “subastar” el canal, ahora que los dos partidos juntos ostentan una amplia mayoría en la Comunidad de Madrid, la primera Proposición de Ley del PP tras formarse el nuevo parlamento regional que depararon las elecciones del 4-M ha sido precisamente esta referente a Telemadrid. Lo que quiere decir que el gobierno de Ayuso, junto a Vox, ha dado prioridad absoluta a hacerse con el control de la cadena pública. Además se tramitará por lectura única, buscando acortar los plazos y que la oposición no pueda presentar enmiendas ni haya debate en comisión, lo que permitiría que entrase en vigor este mismo mes de julio.
¿En que se traducirá? Si es aprobada (que dada la amplia mayoría de PP y Vox se da por supuesto, aunque el partido de ultraderecha ha escenificado no estar de acuerdo), esta Ley propone que la dirección del ente público cambie cada cuatro años y no cada seis, como hasta ahora. Esto supondrá la salida inmediata del director general, José Pablo López, puesto que ya lleva más de cuatro años en el cargo, y para cubrir su baja PP y Vox también proponen que se encargue una dirección en funciones designada por la Asamblea. Es decir, por PP y Vox gracias a su mayoría.
Además, también propone que el Consejo de Administración del ente (formado por nueve miembros) sea también elegido exclusivamente por la Asamblea de Madrid, en la que repetimos PP y Vox tienen amplia mayoría, eliminando así los cinco nombramientos que hasta ahora dependían de profesionales del sector. Traducido, pasará a ser un Consejo elegido al completo de forma política, al dictado de PP y Vox. Los dos partidos se garantizan así cesar de forma inmediata a la actual dirección, designar a la provisional, y también nombrar al Consejo definitivo de cara a futuro.
En defensa de su Proposición, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha dicho que la ley de 2015 tenía como objetivo “garantizar la pluralidad y la independencia” (hace apenas tres meses la Junta Electoral archivó las denuncias en las que el PP acusaba a Telemadrid de falta de pluralismo) pero también una gestión “eficiente, austera y transparente”, volviendo a poner en duda las cuentas de Radio Televisión Madrid, a pesar de que se han cumplido las exigencias cada año.
La intención de PP junto a Vox, que días antes había presentado el cierre de Telemadrid como una de sus exigencias para apoyar la investidura de Ayuso, ha provocado el primer gran conflicto político de la legislatura. El comité de empresa del ente ha alertado de que esta ley “retrotrae a tiempos de control político”, todos los grupos de izquierda han acusado a Ayuso de querer convertir Telemadrid en un “aparato de propaganda”, Más Madrid ha anunciado que presentará un recurso para que la Mesa de la Asamblea reconsidere la ley, y Unidas Podemos ha avanzado que explorará cualquier vía “para conseguir parar el atropello a Telemadrid”. Mientras, Ayuso insiste en que es necesario “dar un impulso” a la cadena pública, y su partido asegura que lo que buscan es “perfeccionar la ley” para que esté “al servicio de los ciudadanos”, y que esta nueva ley “no es sinónimo de politizar sino de mejorar”.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el propietario y único accionista del ente Radio Televisión Madrid, lo lógico sería pensar que una gestión que cumple las exigencias económicas y al mismo tiempo recupera la confianza de la audiencia es la idónea para seguir adelante. Sin embargo, el gobierno de Ayuso provocó primero la asfixia económica del ente al comienzo de este 2021, luego intentó maniobrar para que el debate de las elecciones no se celebrase en Telemadrid, y por último ha excluido a la cadena pública de varios actos oficiales, “premiando” así a productoras externas con contratos por su realización en vez de incluirse en el propio presupuesto de la cadena, aumentando el gasto público de los madrileños.
Finalmente, con esta reforma legal apoyándose en Vox, el PP de Ayuso logrará tumbar a la actual dirección, priorizando el tener una cadena pública afín que no señale desde su independencia al ejecutivo regional ni critique algunas de sus decisiones o declaraciones. Ayuso impondrá así su idea de “libertad”, y para ello eliminará la libertad que desde hace años gozaba Telemadrid para ser un medio público independiente e imparcial.