Toñi Prieto, citada a declarar como investigada en el caso de “La rueda de las TV”
El escándalo de “la rueda de las televisiones”, que fue destapado por Ignacio Escolar en 2013 en un amplio reportaje en Vertele, ha dado un nuevo paso en su instrucción después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya dictado una providencia en la que acuerda tomar declaración en calidad de investigados a ocho personas.
Como explica eldiario.es, a la cabeza de todos ellos se encuentra el presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, pero también hay una directiva muy conocida de TVE como es Toñi Prieto, la directora de programas de entretenimiento de la cadena pública.
Prieto ha sido citada a declarar el próximo miércoles 3 de octubre, en una causa que dirimirá su participación en esta trama a la hora de contratar la música y para saber si se benefició a título personal recibiendo comisiones o contraprestaciones de cualquier tipo.
Como ella, entre los ocho llamados a declarar como investigados (figura antes llamada “imputados”) está también Carlos Salazar Murillo, responsable de la división musical de Canal Sur Radio y Televisión, otra cadena pública implicada en el caso.
¿Qué es “la rueda de las televisiones”?
Una canción libre de derechos, un tuneo mínimo de la misma y a la “rueda de las televisiones”. Así funcionaba el fraude contra el que la Policía desplegó en junio de 2017 una operación que provocó las detenciones de 18 personas.
En la trama, editoriales musicales, autores desconocidos, socios de la SGAE, testaferros e intermediarios de las cadenas de televisión se repartían los beneficios que generaban por derechos de autor canciones mediocres en programas que nadie veía y en ocasiones apenas se escuchaban.
La trama estaba integrada por varios socios de la SGAE y habría defraudado entre los años 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales -y, por tanto, libres de derecho de autor- sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.
Según el magistrado instructor, estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras.
En este reportaje, eldiario.es resumió todo el escándalo desde el principio.
