UTECA, la Unión de Televisiones en Abierto, ha emitido un comunicado alzando la voz contra el Anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ya que, a su juicio, “profundiza y agrava la discriminación a las televisiones en abierto al imponerles obligaciones únicas”.
En un texto enviado a los medios de comunicación y firmado por su presidente Eduardo Olano, la organización que componen Atresmedia, DKISS, Real Madrid TV, Ten, Trece, VEO TV y Net TV afirma que “el Gobierno aún está a tiempo de acabar con una discriminación injustificable de las televisiones comerciales en abierto que lamentaremos durante años, pues distorsiona gravemente la competencia en un sector estratégico”.
Su queja va contra el borrador presentado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que entre otras medidas hará que RTVE sea financiada por las plataformas igual que por las cadenas privadas y permitirá a la Corporación ingresar por distintos tipos de publicidad. En concreto, la protesta se dirige al porcentaje del 1.5% que se impondrá a los servicios de streaming frente al 3% que se establece para el resto de canales comerciales, y también contra las nuevas limitaciones al volumen de los anuncios, patrocinios y emplazamientos de producto que tampoco se aplican a las plataformas.
“Queda muy lejos de la necesaria equiparación en derechos y obligaciones de todos los operadores de un mercado audiovisual que es único”, advierten. Ya se mostraron críticos con el Anteproyecto en noviembre de 2020, cuando todavía no se había presentado.
Comunicado completo de UTECA
La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) expresa su preocupación por el mantenimiento de la discriminación entre las televisiones comerciales en abierto y los operadores en streaming y plataformas de compartición de vídeo, que figura en el nuevo borrador del Anteproyecto de Ley General Audiovisual conocido esta semana. Los cambios introducidos agravan esa desigualdad y acentúan la distorsión de la competencia.
El nuevo texto mantiene un injustificable trato de favor hacia esos nuevos prestadores de servicios audiovisuales en detrimento de las televisiones en abierto, y queda muy lejos de la necesaria equiparación en derechos y obligaciones de todos los operadores de un mercado audiovisual que es único, independiente de la tecnología de emisión o la sede social.
En el terreno de la publicidad, resulta discriminatorio el hecho de que la limitación al volumen de publicidad que se puede emitir, continúa sin aplicar a las grandes plataformas de compartición de vídeo, como Youtube, o a redes sociales de la magnitud de Facebook o Instagram. En el mismo sentido, estos grandes conglomerados audiovisuales son ajenos a los límites a los patrocinios y a la regulación de los emplazamientos de producto, así como al número máximo de interrupciones de programas, que sí deben cumplir las televisiones. Sucede lo mismo con los límites de franjas de emisión para la publicidad de bebidas alcohólicas o la relacionada con el esoterismo y las paraciencias, de obligado cumplimiento únicamente para las televisiones lineales.
En materia de protección al menor, se produce otra de las grandes desigualdades, al imponer solo franjas horarias reforzadas de protección al menor a las televisiones en abierto. Esa desigualdad de trato conlleva además la ineficacia del objetivo perseguido, dado que en esas mismas franjas de protección reforzada televisiva, los menores a los que se dice proteger pueden acceder a todo tipo de contenidos en televisiones de pago, operadores bajo demanda, redes sociales y plataformas de compartición de vídeos.
Asimismo, es desigual y discriminatorio el tratamiento que el borrador del Anteproyecto otorga a la obligación de la totalidad de los operadores y plataformas de contribuir con un porcentaje de sus ingresos a la financiación de RTVE. Mientras se mantiene que los operadores tradicionales de televisión aporten el 3% de sus ingresos a la financiación de la cadena pública, el Anteproyecto reduce a la mitad (1,5%) la aportación a la financiación de la cadena pública de operadores y plataformas que prestan sus servicios en España. Esta diferenciación en la aportación a la financiación de RTVE consagra la discriminación de las televisiones en abierto y carece de sentido, pues todos los operadores afectados compiten en un único mercado audiovisual.
Por otra parte, la autorización de patrocinios, emplazamiento de producto y televenta en TVE, junto al permiso para la emisión de publicidad cuando explota sus contenidos en el ámbito digital -introducida en este segundo borrador del Anteproyecto-, supone que la cadena pública competirá sin restricciones por la publicidad digital mientras sigue financiándose con fondos públicos.
En cuanto a la producción de obra europea, el Anteproyecto multiplica por cuatro la obligación de inversión en producciones independientes, al pasar del 0,9% al 3,5%. Este crecimiento es desproporcionado y supone una nueva distorsión de la competencia, que afecta de lleno al modelo de negocio de las televisiones, que verán limitada su propia capacidad de producción de cine y series.
El presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha valorado así el nuevo borrador del Anteproyecto de Ley General Audiovisual: “No entendemos esta insistencia del Gobierno en la desigualdad de trato a las televisiones en abierto nacionales frente a los nuevos competidores internacionales, más aún teniendo en cuenta que son las compañías audiovisuales que más impuestos pagan en España, las que ayudan con su programación a vertebrar la identidad nacional, además de ser las grandes inversoras y creadoras de empleo del sector audiovisual nacional. El Gobierno aún está a tiempo de acabar con una discriminación injustificable de las televisiones comerciales en abierto que lamentaremos durante años, pues distorsiona gravemente la competencia en un sector estratégico”.
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