La presidenta de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Manuela Fernández de Prada, rechazó hoy en el juicio contra el ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, Miguel Durán, el empresario Javier de la Rosa y otros seis ex accionistas de la cadena, la petición de la fiscal Anticorrupción Pilar Melero de cambiar en esta sesión la calificación de algunos de los delitos fiscales de los que acusa a los procesados. En el primer día del juicio, dedicado a que las partes planteen sus cuestiones previas sobre la vista oral, la representante del Ministerio Público y el Abogado del Estado solicitaron modificar las conclusiones provisionales de su escrito de calificación, cambiando el delito de admnistración desleal por otro de apropiación indebida, y quitando el carácter de continuado a uno de los delitos contra la Hacienda Pública que imputa a Durán. Sin embargo, la magistrada no admitió los escritos presentados por estas dos acusaciones, al estimar que en el trámite para las cuestiones previas “no está prevista la modificación de las conclusiones provisionales”. Todas las defensas de los acusados habían pedido que no se admitiese esta nueva calificación, puesto que consideraban que afectaba “sustancialmente” a su derecho de defensa. Además, también rechazó la petición de la acusación popular, ejercida por la Organización Impulsora de Discapacitados, quien pidió a la magistrada apartarse del proceso y retirar las imputaciones que inicialmente había dirigido contra el ex presidente de Telecinco y los otros siete accionistas de la cadena. La juez también se opuso a la petición del abogado de Javier de la Rosa de que se suspendiese la vista oral porque no estaba presente uno de los acusados, Giovanni Acampora, quien cumple en Italia una condena de 3 años de prisión por corrupción de jueces y para el que la fiscal solicita un año de cárcel en la causa que se juzga en la Audiencia Nacional.
Al no sobrepasar el límite de dos años de cárcel, argumentó la magistrada, Acampora podría ausentarse de las sesiones del juicio, sin que por ello fuese necesaria que se le abriese una pieza judicial independiente del resto de los acusados.
Pieza separada para Berlusconi En la sesión de hoy, la única defensa que tuvo tiempo de intervenir fue la de Miguel Durán, quien aseguró que la incoación de piezas separadas respecto al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien gozaba de inmunidad por su estatus, supone una “vulneración de la igualdad ante la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías”.
Así, mencionó otras causas similares presentadas ante la Audiencia Nacional en las que supuestamente estaban involucrados el rey de Marruecos, el presidente de Guinea o el de Cuba, en las que el tribunal había acordado el archivo del proceso.
Además, el abogado de Durán aseguró que los expedientes administrativos por estos supuesos delitos estaban concluidos y que “las empresas perjudicadas, Telecinco, la ONCE y poco más”, habían renunciado a sus indemnizaciones y “aprobaban la administración llevada a cabo” por los acusados. Según este letrado, la competencia para juzgar estos hechos no corresponde a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino al Juzgado Central de lo Penal, ya que, según dijo, ninguno de los delitos de los que se acusa a los imputados conlleva penas superiores a los cinco años de cárcel. Asimismo, aseguró que una parte de los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado acusan a Miguel Durán, los relativos a la presunta evasión de impuestos a través de la sociedad Divercisa, han prescrito. El letrado sostuvo que los hechos relativos a los años comprendidos entre 1989 y 1991 “sin duda ninguna” han prescrito, puesto que en la denuncia de la Fiscalía de 1997 no se mencionaba esta empresa. Petición fiscal En el juicio, que se reanudará mañana con las cuestiones previas que planteen otras defensas, la Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel y multas de 103 millones de euros para Miguel Durán, por tres delitos continuados contra la Hacienda Pública, falsedad, otorgamiento de contrato simulado y administración desleal, que habría cometido cuando estaba al frente de la citada cadena de televisión. En su escrito de calificación, que hoy intentó modificar, la fiscal pide para los otros siete ex accionistas de Telecinco implicados en el caso penas que oscilan entre 1 y 10 años de prisión. Se trata de Santiago Muñoz Machado, para el que el fiscal pide 10 años de cárcel y multas de 37 millones de euros; Javier de la Rosa, 5 años de prisión y multa de 30 millones; Rafael Alvarez-Buiza y Angel Medrano, 8 años para cada uno y multas 50 millones; Alfredo Messina y Juan Carlos López-Cid, 2 años y multa de 1.000 euros; y Giovanni Acampora, 1 año y 1.000 euros de multa.