Vox: regreso al pasado
El 6 de diciembre de 2013, en la plaza de la República Dominicana de Madrid, nació Vox. En el lugar que ETA escogió para cometer el atentado más sangriento de su historia en la capital, se reunieron cientos de personas convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), presidida por Santiago Abascal, uno de esos organismos para los que la formación de extrema derecha quiere ahora cortar cualquier tipo de subvención pública por constituir “un chiringuito de los partidos políticos”. Tomaron la palabra, además de Abascal, José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda, y los portavoces de tres asociaciones de víctimas del terrorismo: Consuelo Ordóñez, Francisco José Alcaraz y Daniel Portero.
Entre decenas de banderas de España, los convocados clamaron contra el Gobierno de Mariano Rajoy y exhibieron pancartas en las que se podían leer consignas como “fieles a vuestros partidos, traidores a nuestra patria”. Se sentían abandonados porque el Ejecutivo, como no podía ser de otra forma, iba a acatar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot y, de rebote, ponía en la calle a decenas de presos, no sólo etarras sino también violadores múltiples. Quienes estuvieron en esa concentración recuerdan que una frase de los asistentes sobresalió por encima de todas las demás: “¡Santiago, monta un partido!”.
Cinco años después, el partido que nació aquella tarde entre insultos a la “derechita cobarde” de Rajoy y vivas a la Guardia Civil, se ha convertido en la principal amenaza para muchos de los avances sociales que se han conseguido en cuarenta años de democracia. El primero, la lucha contra la violencia machista, con la advertencia explícita de los dirigentes de Vox en Andalucía de no apoyar la investidura del popular Juanma Moreno si destina recursos públicos al desarrollo de dos leyes aprobadas en el Parlamento autonómico por unanimidad que, sin embargo, ellos consideran “podemitas” y fruto del “feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda”.
La propuesta de Vox de sustituir las leyes andaluzas de igualdad por una “ley de violencia intrafamiliar” en la que se proteja a “todas las víctimas” y se salvaguarde “la presunción de inocencia” de los hombres supone volver al pasado más oscuro, aquel en el que los malos tratos eran “cosas de pareja”, los humoristas estrella hacían chistes sobre las mujeres que recibían palizas en la televisión pública y los asesinatos machistas pasaban en los periódicos como “crímenes pasionales”.
Un regreso al pasado, entre otras cosas, porque en estos primeros días de 2019 ninguno de los casos de violencia doméstica que se han producido en España han tenido a un hombre como víctima: una mujer fue asesinada en Laredo a manos de su novio y otra en Madrid sufrió una brutal paliza con una escoba de aluminio delante de sus hijos de 8 y 10 años. Como volverá a suceder, de forma dramática, el resto del año.
Porque ese debate que ahora resucita Vox se cerró en 2008 cuando el TC desestimó una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por un juzgado de Murcia y estableció, por siete votos frente a cinco, que el diferente trato penal dado por el legislador al hombre y la mujer en el delito de maltrato ocasional no constituye una discriminación por razón de sexo. Ya entonces, hace 11 años, los magistrados defendieron que el legislador tenía la legítima finalidad de proteger a la mujer en un ámbito, el de la pareja, en el que está especialmente desprotegida.
Pero también porque esos argumentos retrógrados, los que llevan al portavoz de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, a jactarse de que su formación no sigue con “sumisión lanar” los “mandamientos de la dictadura de género”, van en contra del signo de los tiempos. Del espíritu del 8 de marzo, que hizo que miles de mujeres en todo el país salieran a la calle para reivindicar una igualdad real, pero también de la extendida indignación que provocó la sentencia de La Manada y que ha llevado al Gobierno a promover una reforma del Código Penal que impida que violaciones múltiples como la de aquel portal puedan ser consideradas simplemente como un abuso sexual.
En contra también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en noviembre pasado estableció que la agravante de género -esa que aborrece el juez prevaricador Serrano, condenado por modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera acudir a una procesión de Semana Santa- debe aplicarse en todos los casos en los que se actúe contra una mujer por el hecho de serlo, aunque no exista entre el autor del delito y la víctima ningún tipo de relación.
Si algo es Vox, es un salto al pasado. Al de 1975. A la España sin autonomías, sin inmigrantes, sin derechos para los homosexuales, sin aborto y sin tribunales europeos de derechos humanos a los que tener que plegarse acatando sus resoluciones. Pero los viajes al pasado no son recomendables casi nunca, como recordaba hace unos días en Twitter el exdiputado Joan Coscubiela. “Lo de menospreciar la democracia, por muchos déficits que tenga, comparándola con la dictadura, se cura viajando en el tiempo y viviendo una semana bajo el franquismo. Es un viaje que no os recomiendo ni para salir de la ignorancia”, escribió.
