El Gobierno de Rajoy cree que aceptar 1.600 refugiados en España es demasiado
El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere acoger en España a la parte que le corresponde en el asentamiento de 20.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea la pasada semana. La cifra que le corresponde a España es de 1.600 personas, pero incluso ese pequeño número es considerado excesivo por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Ante la reunión de ministros de Exteriores y Defensa en Bruselas centrada en la respuesta a la inmigración desde África, Margallo ha aparecido con un rechazo total a la forma en que la Comisión ha calculado el sistema de cuotas. Afirma que no es ni proporcionado ni realista.
“El peso de la población cuenta un 40% y el PIB un 40% y la tasa de paro sólo un 10%. La tasa de paro de un país es capital y hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho”, afirma Margallo, con el argumento de que el alto índice de desempleo en España impediría ofrecer trabajo a esas personas.
Margallo relaciona inmigración con situación económica y porcentaje de paro, un argumento habitual entre algunos partidos conservadores y todos los que son de extrema derecha para negarse a aceptar el asentamiento de los inmigrantes que se juegan la vida para cruzar el Mediterráneo. Además, en este caso la Comisión se refiere a solicitantes de asilo, a los que Margallo confunde con otros inmigrantes.
Al mismo tiempo, sus declaraciones contradicen el mensaje optimista de Rajoy y de sus ministros con el anuncio de que España es el país que más crece en Europa, lo que no es cierto, aunque sí está ahora mismo entre los que más ha aumentado el PIB en el primer trimestre del año.
Una respuesta militar
Los ministros de Exteriores y Defensa de la UE se reúnen el lunes en Bruselas para dar el primer con el que poner en marcha una misión naval contra el tráfico ilegal de inmigrantes en aguas del Mediterráneo, informa Efe. Esa operación podría contemplar la destrucción de las embarcaciones que utilizan las mafias, pero sólo si tuviera el amparo de la ONU.
La UE ha planteado una misión por etapas que, en última instancia, podría necesitar del visto bueno de las autoridades libias, algo imposible hasta que el país no logre consensuar un gobierno de unidad, o en su defecto, un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
En primer lugar la misión se encargaría de rescatar a inmigrantes en aguas del Mediterráneo, actuar contra barcos de las mafias que se encuentren en aguas internacionales y sin pabellón (o con bandera de un país que autorice su captura) y, por último, la destrucción de navíos utilizados por las mafias, lo que sí requeriría el permiso de las nuevas autoridades libias o de la ONU.
El mayor problema práctico para este último punto es que los grupos libios que se lucran con el tráfico de inmigrantes no cuentan en su mayoría con barcos de su propiedad, sino que los compran o alquilan a los pescadores libios.
Para tratar de obtener el mandato de las Naciones Unidas, Mogherini viajó a Nueva York la semana pasada para intentar ganar el apoyo de los países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. “No estamos planeando en absoluto una intervención militar en Libia, sino una operación naval ojalá en coordinación con las autoridades libias, para desmantelar el modelo de negocio de las organizaciones criminales que están traficando con gente”, declaró Mogherini.
España ha pedido cautela sobre el momento en que podría lanzarse la misión europea a fin de seguir dando una oportunidad a los esfuerzos de la ONU por facilitar el diálogo entre las diferentes facciones libias y lograr un gobierno de unidad.
“Nuestra prioridad es la negociación” que lleva a cabo el representante especial del secretario general de la ONU en Libia, Bernardino León, dijo el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, quien recalcó que “nuestros esfuerzos van dirigidos a eso”.
