El Gobierno mantiene su estrategia de intervención parcial de la autonomía catalana sin acogerse al artículo 155
El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene su estrategia de respuesta a cada paso que den los independentistas catalanes mediante la aplicación de mecanismos legales que le permitan intervenir competencias de la Generalitat de Catalunya para frenar el referéndum independentista del 1 de octubre, en lugar de aplicar directamente el artículo 155 de la Constitución.
Junto a las medidas intervencionistas, el Ejecutivo deja en el plano más difícil de explicar políticamente a la Fiscalía General del Estado que se ocupe de las actuaciones policiales más duras.
El Gobierno ha variado su posición ante el polémico mecanismo constitucional. En un primer momento descartaba su aplicación alegando que se “iba a dar una respuesta proporcional y prudente” al desafío secesionista y el 155 “no estaba encima de la mesa”. Posteriormente, varios ministros, entre los que se encontraba el titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, apuntaron que “es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias”.
Ahora, el cambio de los socialistas, que han rebajado su rechazo inicial a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista, y por parte de Ciudadanos, que se posicionó inicialmente en contra pero ha adoptado la postura de respaldo absoluto a las acciones del Gobierno, son valoradas positivamente por la Moncloa porque “refuerzan la unidad de los demócratas”.
El visto bueno de ambos partidos era un requisito del Gobierno que ya habían lanzado dirigentes del PP como Xavier García Albiol. El presidente de los populares catalanes señaló que “el Gobierno de España va a estar a la altura de las circunstancias y va a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición del gobierno sin descartar ninguna, incluida el artículo 155”, pero llamaba la atención de que “no se puede cargar sólo en el PP la responsabilidad de defender a España como nación. Es importante que las decisiones que se tomen tengan el apoyo de Ciudadanos y del PSC”.
Sin embargo, en el Ejecutivo Rajoy se tiene muy presente las implicaciones políticas negativas de la tutela total de las competencias autonómicas catalanas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, donde se está jugando una fuerte pelea por la imagen.
Las actuaciones “en rebeldía” del Govern han hecho que el Gobierno adopte una fórmula intermedia en la que asume el control de competencias autonómicas. La toma de las riendas financieras de Catalunya por parte de la Administración Central es un ejemplo claro de esta estrategia. La norma aprobada en el consejo de ministros del pasado viernes deriva la gestión de los pagos de la autonomía al Gobierno central y hace corresponsables a todos los agentes que contraten con la Generalitat de que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.
Esta estrategia lleva a los independentistas catalanes a situar la disputa en los tribunales —el Govern presentó ante el Tribunal Supremo el recurso contra la intervención de sus cuentas—, un campo de juego en el que el Gobierno está más cómodo porque rebaja la tensión política y coloca el conflicto en los tribunales. El Tribunal Supremo puede tardar entre dos y tres semanas en resolver si suspende de forma cautelar la intervención de los gastos de Cataluña por parte del Estado, una vez que la fecha del referéndum ya ha pasado.
La medida aprobada por el ministerio de Hacienda no deja de ser una intervención de la autonomía de Catalunya como marca el artículo 155. De hecho, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, explicó que “si metemos a los hombres de negro en las finanzas de las comunidades autonómicas es aplicar un articulo de la Constitución que el señor Rivera no quiere aplicar”, en relación al 155 y a la petición del líder de Ciudadanos para que se controlaran los gastos de la Generalitat pero no se aplicara el artículo de la Constitución.
Aunque en la Moncloa se tiene por seguro que la policía autonómica catalana va a seguir las órdenes dictadas por la Fiscalía General del Estado para frenar el referéndum y que no se va a llegar a una situación de violencia, el próximo golpe de la Administración central podría ser otra intervención parcial: del Departament d'Interior de la Generalitat para poner a los Mossos bajo la dirección del ministerio del Interior.
En caso de que los dirigentes independentistas sigan desobedeciendo al Tribunal Constitucional, fuentes de la Moncloa restan importancia a la falta de una regulación concreta y que aunque el artículo 155 no se haya utilizado nunca “en solo cinco días se podría aplicar”. El procedimiento está regulado en el Reglamento del Senado, en su artículo 189, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
