Cachondo
No importa que un fontanero gane más que un filósofo. La FP ha sido siempre una enseñanza de segunda categoría, cursillos para los pobres que no podían estudiar, para los torpes que no daban más de sí y para los zánganos a los que nos les gustaba abrir un libro.
Que yo sepa, ningún padre ha soñado nunca con darle a su hijo un ciclo dorado de Formación Profesional. La FP no suele aparecer en los sueños de grandeza. Aquí somos todos hidalgos, y como tales primero hacemos el bachillerato y luego nos matriculamos en la universidad.
Por eso, entre otras cosas, España está a la cabeza en las estadísticas europeas de fracaso escolar. Porque aquí el bachillerato no es un simple ciclo de enseñanza, sino un elemento de identidad de clase.
Al ministro Wert se le ha ocurrido una idea para limpiar el bachillerato de todos esos zangolotinos que están ahí sin interés, jodiendo las estadísticas europeas: prohibir el fracaso escolar. Si el Parlamento aprueba el proyecto de ley de reforma de la enseñanza tal y como ha salido del Consejo de Ministros, será a los 15 años cuando los niños tengan que decidir si valen para estudiar, si quieren ir hacia el bachillerato o si se apean definitivamente en la FP.
Los procesos de maduración cerebral, la inestabilidad emocional que caracteriza la adolescencia, el desconocimiento del mundo real, las cabezas llenas de pájaros, los cuerpos llenos de hormonas, todo eso son pamplinas para un ministro tan viril. Quince años son más suficientes para saber si alguien es un perdedor, un fracasado que hay segregar a la FP.
Con esta sencilla maniobra tendremos clases de bachillerato estupendas; no habrá genios, porque eso es imposible en el sistema educativo español, pero sí una clase de chavales que no armen mucha bulla, que vayan sacando las asignaturas y mejorando las estadísticas europeas.
La otra posibilidad para solucionar este problema del fracaso escolar era mejorar los ciclos formativos de la FP, hacerlos atractivos y útiles, dotarlos de más recursos, darles prestigio con un profesorado de calidad y firmar convenios con empresas para garantizar la salida laboral de los mejores estudiantes de cada promoción. Pero eso no se puede hacer ahora porque hay que subvencionar a los colegios del Opus, que son carísimos.
Pero, tranquilos, dice Wert, que a la enseñanza pública no le faltan recursos. Y en cierto modo tiene razón. Lo que falta es voluntad política para borrar fronteras entre clases sociales y lo que sobra es la intención de ahondar en esas diferencias y de perpetuarlas.
Otro ejemplo de esta voluntad clasista en la nueva ley de Wert son los exámenes de reválida externos al final cada ciclo —ESO y bachillerato— para garantizar un nivel mínimo de conocimientos entre los estudiantes de toda España.
La otra opción para mejorar la calidad de la enseñanza era modificar el currículum, reflexionar sobre el modo de enseñar las materias, aumentar el número de profesores, comprometerse con su reciclaje, reducir el número de estudiantes y dotar de más recursos a los institutos. Pero esto ahora mismo tampoco se puede hacer, ya lo hemos dicho, por el asunto de los colegios del Opus.
Con la enseñanza pública hecha unos zorros, los exámenes externos supuestamente objetivos favorecerán a los alumnos de las escuelas privadas. Se correrá la voz de que los niños están allí mejor preparados, y las familias que puedan permitírselo allí los matricularán. La enseñanza pública, como la sanidad, quedará reducida a una misericordia del Estado para los moritos y los rumanos que no tienen qué comer.
Pero el verdadero problema de emprender hoy una reforma de la educación en España es encontrarle nombre. Están todos pillados: LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE y LOE. A la que ahora se está tramitando la llamarán LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Ahí es nada: para la mejora de la calidad de la enseñanza. Este Wert es un cachondo.
