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GUADALAJARA

Ya no quedan repobladores en Fraguas: “Ha sido una victoria, nos llevamos todo lo aprendido”

Repoblado de Fraguas

Alicia Avilés Pozo

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“Ya no queda nadie allí desde hace dos semanas, pero hemos demostrado que es posible otra forma de vivir diferente a la que nos quieren imponer”. El pueblo de Fraguas vuelve a estar vacío. Otra vez. Porque ya fue expropiado y desalojado en 1969 por la dictadura franquista. Aunque el comunicado del colectivo de repobladores que se hizo público hace unos días anunciaba que abandonaban el proyecto tras diez años de batalla judicial, las dos últimas personas que seguían viviendo en el 'repoblado' del monte público del término municipal de Monasterio (Guadalajara) dejaron el lugar a mediados de febrero. Ya antes, desde finales del año pasado, el resto de sus compañeros y compañeras se habían marchado progresivamente.

En los últimos meses, después de muchas asambleas y reuniones, el colectivo de repobladores agrupado bajo el nombre de ‘Fraguas Revive’ había comenzado a constatar el agotamiento de todas las vías que les quedaban para hacer frente a la batalla judicial con la Administración castellanomanchega por la ocupación del espacio y que culminó en la condena de seis de ellos. Y también en una cascada de procesos judiciales y administrativos abiertos en paralelo.

“Se decidió ya poner punto final al proyecto y a la vida ahí, también por agotamiento de las personas que quedaban. Esta situación les generaba mucha inseguridad y es difícil asentarse en un sitio donde no sabes cuándo te van a echar, si vas a poder desarrollar tu vida. Al final el proyecto se fue quedando sin fuerza”, comenta Luis, uno de sus portavoces.

Desde hace tiempo ya se había parado la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones, porque las que ya se habían hecho estos años eran suficientes para las personas que allí seguían viviendo. Las últimas tareas se destinaban exclusivamente al mantenimiento y las reparaciones de los edificios.

Judicialmente ya hemos agotado todas las vías

Fraguas Revive

Ahora todo debe ser demolido y son los repobladores quienes deben sufragar esos gastos, que la Justicia ha cifrado en 110.000 euros por la responsabilidad civil que alega el Gobierno de Castilla-La Mancha. El recurso interpuesto, como todos los anteriores para buscar una “solución judicial”, no ha prosperado, pese a ser un “presupuesto desorbitado”. Además, el impago de esta demolición es lo que agravaría las penas hasta más de dos años y medio y provocaría que las personas condenadas entraran en prisión. 

“Judicialmente ya hemos agotado todas las vías. Y con la Junta de Castilla-La Mancha hemos mantenido siempre diálogo y nos han trasladado que no querían que nadie entrara en prisión. Nos han propuesto irnos, desmontar, pero nunca nos han dado nada por escrito, así que esa cuestión se ha quedado en el aire”, explica el portavoz.

Así las cosas, para evitar la cárcel, la Administración regional tendría que renunciar a la responsabilidad civil, a la demolición del pueblo y a ese coste de 110.000 euros. Pero al no existir ninguna garantía por parte del Gobierno regional, llevan ya tiempo recaudando dinero. Actualmente disponen de 40.000 euros a raíz de iniciativas de colectivos de todo el país. Les faltan 70.000 euros que quieren conseguir a través de un ‘crowfunding’ con el que son “muy optimistas”. En las primeras 24 horas recaudaron más de 6.000 euros:

Al margen del proceso judicial y administrativo, los repobladores tienen “una mezcla de sentimientos” entre la impotencia -“porque el proyecto era bonito y viable”- y la pena. No obstante, también sienten que “estos diez años han sido una victoria”. “Hemos creado muchos lazos con muchas personas, hemos aprendido que es posible otro modelo del que nos quieren imponer. Nos quieren imponer que las personas vivamos en las ciudades y el medio rural sea para producir y hemos demostrado que no tiene por qué ser así. Todo ese aprendizaje es también una victoria”.

El Gobierno regional no ha querido hacer valoraciones al respecto. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consideran que el colectivo ha decidido abandonar el pueblo como reacción a una decisión judicial que desde la Administración acatan.

Vacío de nuevo tras ocho siglos de historia

Lo inevitable es que Fraguas ha vuelto a quedarse vacío. Un estudio de la vida de este poblado incluido en la solicitud de intervención arqueológica, data sus primeros pobladores en la Edad Media por el avance de las sociedades cristianas que se asentaron en estos territorios. Se encuentra ubicado en lo que se denominó como la Marca Media. Es decir, una zona de nadie donde las poblaciones se fueron asentando en la medida de sus necesidades y sin ningún plan organizado de repoblación. Los pobladores iniciales de Fraguas construyeron sus viviendas e instalaciones bajo la necesidad de fijarse en un terreno y explotarlo.

El pueblo de Fraguas es expropiado por el Estado franquista en 1969, siendo expulsados de sus casas los últimos habitantes del pueblo. Este proceso fue llevado a cabo de manera irregular, sin que se conozca el correspondiente expediente que debía justificar la expropiación de su casco urbano a efectos de su repoblación forestal, y sin que los antiguos habitantes conserven copia de los documentos de expropiación.

Según el documento de los investigadores, desde este momento se borra legal y documentalmente la existencia del pueblo de Fraguas pese a que su existencia como población reconocida, que puede acreditarse desde 1754 cuando ya aparece como localidad en el catastro tributario del Marqués de la Ensenada y en el Diccionario de Madoz. Su utilidad queda limitada al monocultivo del pino para explotación de madera. Desde la década de los 70 se utilizó la población para prácticas militares, las cuales han terminado de destruir las construcciones que quedaban.

El 10 de marzo de 2011 se aprueba la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que incluye en su interior las ruinas de varios pueblos abandonados, utilizando la catalogación de la expropiación: “montes públicos”.

Esta Ley no contempla la conservación, ni la restauración patrimonial de los pueblos, pero el colectivo Fraguas Revive sí que ha manifestado su intención de “asegurar la conservación de los valores naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren degradados, así como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de naturaleza de forma que queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible”.

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