El PSPV y Compromís piden los contratos del Gobierno valenciano con PwC para el plan de reconstrucción de la DANA

El PSPV y Compromís reclaman al Gobierno valenciano toda la documentación sobre el contrato que el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, ha formalizado con la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por 2,2 millones de euros para ayudarle en la elaboración del plan de reconstrucción. El número tres del Consell de Carlos Mazón, cuya única labor es pilotar la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre, ha contratado a la consultora en un procedimiento sin publicidad por la vía de emergencia -es decir, 'a dedo'-, algo que ya empieza a ser habitual en el Gobierno del PP valenciano en relación con la DANA, aún tres meses después.

La conocida consultora privada prestará labores de “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana, que incluya el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación”. Es decir, el grueso del plan que el vicepresidente segundo se ha comprometido a formalizar ante las Corts Valencianes porque, según justifican, carecen de estructura. Según explicó la conselleria de Reconstrucción, se recibieron cuatro ofertas para este contrato, que también tiene entre sus quehaceres elaborar un plan de comunicación para divulgar los trabajos. La consultora introducirá a sus analistas en las entrañas del Ejecutivo autonómico para realizar estos trabajos de asesoramiento.

Pampols explicó el lunes, tras la publicación del contrato por elDiario.es, que el proceso de desarrolló a través de un concurso restringido entre cuatro consultoras, con la “finalidad de que nos ayuden a la redacción del plan de recuperación y los programas de ejecución”. La consulta pasa por alto a los expertos de las universidades públicas, que han organizado foros específicos sobre reconstrucción, o a los técnicos de la Generalitat.

En una intervención posterior al pleno del Consell el vicepresidente segundo apuntó que para la “fase de diagnóstico” de la catástrofe -tres meses después de ocurriera- podría estar terminada “si todo va bien” a finales de febrero y, para ello, será necesaria la contratación de una consultora privada. Esta fase requería de un “acopio de información” que el Ejecutivo autonómico no puede permitirse con sus propios medios, dijo el número tres del Consell. “Hemos recibido varias propuestas y ahora estamos en la valoración pormenorizada de las mismas, objetivando los elementos que consideramos esenciales. Cuando la tengamos, les diré cuál es la consultora y la tarea que va a emprender”, señaló en rueda de prensa el 8 de enero.

Los socialistas han registrado varias preguntas parlamentarias para dilucidar el proceso de contratación y ver exactamente a qué se refiere Pampols con el 'concurso restringido'. También quieren conocer qué otras cuatro ofertas se presentaron y la tabla de valoración a la que hizo alusión su departamento, así como el propio vicepresidente en rueda de prensa. El diputado Toni Gaspar ha reclamado una copia de todo el expediente de contratación del “concurso restringido” y los informes de la Abogacía de la Generalitat sobre el citado proceso. Compromís también ha reclamado los expedientes del contrato y del pliego de condiciones, así como su justificación. A horas de cerrar esta edición, el contrato sigue sin estar publicado en el portal de contratación de la Generalitat Valenciana.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, manifiesta su “preocupación” por la gestión que está haciendo Mazón de la reconstrucción. La adjudicación, apunta “nos parece desproporcionada por su cuantía y desconocemos si se ha optado por la oferta económica más ventajosa para la Generalitat. Según la información que tenemos, se trata de un contrato a dedo de emergencias sin concurrencia competitiva en el que se han pedido cuatro ofertas más, pero en ningún caso un ”concurso restringido“ como apunta el conseller”. Los socialistas denuncian que se estire el procedimiento de emergencia pasados los tres meses de la riada y exigen que se regrese a la tramitaicón ordinaria, más transparente y con garantías. “Estaremos vigilantes y queremos conocer todos los detalles de este contrato que supone más dos millones de euros para las arcas públicas y que deja a un lado el conocimiento de expertos, administración y universidades valencianas que son conocedoras de la materia”, señala el portavoz.