Las quejas en Canarias por la crisis de vivienda baten un nuevo récord con CC y PP al mando

El informe anual de la Diputación del Común ha revelado que en 2024 se presentaron 117 quejas formales en Canarias por asuntos relacionados con la falta de vivienda digna, un dato, el más alto desde que hay registros, que simboliza la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago desde hace años.

El documento del organismo público muestra que las reclamaciones en este ámbito vienen contabilizándose de manera específica desde 2019. Ese año hubo 134 quejas. El curso siguiente, 140. En 2021, 2022 y 2023 se recopilaron 131, 112 y 121, respectivamente. Así que las 177 del año pasado marcan un nuevo récord, ahora con Coalición Canaria y el Partido Popular en el Gobierno autonómico.

Las quejas son por múltiples motivos. La causa más frecuente tiene que ver con la empresa pública de viviendas sociales de Canarias, Visocan. La Diputación del Común ha recibido 53 protestas, dos de ellas colectivas, por las “condiciones impuestas” por la compañía en los contratos de arrendamiento.

Denuncian que se les ha subido la renta mensual del alquiler por encima de los baremos establecidos legalmente y el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a inquilinos “con rentas muy bajas y en situación de vulnerabilidad (…), agravando la situación de necesidad en la que se encuentran”. El Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de la ciudadanía asegura estar investigando este asunto a fecha de 31 de diciembre de 2024. Señala que ha solicitado informes tanto a Visocan como al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) por ello.

El siguiente grupo de quejas gira en torno a la lentitud para obtener una vivienda protegida. Son quejas (35 en total) relacionadas con la demora en la concesión de VPO pese a la inscripción en el Registro de Demandante de Vivienda Protegida. Tanto los datos como las respuestas emitidas por el ICAVI reflejan que “en la mayoría de las ocasiones transcurre un elevado número de años entre la solicitud presentada por la persona reclamante y su resolución”.

Los testimonios recogidos por la Diputación del Común son muy ilustrativos. Se menciona el caso de una familia monomarental, compuesta por la madre y sus hijas menores edad, de 5 y 17 años. La progenitora reside con su hija menor en un recurso alojativo municipal. Y su otra hija vive en casa de unos amigos. La mujer es demandante de vivienda protegida. Apunta que la Administración Pública le ha contestado que aún no le puede adjudicar una. Pero ella dice que conoce la existencia de VPO cerradas, “mientras hay muchísimas familias que padecen su misma situación”.

Otro ejemplo: una familia monomarental (de nuevo) en la que la madre es demandante de vivienda pública desde hace más de treinta años, solicitud que ha venido renovando escrupulosamente en los plazos establecidos tras haber pasado por todos los tipos de criterios de selección posibles: por sorteo, por puntos, por bombo… sin haber logrado ser adjudicataria aún. Afirma que se encuentra en situación de vulnerabilidad después de haber sido desahuciada y que reside en un albergue.

El informe detalla también el caso de una mujer que vive en un coche después de que los hijos de la señora a la que cuidaba, de 88 años, le pidieran que se marchara de casa. Pero hay muchos más ejemplos.

Una demandante de vivienda protegida adaptada desde 2020 que convive con su padre de 94 años, el cual presenta un grado de discapacidad del 95%; un hombre que sufrió la amputación de dos extremidades en julio de 2023 y que ha pedido una VPO al no poder acceder a un hogar digno y adaptado en el mercado libre; o una mujer de treinta años con escasos ingresos y cuatro hijos a su cargo que convive con sus padres, quienes la echan de la vivienda “en cuanto surgen desavenencias”.

“Estas y otras quejas presentadas por familias en situaciones similares ponen de manifiesto la ausencia de una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas canarias ante la falta de vivienda, que recae más duramente en los sectores más desfavorecidos”, resume la Diputación del Común.

Las reclamaciones por procesos de desahucios el año pasado ascendieron a 23. El documento especifica que muchas de los propietarios de los inmuebles son la SAREB o el propio ICAVI, que en casi todos los casos hay menores o personas con discapacidad y que las mujeres son las más afectadas.

El texto agrega que el organismo público ha tramitado las quejas ante las instituciones competentes (la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, en particular) y que ha intentado mantener una relación fluida con el ICAVI y el programa Canarias Pro-Hogar “con el objeto de impulsar la suspensión de los lanzamientos judiciales”.

Con respecto a la “disconformidad con las ayudas al alquiler”, hubo 21 reclamaciones, casi todas ellas por la ausencia de resolución de los recursos presentados contra la desestimación de solicitudes. El ICAVI, por su parte, ha alegado que en 2023 contaba con un presupuesto de 189,4 millones de euros y una plantilla de 149 trabajadores, menos, incluso, que en 2016, cuando tenía 65,4 millones y 156 trabajadores.

“Actualmente, los recursos administrativos interpuestos se cuentan por millares, por lo que, o sea amplían considerablemente los efectivos técnicos, o la tarea de tramitar los recursos se viene inabordable”, manifestó el organismo público. Según la última actualización de su RPT, el número de empleados es de 167, por lo que difícilmente habrá cambiado la dinámica.

Las 45 quejas que restan sobre vivienda son por “otros motivos”, un total de 31, rehabilitación de viviendas (12) y ocupación ilegal de vivienda protegida / vivienda pública vacía, que solo hay dos.

La Diputación del Común reconoce que la falta de respuesta del Gobierno de Canarias y el resto de las entidades locales ante la emergencia habitacional ha empezado a generar “cansancio, desaliento e incertidumbre” en la población. Indica a su vez que no existe información de la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias en vigor, el que va desde el año 2020 hasta el 2025, con el que se pretende construir casi 6.000 viviendas protegidas. Y remacha asegurando que esta “problemática”, la de la falta de un hogar, la “venimos arrastrando durante décadas” en las Islas.