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Activistas ecologistas y peruanos protestan contra la “impunidad” de Repsol

Madrid —

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Madrid, 23 feb (EFE).- Una veintena de ambientalistas y peruanos han protestado este jueves en la sede de Repsol, poco después del aniversario del derrame de crudo que una refinería operada por esta empresa ocasionó sobre las costas peruanas, un “ecocidio” del que según los ecologistas y pescadores afectados, la petrolera sigue sin hacerse cargo.

Los activistas, coordinados por Ecologistas en Acción, Asociación Entrepueblos, el Colectivo de Peruanxs en Madrid, el Colectivo Kunturkanki, Fridays for Future Madrid, Greenpeace y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, han llevado a cabo una acción artística para manifestar su rechazo hacia la “impunidad” de Repsol, empresa a la que exigen que se responsabilice de los daños del desastre ecológico cuyos daños pueden durar “entre seis y diez años”.

Vestidos con monos blancos y botas, varias decenas de personas han desplegado frente a la sede de la multinacional en Madrid una alfombra negra que simulaba petróleo, así como una red con peces manchados por crudo, un barril y varias pancartas en las que rezaba el lema de la campaña “Repsol hazte cargo”, y recordaban a las “más de 50.000 personas afectadas” y las cerca de 11.000 hectáreas contaminadas.

Tras el accidente el 15 de enero de 2022 en que se derramaron 11.900 barriles de crudo en la refinería de La Pampilla, operada por Repsol, desde Ecologistas en Acción aseguran que la empresa “ha invertido más dinero en campañas de publicidad para limpiar su imagen en Perú que en las indemnizaciones” para compensar por los impactos económicos -sobre todo, al sector pesquero- o por los ambientales.

“Estamos ante una empresa ecocida que ha provocado el mayor vertido de petróleo en la reciente historia de Perú”, ha alegado Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, quien en declaraciones a EFE ha criticado que “un año después de ese ecocidio, Repsol no ha cumplido con sus obligaciones”.

Por ejemplo, señala que “15 días después del vertido, Repsol tenía que elaborar un inventario de todo lo que había ocurrido, algo que nunca hizo y, por lo tanto, ha incumplido las legislaciones nacionales de Perú y las normas internacionales de protección del medioambiente”.

Kucharz ha lamentado además que la situación de crisis política que vive actualmente el país latinoamericano “ha favorecido la impunidad de Repsol”, pues “al principio sí hubo disposición del Gobierno peruano de presentar una querella penal”, pero “a fecha de hoy no se está tramitando”, ha recalcado.

Así, los activistas han coreado reivindicaciones como “Reparación y justicia” o “Repsol, limpia tu mierda”.

“Este tipo de vertidos provocados por Repsol contraviene todos los objetivos de frenar la pérdida de biodiversidad de proteger los ecosistemas marinos, de luchar también contra el cambio climático y por supuesto contraviene los objetivos de desarrollo sostenible porque hay una población de 50.000 personas, por lo menos, que se ven afectados en su derecho a la educación, al trabajo, a los servicios públicos, y a un medioambiente limpio”, ha agregado Kucharz.

Por su parte, el presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto de Chancay, Zenon Gallegos, que ha viajado a España junto a otros colectivos de pescadores en una gira coordinada por la asociación Entrepueblos, ha acusado a la petrolera española de “engañar” y afirmar que la situación está en condiciones de que los pescadores puedan faenar mediante comunicados que “han sido desmentidos”.

“Este desastre ecológico de grandes dimensiones ha afectado a nuestros ingresos, ha habido un quiebre económico y ha habido una ruptura familiar porque, aparte del ingreso y la alimentación, muchas familias se han visto afectadas por daños de salud mental por la preocupación y el estrés”, ha agregado Gallegos.

El pescador, que ha explicado que ahora debe realizar su trabajo en otra zona, ha asegurado que el monto que la petrolera ofrece pagar a los afectados por el vertido es “mísero” en comparación con los ingresos que los pescadores dejarán de obtener en los años que se demore retirar todo el crudo de las aguas afectadas.