Bruselas subraya el “desafío” de la renovación del Poder Judicial en España

Bruselas, 30 sep (EFE).- La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los “desafíos” más importantes que señala la Comisión Europea (CE) para España en el primer informe sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete estados miembros.

La renovación del órgano de los jueces es uno de los retos que figura, en el caso de España, en el primer informe que está previsto que publique este miércoles la Comisión sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete miembros, y a cuyo borrador ha tenido acceso EFE.

“El sistema de justicia español se enfrenta a desafíos en cuanto a su eficiencia, con cada vez más largos procedimientos judiciales”, se lee en la primera línea de la auditoría, que destaca a continuación que “la situación del Consejo Judicial es otro desafío, en particular dado que sus nuevos miembros no han sido nombrados todavía”.

La relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado figura también entre las cuestiones a mejorar en España, donde --añade el informe-- “es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia”.

Esta es la primera vez que la Unión Europea (UE) evalúa la calidad del Estado de derecho de sus socios, con Polonia y Hungría en el punto de mira, con el objetivo de detectar cualquier deriva antidemocrática y con la voluntad de tener una periodicidad anual.

El informe sobre España, en el que no se menciona el conflicto catalán, hace observaciones, además de sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, pero no hace una evaluación general del Estado de Derecho en el país.

La evaluación sobre España contiene muchas observaciones de informes anteriores del Consejo de Europa, una organización paneuropea independiente de la UE.

El informe constata que el CGPJ está pendiente de renovación desde hace casi dos años; que su presidente, Carlos Lesmes, cree que esta “anomalía institucional” puede desacreditar al órgano, y que el Consejo de Europa reitera la “importancia” de asegurar que no sea percibido como un órgano “susceptible de politización”.

El Ejecutivo comunitario considera mejorable también el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado en España, y cree que la coincidencia de su mandato con el gobierno de turno puede “afectar a la percepción de independencia”.

Y pide más transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el ministerio de Justicia, aunque la legislación no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.

El informe reconoce que España ha tomado medidas para mejorar su eficiencia judicial, pero constata que “se están incrementando” las demoras en general, aunque son “particularmente largas para casos civiles y comerciales en el Tribunal Supremo”, y apunta como parte del problema los retrasos acumulados en los últimos meses por la declaración del estado de alarma debido al covid-19.

Por contra, el informe destaca que España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción, pero echa en falta una estrategia “general” para combatirla y subraya que la percepción de los ciudadanos sobre su existencia está generalizada y es superior a otros países europeos.

En cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, así como el derecho a la información, el informe destaca que está garantizada en la Constitución, pero subraya que mientras que “los sectores de la televisión y la radio están sujetos a requisitos de transparencia de la propiedad, no es el caso del sector de la prensa escrita”.

El documento registra las “preocupaciones” que suscita la nueva legislación sobre seguridad pública, que “supuestamente restringe la libertad de información y libertad de expresión”.

Y, por último, sobre la transparencia, la auditoría señala que “todas las regiones españolas cuentan ahora con su propio marco legal en esta área” y que el Defensor del Pueblo tiene “amplio mandato, que puede ejercer en defensa de los derechos ciudadanos”.