Consolidación Fiscal: Matando al Enfermo

Artículo en colaboración con Economistas frente a la CrisisEconomistas frente a la Crisis

La reciente publicación de las perspectivas de crecimiento para los Estados Miembros de la UE han puesto de manifiesto una vez más que las medidas de austeridad económica impulsadas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI están matando al enfermo. Cada vez con más frecuencia surge la pregunta sobre si las medidas de consolidación fiscal contribuyen a equilibrar las cuentas públicas o si, por el contrario, sus efectos contractivos en la actividad económica consiguen justamente lo contrario para lo que fueron inicialmente diseñadas.

La realidad es que a pesar las medidas de austeridad fiscal, las perspectivas de otoño de la Comisión reflejan un aumento del ratio de deuda pública sobre el PIB para el conjunto de la zona euro a lo largo de los próximos dos años y una reducción del déficit público de muy escasa magnitud. Para los países bajo asistencia financiera por parte del Fondo de Rescate temporal (EFSF), Grecia, Portugal, Irlanda y España, sometidos a una estricta condicionalidad de su política económica y financiera, los resultados son poco alentadores: la deuda pública continúa aumentando y el déficit público apenas consigue reducirse, lastrado por los retrocesos de la actividad y del empleo que reducen los ingresos fiscales. Cabe destacar la contribución negativa de la demanda doméstica al crecimiento para el conjunto de la zona euro (-1,3% y -0,4% para 2012 y 2013 respectivamente). Es la devaluación interna, que reduce la capacidad adquisitiva de los asalariados y hace inviable casi cualquier proyecto de inversión. Si a esta estrategia, alejada del interés general, le añadimos el proceso de desapalancamiento público y privado en el periodo más bajo del ciclo, el resultado son unas perspectivas muy lúgubres para la economía europea en los próximos años. La evidencia empírica se empeña en refutar la política económica basada en una austeridad excesiva. Las medidas económicas que no se compadecen con el interés general nos llevan a afirmar que su objetivo no es la economía, sino la ideología.

En definitiva, la publicación de las perspectivas de otoño de la Comisión evidencian el fracaso de las políticas de austeridad que tanto daño social están provocando en los países más endeudados. Además, dicha política frena el crecimiento de los países acreedores, que ahora venden menos mercancías a los países periféricos de la Eurozona. Según señaló el Gobernador Draghi, Alemania podría empezar a ser víctima de sus propias recetas. ¿Qué hará el gobierno de la Canciller Merkel cuando las políticas de austeridad recesiva que impone a las economías periféricas terminen por lastrar las exportaciones alemanas y el crecimiento y el empleo en Alemania se resientan?

Un estudio incluido en las “Perspectivas Económicas Mundiales” del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2012, ha puesto de manifiesto lo que la intuición económica conocía ya desde hace tiempo: Insistir en la consolidación fiscal cuando todavía no se ha salido de la recesión agrava el coste del ajuste, retrasa la reducción del déficit y de la deuda y empeora el sentimiento de los mercados. Cualquier plan de consolidación fiscal que se aplique en las condiciones actuales deberá implementarse a lo largo del ciclo, concentrándolo cuando la economía empiece a recuperarse. Justo lo contrario de las políticas del Gobierno español, que concentra más de la mitad del ajuste fiscal, en torno al 6% del PIB, en 2012 coincidiendo en el punto más bajo del ciclo.

El límite marcado por Bruselas para alcanzar el 3% del déficit en 2014 no sólo es inalcanzable, tampoco es deseable. Retrasar este ajuste hasta 2017 o 2018 contribuiría a reducir sus efectos contractivos. Debería ir además acompañado por políticas de impulso fiscal en aquellas economías europeas que mantengan posiciones fiscales saneadas.

En lugar de favorecer el necesario cambio de modelo productivo, el Gobierno apuesta por más ladrillo, con cambios normativos como la Ley de Costas que en el medio y largo plazo contribuirá a la ulterior degradación del litoral, y con incentivos a iniciativas empresariales de escaso valor añadido, como el caso Eurovegas ejemplifica, al tiempo que acomete reformas fiscales en el sector energético que penalizan las energías renovables, uno de los pocos sectores en los que las empresas españolas eran pioneras en el mundo, reforma que además reduce la competitividad de nuestra industria exportadora.

Tampoco ayuda a la recuperación un sistema financiero en plena reforma, en el que los ajustes puestos en marcha en 2012 han limitado la capacidad de aportar financiación crediticia. La política económica seguida, que consagra como irreversible una reducción abrupta del déficit, no sirve para estimular el crecimiento.

Por supuesto que hay espacio para eliminar duplicidades y racionalizar el gasto. ¿Qué economista podría estar a favor del despilfarro? Pero el verdadero derroche proviene de aquellas políticas que imponen recortes indiscriminados en sectores clave para el crecimiento futuro. Las fuertes reducciones de gasto en educación, I+D+i, sanidad, infraestructuras y tecnologías medioambientalmente sostenibles, no sólo detraen el consumo y la inversión con efectos inmediatos sobre el PIB y el empleo, sino que reducen el crecimiento potencial, nos alejan del necesario camino hacia la convergencia con Europa y ponen en riesgo el futuro de las generaciones venideras. La austeridad forzada tiene un nombre, se llama pobreza.

Desde luego que son necesarias profundas reformas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y relancen el crecimiento. Pero éstas no deben confundirse con las que impone la Troika, centradas exclusivamente en una devaluación interna que deprime aun más la demanda interna.

El tiempo se acaba para España, porque insistir en una política que agrava la depresión acabará destruyendo el tejido industrial y la cohesión social, hipotecando por años las posibilidades de recuperación. Y el tiempo se acaba también para Europa, porque aferrarse a políticas que destruyen la solidaridad entre países apunta directamente sobre su base fundacional: el Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo.