Dar más a quien más tiene
El Estado de Bienestar español es muy generoso con los que más tienen cuando éstos recurren a él. Eso decía hace seis meses Pau Marí-Klose comentando un reciente informe de la OCDE y, más concretamente, los datos recogidos en este gráfico. A la misma conclusión se llega cuando se lee el último boletín de ese organismo y se observa este nuevo gráfico, ampliamente comentado en las redes sociales durante la pasada semana.
Porcentaje del total de prestaciones sociales públicas en metálico recibidas por el primer quintil y el último (2011)
En este caso lo que se observa es que el 20% de los hogares con más renta recibe en España el 25% del dinero destinado a prestaciones económicas, mientras que el 20% más pobre apenas recibe el 10%. Los datos no cambian si en lugar de tener en cuenta el conjunto de las prestaciones se tienen en cuenta las orientadas a personas en edad laboral. No se trata en cualquier caso de que el 20% más rico lo acapare todo. El tercer quintil –el situado en la mitad de la escala− también recibe un porcentaje de las prestaciones más elevado que el que le corresponde por su peso demográfico o del que este grupo recibe, por término medio, en los países de la UE15. El sistema de protección español tiene pues problemas de progresividad, y no sólo, o no tanto, de tamaño.
La propia OCDE explica las razones de que el Estado de Bienestar español sea tan poco redistributivo: las prestaciones económicas están muy ligadas al historial contributivo de los trabajadores, y al nivel salarial alcanzado durante su trayectoria laboral. Como señala Luis Sanzo, el modelo de protección social español se ha orientado fundamentalmente a aquella parte de la población más estructuralmente vinculada al sistema productivo (haciendo cierto aquello de que al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado).
También se ha hablado de la menor intensidad protectora de las prestaciones asistenciales, frente a las contributivas, y de que en muchos casos estas prestaciones llegan a hogares con otras fuentes de ingresos. Junto a estas razones, no debería olvidarse la práctica ausencia en España de prestaciones por hijo a cargo, rentas mínimas de inserción y ayudas a la vivienda que –al margen de que estén sometidas al nivel de ingresos− no exigen un paso previo por el mercado de trabajo.
No sólo el sistema de prestaciones es regresivo en España, en cualquier caso. Un reciente artículo de varios investigadores ligados a la OCDE analiza la capacidad de reducción de la desigualdad del sistema fiscal y pone de manifiesto, por una parte, que los hogares españoles se cuentan entre los que destinan un menor porcentaje de su renta al pago de impuestos directos y cotizaciones sociales (el 16% de media, frente al 35%, por ejemplo, en Alemania). Y, por otra, que España está entre los países que obtienen del 20% más pobre un mayor porcentaje de esa recaudación (el 4,8%, frente al 2,6% en Alemania). Cuando se combina escasa progresividad y baja presión fiscal general con un nivel de concentración tan alto de las prestaciones económicas en las clases medias y altas, lo que se obtiene es uno de los menores porcentajes de reducción de la desigualdad de toda Europa.
