Pese a que resulta relativamente obvio, es sorprendente el poco hincapié que se hace en el debate público español en este hecho: el paro no solo implica un malgasto enorme de recursos, desigualdad a raudales, estancamiento y declive de miles de hogares. El paro también ayuda a crear y mantener la precariedad. Que en España es probablemente el rasgo más distintivo de nuestro mercado laboral, junto a la propia tasa de desempleo. Un cuarto de nuestros trabajadores tienen un contrato temporal porcentaje que se plantó por encima del 33% en los años noventa. Nueve de cada diez nuevos contratos firmados cada mes en España son temporales, de hecho. Esta cifra es una de las constantes más asombrosamente estables de todo el panorama español, ya que lleva décadas manteniéndose. Sin embargo, España no es el único país, ni mucho menos, en que la mayoría de nuevas contrataciones se hacen por esta vía.
Si tenemos la misma proporción de entrantes con contratos temporales que otros países donde la tasa de temporalidad es mucho más baja, lo lógico es pensar que nuestro ratio de conversión de temporal a indefinido es considerablemente más bajo, y que utilizamos estos tipos de contratos más alegremente en el medio y largo plazo. Una razón poderosa y citada a menudo es nuestro marco regulatorio, que favorece la segmentación del mercado laboral entre estables y precarios. Sin embargo, este no es el único factor (no puede serlo, porque de lo contrario o la tasa de conversión o la tasa de entrantes temporales habría variado con las reformas). El altísimo nivel de desempleo juega un papel muy importante. Por múltiples razones.
Reduce el poder de negociación de los trabajadores más vulnerables. El paro como 'instrumento disciplinario' es una idea que lleva rondando la economía laboral desde hace treinta años más o menos, cuando Stiglitz y Saphiro propusieron que tal vez a los empresarios les conviene un cierto nivel de desempleo porque así la amenaza del despido es más creíble, y también más temida para quien después debe buscarse la vida. Ahora imaginemos lo que pasa con un nivel de desempleo salvaje como el que sufre la economía española. La capacidad de negociar salarios y condiciones laborales en general por parte de los trabajadores se ve seriamente disminuida. Mucho más en el caso de los temporales, quienes se saben más expuestos al riesgo de despido.
Hace que cunda el pánico entre los trabajadores en riesgo. En una economía como la española que, ante las bajadas de demanda, realiza el ajuste a través del despido en lugar de otras vías, los trabajadores recién contratados o en posiciones vulnerables se saben en riesgo inmediato cada vez que una crisis se cierne sobre la empresa, el sector o todo el país. Y los hechos suelen darles la razón. Por ejemplo, entre 2008 y 2013, los trabajadores temporales cuadruplicaron el nivel de destrucción de puestos de trabajo de los fijos. Si además de temporales eran jóvenes, la proporción fue de seis a uno.
Interactúa con el marco regulatorio fomentando la contratación temporal. La combinación de alto desempleo y segmentación laboral no solo favorece el despido de trabajadores precarios, sino también su contratación. En sus artículos de 2005 y 2006 el sociólogo Javier Polavieja explicó cómo: dada la incertidumbre generada por el alto desempleo, los trabajadores temporales tendrán una motivación extra para intentar conseguir un contrato permanente de sus empleadores. Así, estos pueden (sobre)emplear contratos temporales y usar la promesa de un contrato permanente como incentivo al esfuerzo.
Genera más incentivos para que los trabajadores fijos mantengan su protección. El economista Saint-Paul se planteó a mediados de los noventa por qué, si el paro era un problema tan persistente, los gobiernos europeos no hacían nada por intentar solucionarlo. Llegó a la conclusión de que era porque cualquier reforma iba a tener un efecto nada deseable para los trabajadores estables en el corto plazo. Iba a repartir de manera más equitativa la probabilidad de caer en el desempleo. Por ello, estos trabajadores preferirían (lógicamente) seguir en una situación como la del segundo punto, en la cual ellos lo tienen más fácil para mantener su puesto de trabajo.
Hace mucho más difícil construir un Estado de Bienestar funcional. Un desempleo elevado implica una red de seguridad parcheada. Construir un sistema de bienestar de tipo escandinavo para un país con un paro del 25% en las crisis implica un gasto que pocos políticos están dispuestos a proponer a una población ya de por sí muy castigada. Esta situación se agrava con la segmentación regulatoria. Si en dicho país una parte de los trabajadores están muy protegidos por la regulación contra el despido (cuyo coste impositivo para estos mismos trabajadores es lógicamente menor que el de una red de seguridad pagada por todos), y el riesgo de caer y quedarte atrapado en el desempleo es alto, resulta normal que dichos trabajadores prefieran seguir teniendo un muro de contención legal antes que uno impositivo, como sugiere David Rueda en su artículo más reciente. De hecho, resulta normal también que los desempleados y los trabajadores precarios aspiren a ese nivel y esa forma de protección.
Castiga particularmente a los colectivos más vulnerables. Mantener un sistema de flexibilidad segmentada con un desempleo muy volátil, elevado durante las crisis, penaliza a aquellas personas para quienes es más difícil encontrar un trabajo estable por causas exógenas al mercado de trabajo. Mujeres, migrantes, jóvenes con poca formación se pueden quedar atrapados en un círculo vicioso de temporalidad y desempleo. Pero no solo estos colectivos se enfrentan a un mundo más desagradable al combinar alto desempleo y segmentación: aquellos individuos en una situación de paro de larga duración tendrán que vérselas con un pozo sin fondo de competidores por los puestos de trabajo que se acaban pronto.
En conclusión, la segmentación del mercado laboral es un regalo envenenado en un contexto de desempleo elevado. Atrapa a las formaciones de izquierdas (sindicatos y partidos) entre el dilema de proteger a quienes ya tienen empleo a costa de erosionar de manera lenta pero constante su base de apoyos. Los precarios acabarán por no confiar en las opciones clásicas y se lanzarán a otras aventuras, sean éstas de cariz liberal o, más probablemente, de izquierda proteccionista. La dificultad radica, por tanto, en que es necesario acabar con el paro y con la precariedad al mismo tiempo. La combinación de reforma estructural y estímulo que requiere tal objetivo es tan difícil políticamente como necesaria su puesta en marcha. Sobre todo para los partidos socialdemócratas. Porque, sin ella, la coalición que les ha soportado electoralmente durante décadas se resquebraja cada día más.