Son ya quince los años que Estíbaliz González de Herrero ha dedicado a cuidar ancianos y personas dependientes para las subcontratas del SAD, Servicio de Asistencia Domiciliaria, que trabajan para la Diputación Foral de Álava. Durante este tiempo esta auxiliar de enfermería se ha entregado a una lucha paralela por dignificar este sector que nunca hasta ahora había visto “tan debilitado”. Considera que la institución foral fomenta el trabajo sumergido en la asistencia domiciliaria y la destrucción de empleo – 400 trabajadoras menos en cuatro años- al reducir, año tras año, las horas del servicio aludiendo a un descenso de los solicitantes. Ahora ese trabajo lo realiza personal no cualificado, que ejerce “sin contrato, sin seguro y con salarios ridículos”.
La peor parte, asegura esta cuidadora, se la llevan las personas dependientes que, en muchos casos, reciben apoyo asistencial pero no en las condiciones requeridas. Y otros beneficiarios pierden la ayuda “porque la revisión de las valoraciones ahora se efectúa a la baja”.
Por ello, Estíbaliz González de Herrero reclama a la institución alavesa que se implique, refuerce el servicio y regule mejoras, “como han hecho en Bizkaia y Gipuzkoa para paliar los recortes del Gobierno en materia de dependencia”.
Pregunta. Marta Alaña, la diputada foral de Servicios Sociales asegura que la demanda de la atención domiciliaria ha bajado. ¿Está de acuerdo?
Respuesta. Sí, pero porque ellos lo han provocado al ser más exigentes en la baremación y dejar usuarios fuera del servicio. El centro foral de valoraciones, al revisar los expedientes de los demandantes, los evalúa a la baja. Para acceder a las ayudas tanto económicas, como asistenciales, los solicitantes tienen que obtener un mínimo de 40 puntos. Muchas personas que antes alcanzaban esa puntuación, ahora, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia, no llegan a esos mínimos requeridos aunque ni su situación familiar ni sus informes médicos sobre su grado de autonomía hayan variado.
P. ¿Considera que esas personas que no atiende el sistema necesitan ayuda domiciliaria?
R. Sí, porque realmente sí son dependientes. No están impedidos, no están en una silla de ruedas pero sufren un deterioro físico importante que les dificulta mucho su día a día. No son capaces de calzarse, caminan y se mueve torpemente tanto en su casa como en sus salidas a la calle. Precisamente estas personas son las que más accidentes y caídas sufren y están desamparados. Yo suelo decir que están en el limbo. Necesitan ayuda, la quieren y ahora no tiene derecho de acceder al servicio.
P. ¿Qué puede hacer la institución foral?
R. Puede establecer pequeñas mejoras para recuperar los servicios asistenciales y así paliar los recortes establecidos por la Ley de Dependencia. Por ejemplo, aumentar las horas de cada cuidadora porque además, disponen de presupuesto para hacerlo. Para el ejercicio del 2012 tenían 21 millones presupuestados y gastaron 18. ¿Se ahorran 3 millones a costa de qué, de bajar las horas y empeorar el servicio? Lo que están consiguiendo es hundir la atención domiciliaria y no sabemos en qué están empleando ese dinero que se ahorran. ¿Qué es lo que quieren? Aseguran que mantener al usuario en sus casa, en su ámbito familiar pero con qué calidad de vida, me pregunto.
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P. ¿Tanto ha empeorado el Servicio de Atención Domiciliaria?
R. En Álava las personas con máxima puntuación, los grandes dependientes, recibían hasta un máximo 27 horas de atención domiciliaria a la semana. Después se bajó a 21 y ahora, los que están más impedidos, reciben un máximo de 15 horas semanales desde que la Diputación decidió ajustarse a esa ley. La atención domiciliaria se reduce en tiempo y en consecuencia, en calidad.
P. Estas personas a las que ahora no les corresponde la ayuda institucional, ¿a quién recurren?
R. Los cuidados que antes les prestábamos los servicios de atención domiciliaria los buscan ahora en la calle. Les atienden, en muchos casos, inmigrantes sin ningún tipo de preparación, que apenas hablan el idioma del usuario y que trabajan por horas, sin contrato, sin seguro y recibiendo un salario ridículo. La propia Diputación está fomentando el trabajo sumergido en el sector al reducir el número de horas de asistencia domiciliaria que ofrecía la institución.
Lo mismo ocurre cuando, los demandantes rechazan los cuidados asistenciales a domicilio porque prefieren recibir una prestación económica. ¿A dónde van esos 300 ó 400 euros que les dan? Hay un mal uso del dinero público. La institución no ejerce ningún tipo de control, no sabe a dónde va a parar ese dinero, que en la mayoría de los casos no se destina a un cuidador para la persona necesitada, para ofrecerle una mejor calidad de vida, sino que se usa como una fuente de ingresos familiar. Así pierde el sector porque se destruye empleo y pierde el usuario.
P. ¿Hay muchas diferencias entre el trabajo que realizan esas personas, en principio, sin cualificación profesional y el servicio que ustedes ofrecen?
R. Sí y se lo explico. No realizan un seguimiento de los usuarios. Nosotras registramos en un informe, que debemos presentar periódicamente, cómo evoluciona el beneficiario, si avanzan o empeoran, si requieren más atenciones. Llevamos un control de cada caso. Además estas personas, como he dicho, en la mayoría de los casos, no son profesionales. No tienen ningún tipo de formación ni hay nadie que se la exija. A las trabajadoras de las empresas adjudicatarias del Servicio de Atención Domiciliaria que no tengan titulación les exigen sacar la Certificación. Debemos realizar diversos cursos para actualizar nuestros conocimientos sobre el sector asistencial. Yo, por ejemplo, soy auxiliar de enfermería. Llevo 15 años trabajando en la asistencia a domicilio y recientemente he hecho un curso de reciclaje de primeros auxilios.