El grupo socialista del Ayuntamiento de Vitoria ha revelado que Alfonso Alonso, actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, adjudicó en abril de 2005 -durante su mandato como alcalde de la capital alavesa, un contrato a una empresa imputada en el caso Gürtel. La empresa adjudicataria SUFI S.A., propiedad de Rafael Naranjo u Gonzalo Naranjo, ambos imputados en la trama Gürtel, fue la encargada tras concurrir y ganar un concurso público, de la contrucción y explotación de la planta de tratamiento de residuos de Gardelegi. El plazo de dicha concesión era de quince años.SUFI fue absorbida meses después por la firma Sacyr Valleremoso.
Según recogen la diligencias del procedimiento penal del caso, la sociedad Sacyr Valleremoso, antigua SUFI, pagó a otra firma, NIGE -empresa testaferro que aparece en la contabilidad B incautada a Francisco Correa- la cantidad de 330.600 euros por un asesoramiento y este servicio no aparece acreditado documentalmente según indica el sumario de la investigación al que hacen referencia los concejales socialistas. “No se ha encontrado ninguna documentación o prueba que justifique algún servicio prestado por la empresa NIGE en relación con la adjudicación del contrato de Vitoria, por cierto, modus operandi habitual de la trama Gürtel”, explicaba la concejala socialista Maite Berrocal.
Dos años más tarde Alfonso Alonso autorizó el incremento de las tarifas de la planta de basuras poco antes de las elecciones del 2007 y el expediente de esa operación, solicitado por el grupo socialista al Ayuntamiento de Vitoria, no aparece.
Esta sucesión de acontecimientos y movimientos relacionados con empresas imputadas en la trama Gürtel ha levantado las sospechas del grupo municipal socialista. “Parece lógico ante todo esto que surja la duda de si en Vitoria se han hecho las cosas bien o si hemos sido el escenario de supuetas corruptelas del PP”, declaraba Berrocal.
El PSE ha solicitado la comparecencia del Concejal de Hacienda para que ofrezca las explicaciones pertinentes al respecto. “El expediente tiene que aparecer, no puede ser que no aparezca el expediente porque de esta manera dan la impresión de que el PP tiene algo que ocultar. No entenddemos como la solicitud de información en un tema tan importante y tan serio como este no provoca que el PP reaccione de inmediato y ponga sobre la mesa la documentación que falta”, concluía.
Por su parte, el Gobierno del Javier Maroto justifica la demora en la entrega del expediente debido a que afecta a dos departamentos municipales y se solicitó el 2 de agosto cuando el técnico responsable del mismo estaba de vacaciones. En cualquier caso, aseguran desde el gabinete de Gobierno, se les va a remitir en breve.
Las mismas fuentes explican a través de una nota de prensa que el aumento de tarifas del año 2007 responde a una solicitud de los servicios técnicos de medio ambiente. “El citado contrato establece las tarifas aplicables para el año posterior a su adjudicación, si bien el retraso derivado del estudio requerido por la CAPV para la obtención de licencia, el sobrecoste en la inversión acreditado en la documentación obrante en el expediente y el importe real de la tasa vigente para el vertido del rechazo no peligroso, constituyen circunstancias especiales que justifican y hacen procedente la adaptación de los importes de las tarifas para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato al tiempo del inicio de la explotación”, señala literalmente el informe de los técnicos.