La discapacidad intelectual exige dignidad

Según los datos oficiales más recientes, a finales de 2015 había en España 268.633 personas con una discapacidad intelectual reconocida (con grado igual o superior al 33%). Esto supone el 9% de todo tipo de discapacidades. No es una cifra ni mucho menos menor.

Para este colectivo de personas el empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Según estimaciones de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), que agrupa a los centros especiales de empleo y al conjunto de iniciativas que trabajan para el empleo de las personas con discapacidad intelectual, más del 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo. Si alrededor de 50.000 personas son susceptibles de ser empleadas, 10.000 de ellas ya trabajan en centros especiales de empleo, otras 5.000 han accedido al empleo ordinario, y las restantes 35.000 se encuentran sin trabajo. En el caso de las personas con más necesidades de apoyo, la situación es todavía más negativa.

Y detrás de los números hay historias personales y familiares, todas y cada una de ellas particular y especial, que reclaman nuevos enfoques y políticas sociales más eficaces. Las tendencias en la transformación de nuestro Estado de Bienestar apuntan, claramente, en esa dirección.

Ante los números y las cajas en que las agrupamos de manera fría a las personas, y en función de ellas articulamos los servicios sociales y de empleo del Estado de Bienestar, y que demasiado a menudo despersonalizan la atención y el cuidado de las personas con una gestión burocrática casi industrial, hay que reclamar un modelo de atención social humano, personalizado y cálido, centrado en las necesidades de cada una de las personas atendidas, reforzando los vínculos con la comunidad.

No es un reto menor, ni mucho menos, que necesita de políticas concretas. Esa es, por ejemplo, la apuesta que hemos formulado desde Dincat, plataforma que agrupa a las entidades de la discapacidad intelectual catalanas, con la elaboración, junto con el IESE, del Libro blanco para la formación, ocupación y empleo de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Crítica a la Administración

El libro parte de la apuesta desarrollada en Catalunya en los últimos 30 años en favor de la generación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad intelectual a través de un modelo de empleo protegido promovido y gestionado por la red de entidades sociales sin ánimo de lucro, arraigadas en el país, promovidas por familiares y profesionales del sector. La apuesta por el empleo partió de la convicción de que un trabajo garantiza, a través del salario, la vida independiente, genera autoestima, implica reconocimiento y facilita la participación en la comunidad. Ahora bien, el empleo para personas con especiales dificultades reclama apoyos intensos y personalizados, que no se han articulado de manera suficiente desde las distintas Administraciones.

Ese modelo necesita hoy una puesta al día muy seria ya que debe hacerse frente a nuevos y viejos retos como son: la mejora de la formación y la empleabilidad de los trabajadores como garantía de inserción e integración en el mercado de trabajo; el envejecimiento prematuro y el deterioro de las condiciones de muchos trabajadores con discapacidad todavía hoy empleados que necesitan acceder a una jubilación anticipada con dignidad; la necesidad de flexibilizar la normativa que regula las modalidades de empleo existentes para adaptarse a las necesidades de apoyo de las personas de manera individualizada; la convicción de que sin fuertes apoyos por la vía del incremento de las ayudas a la creación y el mantenimiento del empleo, los puestos de trabajo de miles de personas con discapacidad intelectual está en riesgo; la compatibilidad entre los sistemas de garantías de ingresos mínimos, y el empleo con la aspiración de garantizar una vida digna. Es una agenda de cambios imprescindibles.

Ojalá la estabilidad política se recupere y seamos capaces de abordar las demandas de dignidad, vida independiente y reconocimiento que la discapacidad intelectual reclama y exige.

[Este artículo ha sido publicado en el número 74 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Según los datos oficiales más recientes, a finales de 2015 había en España 268.633 personas con una discapacidad intelectual reconocida (con grado igual o superior al 33%). Esto supone el 9% de todo tipo de discapacidades. No es una cifra ni mucho menos menor.

Para este colectivo de personas el empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Según estimaciones de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), que agrupa a los centros especiales de empleo y al conjunto de iniciativas que trabajan para el empleo de las personas con discapacidad intelectual, más del 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo. Si alrededor de 50.000 personas son susceptibles de ser empleadas, 10.000 de ellas ya trabajan en centros especiales de empleo, otras 5.000 han accedido al empleo ordinario, y las restantes 35.000 se encuentran sin trabajo. En el caso de las personas con más necesidades de apoyo, la situación es todavía más negativa.