Sin ‘tax rulings’ no hay burbuja

Los famosos tax rulings, esa especie de manual de instrucciones para multinacionales que persiguen pagar los menores impuestos posibles en un país, con asesoramiento de las mejores firmas de servicios profesionales y con el acuerdo y bendición de gobiernos de países ansiosos de inversión, son documentos verdaderamente curiosos. Quienes rebuscan en el caso LuxLeaks subrayan el nivel de detalle y complejidad de las operaciones mercantiles que plasman los documentos reveladores de dichos acuerdos --en este caso, pactados con Luxemburgo--, así como el tratamiento fiscal que las empresas recibirán a cambio. Y concluyen que, primero, la empresa ata la fiscalidad y después, desembarca con una inversión a partir de estimaciones sobre escenarios futuros que acaban siendo un fiasco. De hecho, las dos últimas burbujas vividas (y sufridas) en España el enladrillamiento masivo del país y la desordenada apuesta por la energía solar, difícilmente podrían explicarse sin tax rulings.

Hemos visto sólo la punta del iceberg, a partir de los trabajos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): una colección de un millar de documentos que implican a 376 empresas con pactos alcanzados con el hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando pilotaba el Gran Ducado, con el inestimable asesoramiento de una cantera de altos cuadros que pilotan la política económica española, PwC. De las 376 compañías que aparecen en los documentos, 29 operaciones afectan a España.

“Estos documentos, que justificaban las operaciones mercantiles que se realizaban para cumplir con requisitos legales, o como parte de una reestructuración societaria, pero no con argumentos fiscales, se usaron para alimentar inversiones que a su vez engordaron burbujas que no han ayudado precisamente a la sociedad”, señala Juanjo Cordero, socio director de Sustentia. Esta firma de innovación social, centrada en promover el cambio hacia empresas más transparentes, éticas y sostenibles, ultima una investigación sobre cómo afectan los tax ruling a España. La investigación se realiza en colaboración con Oxfam y Gestha, por encargo del eurodiputado Ernest Urtasun (ICV, integrado en el grupo de los Verdes de la Eurocámara).

Inversiones como las realizadas por Hines (centros comerciales), Doughty Hanson Real Estate (Aranco-Sareb), el fondo de Abu Dhabi Investment Authority (Playa Hotels &Resolrts SL) o Tiger Partners (Miura-Praedium Desarrollos Urbanos SL) son algunos de los actores protagonistas por operaciones realizadas con un fuerte apalancamiento –es decir, con poquito capital y mucha deuda- y con proyecciones de revalorización y beneficios que nunca se cumplieron, a resultas del pinchazo del ladrillo.

Por otra parte, la facilidad para recuperar las ganancias de capital invertido atrajo a sociedades como Solarig IPP, ligada al HSBC o Foresight, a través de Acacia Instalaciones Fotovoltaicas. El frenazo a las renovables, que captaron un alud de inversión financiera extranjera por la atractiva remuneración para acompañar la consolidación de las energías limpias en España, que no se financiaba vía presupuestos sino con cargo a la factura de la luz, también dejó en papel mojado los escenarios de los rulings. El parón retroactivo ha desencadenado diversas batallas judiciales a escala internacional contra España por inseguridad jurídica.

La reestructuración y deslocalización de negocios ha sido otro de los objetivos que han podido realizar las multinacionales en España a partir del citado manual. Cordero apunta como ejemplos los casos de McGraw Hill, Oaktree (dueño de Panrico antes de que Bimbo la comprara) o Buberry. El esquema de fuerte endeudamiento y descapitalización de sociedades como paso previo a su venta o liquidación es una constante que se desprende de los rulings, que apuntalan algunas de las técnicas de elusión fiscal (legal y, como hemos visto, con beneplácito de gobiernos) ya conocidas. Puede ser el pago de dividendos a través de Luxemburgo pero cuyo destino final sea otro país, que las filiales se endeuden en el país de los bancos y las gasolineras, que ofrece, además, exención del 80% por royalties, patentes e intangibles, y la conocida prestación de servicios entre empresas de un mismo grupo.

A falta de las conclusiones finales, del buceo en los documentos afloran, según los autores de la investigación, afloran casos llamativos como el de Burberry Spain Holdings, que en el ejercicio fiscal concluido en marzo de 2008obtuvo un resultado de 111 millones y pagó dividendos por 127 millones, registró pagos de préstamos a otras empresas del grupo por un importe de 665 millones. Dos años después, la empresa elimina a casi 600 empleos tras cerrar instalaciones de diseño y producción.

Es uno de los casos de la investigación que Sustentia, Oxfam y Gestha presentaron hace unas semanas ante el Comité técnico del Parlamento Europeo que, a falta de voluntad política para abrir una comisión de investigación sobre la ingeniería fiscal que Luxemburgo autorizó a multinacionales para reducir al máximo el pago de impuestos, aceptó finalmente por presión de los Verdes. Un comité temporal –sus trabajos, con difícil acceso a la información, se alargarán hasta el mes de noviembre-- ante el que el gobierno español ha defendido los pasos que se están dando a instancias de la OCDE y de la Comisión Europea. “Hace cinco años habría sido imposible pensar en intercambios automáticos de información [entre países sobre empresas, y también entre particulares, que en la UE están en el horizonte, por fases, de los dos-tres próximos años si sale adelante la propuesta de Bruselas]. Hay que reconocer todo lo que se ha hecho”, consejera coordinadora de los temas fiscales en la representación permanente de España ante la UE.

La Comisión Europea ha dado un paso contra la ingeniería fiscal, con la propuesta de una base imponible común. Bruselas no plantea un tipo mínimo común para el Impuesto de Sociedades. Organizaciones como ATTAC, European Network on Debt and Developement (Eurodad) dada y ONG como Oxfam, que batallan contra la elusión fiscal, critican lo que consideran “falta de ambición” y “falta de determinación” para realizar progresos reales. En los próximos meses se verá la concreción de las propuestas, tanto de Bruselas como de la OCDE.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Los famosos tax rulings, esa especie de manual de instrucciones para multinacionales que persiguen pagar los menores impuestos posibles en un país, con asesoramiento de las mejores firmas de servicios profesionales y con el acuerdo y bendición de gobiernos de países ansiosos de inversión, son documentos verdaderamente curiosos. Quienes rebuscan en el caso LuxLeaks subrayan el nivel de detalle y complejidad de las operaciones mercantiles que plasman los documentos reveladores de dichos acuerdos --en este caso, pactados con Luxemburgo--, así como el tratamiento fiscal que las empresas recibirán a cambio. Y concluyen que, primero, la empresa ata la fiscalidad y después, desembarca con una inversión a partir de estimaciones sobre escenarios futuros que acaban siendo un fiasco. De hecho, las dos últimas burbujas vividas (y sufridas) en España el enladrillamiento masivo del país y la desordenada apuesta por la energía solar, difícilmente podrían explicarse sin tax rulings.

Hemos visto sólo la punta del iceberg, a partir de los trabajos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): una colección de un millar de documentos que implican a 376 empresas con pactos alcanzados con el hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando pilotaba el Gran Ducado, con el inestimable asesoramiento de una cantera de altos cuadros que pilotan la política económica española, PwC. De las 376 compañías que aparecen en los documentos, 29 operaciones afectan a España.